La Cámara de Diputados comenzará a evaluar mañana, en un plenario de comisiones, el proyecto del Gobierno que propone la simplificación de trámites para “regularizar la tenencia de armas en la Argentina”. Y organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Red Argentina para el Desarme (RAD) se anticiparon y enviaron a los legisladores un documento con observaciones y recomendaciones: consideran que, en su actual redacción, la iniciativa podría “profundizar el descontrol” que llevó a que, como reveló LA NACION en enero pasado, más de 800.000 usuarios de armas previamente registrados fueran dados de baja e inhabilitados preventivamente porque tenían sus permisos vencidos.

La RAD solicitó al Congreso aprobar por separado, “en forma urgente e inmediata”, la prórroga por cuatro años del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (Pevaf) –que rigió hasta diciembre y perdió vigencia por falta de tratamiento parlamentario– y revisar el proyecto de ley de regularización. El Ministerio de Seguridad de la Nación propone otorgar un plazo de un año, prorrogable por igual término, para que quien tenga un arma de forma no autorizada (porque su licencia está vencida o porque no la había registrado previamente) pueda regularizar su situación, totalmente eximido de reproches legales por la tenencia ilegal previa, y que quien no esté en condiciones de hacerlo, porque no cumple con los requisitos exigibles por la ley vigente, deberá transferir las armas a otras personas autorizadas o entregarlas en el marco del plan de desarme voluntario.

Entre otros aspectos, la RAD resalta que “la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal” es el origen del problema. Pero advierte que “la ‘regularización’, lejos de ser una solución, puede profundizar el problema si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación”.

En tal sentido, señalan que, tal como propone el proyecto del Poder Ejecutivo, quienes hoy poseen sus armas de forma ilegal o irregular tendrán 360 días para conservar en esas condiciones las armas de fuego en su poder antes de presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) para solicitar una autorización.

“La ‘opción’ entre la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria para destrucción es falaz y peligrosa. Según su ley orgánica, la ANMaC tiene dentro de sus objetivos ‘reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada’. Esta decisión responde a un consenso sobre el riesgo que implican las armas de fuego, sean o no legales”, postularon los integrantes de la RAD, al tiempo que resaltaron que “múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios”.

En tanto, y mientras solicitaron a los diputados que convoquen a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática del control de la proliferación de armas a una “reunión informativa”, señalaron los siguientes problemas específicos del proyecto de regularización presentado por el Gobierno:

Equipara la regularización y la entrega del arma, en vez de establecer que quienes soliciten la regularización sean obligatoriamente informados sobre la posibilidad del desarme.Puede llevar al colapso del sistema y una legalización masiva “de hecho” de solicitudes que nunca lleguen a ser revisadas. La falta de límites y restricciones hace que millones de armas puedan ser objeto de regularización, sin que la ANMaC cuente con capacidad de procesar esas solicitudes. La ley incluso habilitaría a empresas de seguridad o armerías.No se solicita información sobre el origen del arma, perdiendo la oportunidad de generar información criminal sorbe el mercado ilegal de armas de fuego.En caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma.El plazo es innecesariamente extenso: Los 2 años que prevé el proyecto para que las personas puedan solicitar la regularización facilita la generación de un mercado ilegal, que permita que fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador podrá legalizarla a través de la regularización.No se establecen medidas para prevenir las violencias de género con armas de fuego: Pese a que 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego, el proyecto desaprovecha la oportunidad de establecer medidas para la prevención de esas violencias. La ANMaC suspendió recientemente una de esas medidas, y los controles vigentes no son capaces de restringir el acceso a personas sospechadas de haber ejercido violencia de género.No se fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas: El Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas.