Ha comenzado, por fin, el juicio oral contra el exfiscal general de San Isidro Julio Novo. Se trata de un proceso que puede demostrarle a la ciudadanía que no todos son iguales y que el Poder Judicial no actúa como una corporación que protege a sus miembros, sin importar las consecuencias.

Al citado fiscal se lo acusa de ayudar al narcotráfico, entorpeciendo la investigación que desarrollaba un subalterno, el fiscal Luis Angelini, quien terminó por denunciar a Novo y a otros cuatro funcionarios del Ministerio Público Fiscal bonaerense por el presunto encubrimiento agravado del narcotráfico.

En julio de 2008, los colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Quintero Gartner fueron asesinados en el estacionamiento del shopping Unicenter, en San Isidro; siete meses después, en febrero de 2009, sicarios también ejecutaron a otro colombiano, Juan Sebastián Galvis Ramírez, en San Fernando.

El fiscal Angelini quedó a cargo de investigar esos tres homicidios, pero pronto se topó con todo tipo de obstáculos que lo llevaron a concluir que excedían la desidia o la típica burocracia. Sospechó que esas trabas encarnaban, en realidad, una maniobra deliberada, coordinada, dolosa y delictiva de Novo y sus acólitos.

La investigación quedó en manos de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. En 2016 procesó a Novo, a los entonces fiscales generales adjuntos Eduardo Vaiani y Rodrigo Caro, y a las entonces funcionarias Melisa Rey y Mariana Busse, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, estorbo funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes.

Tras superar incontables chicanas procesales, el expediente se elevó a la instancia oral en 2019, etapa en la que las defensas pidieron desarrollar medidas de prueba complementarias y buscaron ralentizar la sustanciación de la causa a como diera lugar. Y vaya que lo lograron durante otros cinco farragosos años.

El 26 de septiembre último, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín registró la primera audiencia del juicio oral. Desde entonces, los magistrados Nada Flores Vega, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers deben escuchar a los testigos, acusadores y defensas, sopesar las pruebas y determinar si Novo y sus colaboradores delinquieron para entorpecer una investigación contra el narcotráfico y, en última instancia, impidieron que saliera a la luz quiénes eran los autores intelectuales de aquellos homicidios.

Sin importar cuál sea el veredicto final, el saldo de este caso resulta ya inquietante. Primero, porque la investigación criminal solo llegó hasta los sicarios, que han sido condenados, pero no se avanzó sobre los eslabones superiores de responsabilidad criminal, tal y como ha ocurrido también en el llamado “caso Chocolate” por el desvío de fondos públicos en la Legislatura bonaerense y en tantos otros episodios lamentables de nuestra historia reciente. Segundo, porque este caso ha reflejado, una vez más, la lentitud exasperante de nuestros tribunales: ¡han pasado 16 años desde los asesinatos; ocho años desde los procesamientos de Novo y sus acólitos, y cinco años desde que el expediente se elevó a la instancia oral! Y tercero, porque Novo ya alcanzó un objetivo de mínima: aun si es condenado, podrá pedir el arresto domiciliario por tener más de 70 años.

Esperamos, pues, que el Poder Judicial tome la decisión que deba tomar y que, sin importar cuál sea esa decisión, le demuestre a la sociedad que está a la altura de las circunstancias y que si Novo y sus colaboradores son, en efecto, culpables, no actúe como una corporación que protege a sus miembros a cualquier costo.