Hace unos días nos vimos sorprendidos por el anuncio del ministro Caputo con relación a la reducción de los impuestos internos sobre los autos de lujo, lo cual sin duda festejamos dado que producirá una reducción del precio y esto implicará la posibilidad de que más personas accedan a vehículos con una tecnología más moderna, lo cual implica mejoras en confort, pero fundamentalmente en seguridad y cuidado para el medio ambiente.

El problema desde siempre es la carga tributaria sobre los autos, el IVA, los impuestos internos, ingresos brutos, sellos para registrarlos, etc. Este problema, se puede visualizar bien cuando se hacen las cuentas y se llega a la conclusión de que para comprar un automóvil uno tiene que comprarle otro al fisco. Esto no solo es un absoluto despropósito, sino que este componente tributario a su vez dispara otros costos asociados.

El incremento de valor que paga el comprador de un auto generado por los impuestos termina implicando un mayor costo de impuesto a las patentes provinciales, de Bienes Personales, como así también del seguro, es decir el impuesto se vuelve base imponible de otros impuestos y otros gastos asociados a la posesión de un vehículo.

Sin duda que reduciendo la carga tributaria a los vehículos estamos eliminado ineficiencias en la economía, viabilizando el acceso a medios de transporte más modernos, reduciendo accidentes en las rutas, modernizando el parque automotor, y dinamizando la economía, efectos virtuosos todos.

Cuando revisamos las medidas que pudieren tomarse a efectos de reducir la carga tributaria en la compra de automotores, sin mayor análisis nos viene a la mente la ley 24.475 de marzo de 1995, la cual estableció una limitación para tomar el crédito fiscal de IVA contenido en los autos. En aquel entonces se consideró que los empresarios se abusaron del cómputo del crédito fiscal en la compra de los mencionados bienes, poniendo a nombre de la compañía autos de familiares.

La mencionada norma establecía una limitación que indicaba que solo se podía tomar el IVA contenido en las compras hasta una base imponible de $20.000, es decir un máximo de $4200 por vehículo (esta limitación solo se aplica a automóviles, no a utilitarios). En su momento esto significaba US$4200, hoy dicha limitación que continúa existiendo se ha reducido a US$4,20, lo cual habla a las claras de cómo se utilizó la inflación para avanzar de modo abusivo sobre las finanzas del contribuyente.

Los asesores fiscales desaconsejamos la compra de automóviles por parte de las empresas, dado que cuando se vende el auto el IVA debe ingresarse por su monto completo. Esto es una gran contra, porque se impide virtualmente el computo del IVA al momento de la compra, pero cuando lo venda debo ingresar el 100% del impuesto y no solo lo que computé como crédito, lo cual implica una enorme iniquidad.

A su vez esta norma estableció limitaciones análogas para el cómputo del IVA vinculado a alquiler o leasing de autos, y ridículas limitaciones (aun vigentes) en materia de amortizaciones y gastos de estos, que también quedaron absolutamente desactualizadas por efectos de la inflación (amortización hasta $4000 por año y gastos de mantenimiento hasta $7200 por año).

Mas allá de la enorme injusticia de que para “evitar el abuso se prohíbe el uso”, y que la norma que estableció estas limitaciones debiera ser derogada, sería importante al menos actualizar los importes que hoy son absolutamente irrisorios y no representativos, y llevarlos a valores lógicos para la economía actual, y de ese modo respetar el espíritu de la ley que les dio origen.

No tenemos dudas que la actualización de estos importes, o mismo la eliminación de las limitaciones, implicaría una significativa reducción en la recaudación de IVA, pero implicaría sin duda un enorme incremento en las compras de autos tanto nuevos como usados, y una modernización del parque automotor.

Por todo lo expresado, esperamos que el Gobierno deje de ignorar esta problemática y al menos actualice los importes para que la norma cumpla con su objetivo, que era que el fisco permita el cómputo de un crédito fiscal vinculado a un auto intermedio, y si alguien compra uno de lujo a partir de determinado umbral el IVA sea pagado por el comprador y no por el Estado. El estado actual de la norma con valores históricos es totalmente inaceptable, injusto, incoherente y contraproducente tanto para las empresas, las personas y el sector automotriz.

El autor es contador público. Socio del Estudio Ghirardotti