Desde que estalló la guerra entre bandas narco en Rosario, en 2013, solo dos meses hubo menos o la misma cantidad de homicidios que en el último mayo: fue en abril y mayo de 2020, es decir, en los primeros días de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para contener los efectos de la pandemia del Covid-19. Sí: hasta el crimen organizado le tuvo miedo al coronavirus y el torniquete sanitario también apaciguó los ajustes de cuentas y las venganzas en la principal ciudad de Santa Fe. Pero la posterior apertura volvió a desatar la violencia, que llevó al Gobierno a desplegar fuerzas federales en la ciudad recostada sobre el río Paraná para trabajar en conjunto con los efectivos provinciales para intentar retomar el control de las calles.

En el primer semestre del gobierno de Maximiliano Pullaro, y tras el desastre de los últimos dos años, cuando la estadística anual de homicidios dolosos cerró en 290 y 261, las cifras más altas en una década, el número de asesinatos descendió más de 65% en el Departamento Rosario. Entre el 1° de enero y las ocho de la mañana de este domingo, sumaban 52 crímenes. En el mismo período de 2023 fueron 142, que representaron el 54% de los asesinatos ocurridos en todo el último año. Hasta hoy, junio no registra homicidios en Rosario.

“La mitad de las muertes registradas en la provincia sucedieron en contextos de economías ilegales u organizaciones criminales. Es el porcentaje más bajo después de lo registrado para los años 2022 y 2023. Tres de cada diez víctimas, por su parte, se dieron en el marco de conflictos interpersonales. En términos absolutos, los casos inscriptos en el primero de esos contextos fueron un 54% menos que en el primer cuatrimestre de 2023, mientras que los situados en el segundo cayeron un 29,4%. En el departamento Rosario los homicidios vinculados con economías ilegales u organizaciones criminales descendieron un 54% en comparación con los primeros cuatro meses de 2023″, reflejó el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) de la Provincia de Santa Fe en su último informe, relativo a los guarismos acumulados entre enero y abril.

“En el departamento Rosario, en tanto, la existencia de mandato o pacto previo se detectó en la mitad de los homicidios que tuvieron lugar en los primeros cuatro meses del año 2024. Este porcentaje fue más bajo a los registrados para 2021, 2022 y 2023 y más alto a los del resto de los períodos”, afirmó el OSP, que este lunes presentará los datos actualizados, incluidos los crímenes de mayo.

La aparición de los datos más actualizados, que reflejan una fuerte baja en una de las cifras más crudas que refleja la dramática situación de la violencia en las calles rosarinas, coincidirá con los primeros seis meses de gestión de Pullaro.

Desde el gobierno provincial sostuvieron que la retracción se sostiene en una serie de medidas implementadas por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. Entre otras, destacaron la sanción de leyes de emergencia en Seguridad Pública, del Servicio Penitenciario y de Inteligencia Criminal; cambios en las estructuras del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Policía de Investigaciones (PDI); la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, que da mayores atribuciones a los fiscales; la ley de microtráfico (para la persecución del narcomenudeo por parte de la Justicia provincial) y la entrada en vigor del Operativo Bandera, en coordinación con el Gobierno nacional.

También ponderaron la compra directa de 100 vehículos con características para patrullaje y la adquisición, por licitación, de otras 700 unidades; la reconfiguración del patrullaje en cuadrículas; la Descentralización del policiamiento (estaciones policiales); la restauración del régimen de “Alto Perfil” en cuanto a las condiciones de encierro de los presos de mayor peligrosidad, para impedir que sigan controlando sus negocios ilegales desde la cárcel; la Activación de la obra pública carcelaria (se anunció que se construirá, en Piñero, el penal de máxima seguridad más grande del país); el traslado de presos de comisarías a establecimiento del Servicio Penitenciario; el “apagón administrativo policial”, que implica el traslado de todo el personal de seguridad pública al patrullaje, y el Trabajo social en territorio a través de la Intervención Barrial Focalizada, el plan Abre y la labor de pastores evangelistas en barrios y penales.