Con el primer embarazo, Yanina Carreras, de 34 años, cumplió el sueño de la casa propia. Con el segundo, aún en curso, planea terminar de construir el segundo piso y pagar la sucesión de la propiedad, un chalet ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. “La obra y la sucesión son carísimas, ni trabajando todos los días llego a pagarlo”, dice la mujer, madre de dos hijas.

A medida que avanza el embarazo, se mueve cada vez con mayor dificultad por el lavadero que maneja junto a su marido en su casa. Ya son cinco los meses de embarazo, y el cuerpo le pide que comience a bajar el ritmo laboral. Pero los impedimentos físicos son un detalle para ella; lo que realmente le incomoda es la incertidumbre sobre lo que sucederá cuando termine el embarazo. Es que Yanina lleva en su vientre un hijo que no es suyo, o que al menos biológicamente no es suyo, pero que seguramente tenga que anotar como propio tras el parto.

“Tengo mucho miedo. Me asusta ver que está habiendo lío para inscribir a los bebés. Los padres de esta bebé son irlandeses, no sé si se la van a poder llevar del país. No quiero que la bebé se vaya a una casa hogar, pero tampoco quiero quedar anotada como la madre. Le pregunté qué va a pasar a la agencia que me contrató, pero no me dicen nada”, afirma Carreras.

La mujer está en medio de un tratamiento de gestación por sustitución coordinado por una agencia de subrogación que conecta gestantes argentinas con padres intencionales del exterior, una de las empresas que actualmente está siendo investigada por la Justicia. A los irlandeses Carreras los vio una vez por videollamada. Desde entonces se envían mensajes, ella les escribe en español y ellos le contestan también en español, pero en un español impostado: usan un dispositivo para traducir los mensajes de Carreras al inglés y luego responderle en español.

 

La pareja planea viajar de Irlanda, donde la subrogación está prohibida, a la Argentina, donde la práctica goza de un vacío legal, un mes antes de la fecha de parto, y unos días después llevarse a la beba de regreso a su país, tal como todos los padres intencionales extranjeros venían haciendo de manera aceitada desde 2017, con la intermediación de agencias locales o internacionales que operan en la ciudad porteña. Pero es probable que no puedan resolverlo tan fácilmente. Las reglas del juego cambiaron.

Como en otros cientos de casos, el embarazo de Yanina comenzó cuando en la ciudad de Buenos Aires aún regía una medida cautelar que autorizaba a inscribir, en términos preventivos, a los menores nacidos por “gestación solidaria” a nombre de los padres intencionales, sin necesidad de una autorización judicial. De esta manera, en esta jurisdicción, los menores nacidos en un vientre subrogado podían ser inscriptos a nombre de los padres intencionales solo mediante la aprobación por escribano de un “consentimiento previo, libre e informado” firmado por la gestante y el o los progenitores del menor.

Cambio radical

Pero la situación en la ciudad de Buenos Aires cambió radicalmente el 3 de junio pasado, cuando, en medio de un clima agitado por distintas investigaciones judiciales que involucran a clínicas y agencias que operaban en esta localidad, la Justicia porteña decidió revocar la medida cautelar. Desde entonces, afirman voceros del Registro Civil Porteño, en la partida de nacimiento de los bebes nacidos en vientres subrogados se inscribe como padres a la gestante y a uno de los padres intencionales.

A la caída de la cautelar se sumó, pocos meses después, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que determinó que los niños nacidos de vientre subrogado son hijos de la mujer que dio a luz y de quien quiso convertirse en padre o madre y prestó “su consentimiento previo, informado y libre” para ello, “con independencia de quién haya aportado los gametos”.

Tras el fallo, la mayoría de las agencias y clínicas con operaciones en la ciudad de Buenos Aires y el interior dejaron de aceptar nuevos casos de subrogación. Muchas, incluso, suspendieron las transferencias embrionarias que tenían agendadas. En tanto, los embarazos en curso y los nacimientos que tuvieron lugar después de la fecha de la resolución quedaron en medio de una encrucijada legal.

En este contexto, el de Carreras no es un caso aislado. En los grupos de Facebook, Telegram y WhatsApp que aglutinan gestantes y padres intencionales prima la incertidumbre sobre qué sucederá tras el nacimiento de los menores. La inquietud es mayor entre los progenitores de nacionalidad extranjera.

“Una amiga que está gestando para unos papás de China, y los papás están desesperados, quieren que ella se vaya a tener el bebé a Canadá. Le dicen que le van a pagar todo allá. Ella ya está de siete, ocho meses, y les tuvo que decir que no, que lo va a tener acá, porque tiene una hija a la que no puede dejar sola. Además no conoce a los padres, no sabe si realmente la van a ayudar allá”, afirma Carreras.

