ROSARIO.-De 400 comedores comunitarios que se auditaron en Santa Fe –de un total de 900– en 160 se encontraron irregularidades, una situación que derivó en que la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, presentara una denuncia judicial para que se investigue el destino de los fondos que deberían haber llegado a los que necesitaban de la asistencia. El gobierno de Santa Fe inició desde enero un relevamiento sobre el reparto de la ayuda social a comedores ante la sospecha de que existían desmanejos de la anterior gestión de Omar Perotti en el reparto de los fondos y de la asistencia.

Con estas medidas el gobierno del radical Maximiliano Pullaro se puso en sintonía con la gestión de Javier Milei, que también denunció en mayo pasado supuestas irregularidades en el manejo de los comedores comunitarios, algo que derivó en la reciente crisis en el Ministerio de Capital Humano, luego de las denuncias cruzadas que recibió por no entregar alimentos que tenía acopiados en Buenos Aires y Tucumán. Según el relevamiento que realizó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) entre el 7 de febrero y el 26 de abril, 1247 (52,3%), de un total de 2646 establecimientos, no pudieron validarse como comedores o merenderos.

En el caso de Santa Fe, el relevamiento que realizó el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano detectó irregularidades en 160 de las 400 instituciones auditadas, entre las que se encuentran comedores y merenderos. El monitoreo aún no se completó porque existen un total de 900 establecimiento en la provincia.

Se trata de dinero asignado a comedores que no existen y titulares de tarjetas alimentarias a las que se asignaban fondos públicos, pero las personas desconocían la existencia de estas credenciales. La sospecha es que parte de estos fondos eran manejados por organizaciones políticas y sociales. Por ahora, el gobierno de Pullaro evitó dar el detalle –ante una consulta de LA NACION– de quiénes serían los que cometieron estas irregularidades.

La primera denuncia la presentó Tejeda el 21 de febrero pasado, en la que se advierte a supuestas “irregularidades advertidas desde las dependencias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en el marco del procedimiento de control del esquema de distribución de fondos que tienen por destino la ayuda social de carácter alimentario”.

En el documento, al que accedió LA NACION, la denuncia señala que “se ha procedido a relevar los domicilios denunciados por los responsables de la recepción de fondos como lugar de asiento de las actividades de asistencia social sin que se haya podido verificar la existencia de actividad vinculada a la entrega de víveres”.

Otro tipo de irregularidad detectada es a través del cobro de dinero por la tarjeta alimentaria. “Se han recabado declaraciones de responsables de tarjetas institucionales (por las que se canalizan fondos para la compra de alimentos) que manifiestan no haber realizado gestión alguna para acceder a tal programa de asistencia social”, advirtió en la denuncia presentada en la fiscalía de Santa Fe.

El 11 de abril el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano realizó una ampliación de la primera denuncia. Allí constan los testimonios de dos presuntas víctimas que dicen “haber sido afectadas por irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex Ministerio de Desarrollo Social”.

En una tercera denuncia, la cartera a cargo de Tejeda incluyó irregularidades detectadas en una entidad con sede en San Lorenzo, que se llama “Protegiendo Sueños”.

“No podemos brindar detalles porque la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto a una servicio alimentario que no brindaban”, revelaron.

Desde ese organismo provincial también precisaron que la provincia destina en seguridad alimentaria más de 2.000 millones entre las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut para los sectores más carenciados de la población.

El secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile, señaló: “Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado”.

“Tenemos un dato preocupante: de 400 establecimientos ya suspendimos a 160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones”, apuntó el funcionario.

Basile aclaró que en el caso de desprolijidades, la provincia no va a cortar la asistencia. Por eso convocaron a los titulares de aquellos lugares para regularizar la situación. “Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor”, explicó.