El problema es que a partir de ahora, al tener que inscribir a la gestante como madre del menor, no podrán llevarse al bebe del país sin un proceso judicial previo, que incluye la impugnación de la filiación por parte de la gestante y la posterior adopción integrativa del menor por parte de los padres intencionales.

Frenos legales

El primer freno a la salida del país de extranjeros que realizaron una gestación por sustitución en la Argentina ocurrió pocas semanas atrás, cuando la Justicia evitó que una pareja de italianos tomara un avión rumbo a Francia junto a la mujer que contrataron como gestante y la beba recién nacida, de la cual ella es es legalmente madre.

Según informaron fuentes cercanas a la causa, la Justicia tiene elementos para sostener que la mujer rosarina, de 28 años, subrogó su vientre por motivos económicos y no, como declararon en los papeles, con un fin meramente altruista y sin contraprestación alguna. Ella no tiene trabajo, no terminó el colegio, cría sola a una hija menor y, según un funcionario que conoce el caso, “está en una situación de extrema vulnerabilidad”.

   

La Justicia investiga actualmente unos 49 legajos que comparten varias similitudes con este caso. En todos hay involucrados padres comitentes extranjeros, gestantes argentinas, agencias de subrogación que hacían de intermediarias entre las partes y una clínica de fertilidad local. Tanto a las agencias como a las clínicas intervinientes en estos casos se las investiga por varios delitos penales que incluyen desde falso consentimiento de las partes hasta la trata y la explotación de personas. En muchos de los casos investigados, los padres intencionales ya se encuentran fuera del país junto al menor.

El “turismo reproductivo”, bajo la mirada judicial

Actualmente, muchos de los extranjeros que realizaron gestación por sustitución en Buenos Aires permanecen en la ciudad, a la espera de avanzar con los trámites necesarios para poder partir del país con el menor. Para ello primero deben realizar la impugnación de la maternidad y, después, la adopción integrativa, contando con el consentimiento de la gestante.

La situación de las gestantes que dieron a luz en los últimos meses, también es delicada. En muchos casos ya fueron anotadas en la partida de nacimiento de los bebes que dieron a luz como sus madres, y por ende, son sus responsables legales.

Según pudo confirmar LA NACION, así como hay clínicas de fertilidad que trabajan únicamente con padres intencionales que consiguen por su parte a una mujer dispuesta a gestar a su hijo -con convenios altruistas o comerciales de por medio-, hay otras clínicas que reclutan gestantes y las conectan con padres intencionales, tanto a través de fundaciones propias como de agencias nacionales e internacionales dedicadas a ello.

En la Argentina, la gestación por sustitución no está legislada y se practica, tanto en su versión altruista como en su versión comercial, bajo el amparo legal de que todo lo que no está prohibido está permitido.

En este contexto, la medida cautelar que rigió en la ciudad de Buenos Aires durante siete años facilitó la proliferación de estas prácticas, que en muchos casos, sostienen especialistas consultados por LA NACION, implican contratos que van “en contra de la dignidad de la gestante”. Consideran que, bajo esta resolución, al no precisar de una autorización judicial, cualquier persona podía acceder a este tipo de método de reproducción.

Durante la vigencia de la cautelar se realizaron en Capital Federal 151 inscripciones de menores nacidos en un vientre subrogado. Solo en 2023, se inscribieron en esta jurisdicción, sin autorización judicial, 65 menores, un 109% más que el año anterior, cuando se registraron 27, según datos del Registro Civil porteño. De estas 65 inscripciones, 34 fueron de progenitores argentinos y 31, de extranjeros.

En los 49 casos de “turismo de fertilidad” que investiga la Justicia, los nacimientos tuvieron lugar en la ciudad de Buenos Aires durante la vigencia de la medida cautelar. Uno de los factores comunes es la presencia de agencias que contrataban gestantes reclutándolas, muchas veces, en zonas vulnerables del país.

Según pudo saber LA NACION, en algunos de los casos que se investigan la gestante y los padres intencionales se conocieron directamente el día del parto y los comitentes partieron de la clínica con el bebe. Días más tarde, regresaron a sus países de origen con él.

Pese a que en todos estos casos los nacimientos tuvieron lugar en ciudad de Buenos Aires, algunas de las gestantes son en realidad del interior del país, detallaron personas cercanas a la causa. La Justicia investiga la existencia de departamentos en Buenos Aires administrados por las agencias intervinientes, donde se presume que permanecían las gestantes del interior del país durante el mes previo al nacimiento del bebe.

Entre las agencias de subrogación que operan en el país es usual la intermediación de mujeres que reclutan a gestantes en sus barrios o a través de grupos de Facebook o Telegram, incluso también utilizando folletos pegados en la calle y en las bocas de los subtes porteños. Algunos de los anuncios que se pueden encontrar en redes y en la vía pública tienen títulos como “Búsqueda de madres que quieran trabajar en alquiler de vientre” o “Subrogá tu vientre, ayudá a una familia”. En la mayoría se menciona una “importante compensación en dólares”.

Los costos y las comisiones

Según comentaron algunas de las mujeres que trabajan o han trabajado como reclutadoras, por su intermediación cobran una comisión de entre el 10% y 20% del valor del trato entre la empresa y la gestante. El monto que retiene la gestante varía entre los 14.000 y los 30.000 dólares, dependiendo del caso. En tanto, las agencias cobran a los extranjeros que compran el servicio un aproximado de 60.000 dólares.

Las clínicas más serias realizan numerosos exámenes psicológicos y médicos a las gestantes y a los padres intencionales antes de aceptar el caso. Las menos serias realizan una entrevista y un exámen médico básico. Todas exigen que la gestante ya haya sido madre y que se encuentre en edad reproductiva.

En las ofertas que reciben las gestantes por parte de las agencias de subrogación suele aparecer un extra de entre 1000 y 2000 dólares si acceden a un parto por cesárea. Las gestantes consultadas por este medio dicen que esto se debe a que facilita a los padres intencionales agendar la fecha de parto para, por ejemplo, coordinar la licencia en sus trabajos.

En todos los casos de padres intencionales extranjeros que actualmente son investigados por la Justicia, la agencia interviniente le pagó a la gestante una prepaga, en muchos casos Swiss Medical. Según pudo saber LA NACION, la contratación del servicio de salud se hacía a través del portal online de la prepaga y los pagos mensuales se hacían en efectivo a través de una sucursal de pagos electrónicos. Se supo también que la prepaga era dada de baja tras el parto, en algunos casos de manera inmediata y en otros, dos meses después.

Muchos de los partos se llevaron a cabo en el Sanatorio Otamendi y en la Clínica y Maternidad Suizo Argentino, dos sanatorios abiertos: no tienen un cuerpo de obstetras propio sino que un obstetra externo puede acceder a hacer un parto allí previa autorización del centro médico. Sin embargo, mencionan fuentes cercanas a las investigaciones, se detectaron casos “en la mayoría de las maternidades privadas de la ciudad”. En los diferentes expedientes se repiten los nombres de los obstetras.

Voceros de Swiss Medical consultados consideraron que “habiendo procesos judiciales abiertos en etapa de investigación, no corresponde brindar información específica sujeta a dichas investigaciones”.

Sin embargo, según pudo saber LA NACION, la empresa se identifica como perjudicada, y se encuentra en proceso de dar de baja de la cartilla a los médicos intervinientes, cuyos nombres se repiten en al menos 40 nacimientos que, según pudieron identificar a posteriori, ocurrieron en la Suizo Argentino, centro médico que es propiedad de la empresa.

Las investigaciones de la Justicia en esta materia comenzaron hace diez meses tras una denuncia del gobierno alemán que llegó a la Cancillería argentina. La denuncia surgió luego de que a principios de año un juez de Alemania le quitara momentáneamente la tenencia de una beba a una ciudadana de ese país por considerar que no estaba en condiciones de cuidarla. La niña de tres meses tenía nacionalidad argentina y, según investiga la Justicia, habría sido concebida a través de un vientre sustituto en la Argentina, procedimiento que habría sido posible a través de una agencia internacional con operaciones en el país.

“Para las agencias sos una vasija”

Las diferentes agencias con operaciones en el país firmaron diferentes tipos de acuerdos con las gestantes contratadas. En algunos de los contratos se incluía la compensación en caso de inconvenientes durante el embarazo, mientras que en otros no. Este último es el caso de D.R, una mujer de La Matanza que inició el proceso de gestación por sustitución dos veces y las dos veces tuvo abortos espontáneos.

“En el contrato no se mencionaba la posibilidad de perder el bebé. No vi ni un peso” dice la mujer, de 30 años, madre de cinco hijos. D.R fue tanto gestante como reclutadora de gestantes para diferentes agencias. “Me sentí usada, para las agencias y para las clínicas que trabajan con estas agencias sos una vasija. Me terminaron descartando cuando perdí el segundo bebé. El primer aborto espontáneo fue terrible, tuve hemorragias dos semanas, dolores fuertísimos dos meses”, afirma la mujer, quien por seguridad prefiere resguardar su identidad. Una de las mujeres a las que reclutó, detalla, sufrió una depresión post parto “fuertísima” tras dar a luz.

Según pudo confirmar LA NACION, algunas de las agencias que actualmente están investigadas por la Justicia por “presunta explotación del cuerpo de mujeres gestantes”, siguen reclutando y entrevistando a mujeres que desean ser gestantes.