Dos horas antes de la convocatoria, el oficialismo en Diputados se vio obligado a cancelar una conferencia de prensa en la que estaba previsto que el libertario José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, comunicara una reasignación de partidas en favor de las universidades. Si bien el Gobierno pretendía sellar una tregua con los rectores, que reclaman más recursos, se rehusó a ceder sin chistar: estaba dispuesto a condicionar este aumento a la futura suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y al ajuste en el financiamiento a los partidos políticos. En palabras de Javier Milei, “que el costo lo pague la casta”.

La intención del Gobierno enfureció a sus aliados de Pro y obligó a los libertarios a cancelar el anuncio. A pesar de que los macristas, encarnados en la figura del diputado Alejandro Finochiaro, fueron los principales mediadores en el conflicto con las universidades, no habían sido notificados de esta maniobra, que catalogaron de “puro humo”.

“Si estamos trabajando juntos, un anuncio de estas características nos tiene que incluir. Si ellos quieren discutir seriamente las PASO y el financiamiento de los partidos políticos hay que hacerlo de otra forma, no en un presupuesto. Si no es puro humo”, dictaminó un referente Pro a LA NACION.

Pero el enojo de Pro no fue solo por la falta de aviso, sino porque rechazan la eliminación total de las PASO. En cambio, hablan de “transformarlas”, puntualmente que dejen de ser obligatorias. De hecho, María Eugenia Vidal presentó un proyecto en este sentido: dejarían de ser PASO para llamarse PAS.

“Su eliminación es favorable al oficialismo. El poder ordena”, explican en Pro, que necesitan de las primarias para dirimir las disputas partidarias que estallaron después de la victoria de Milei. En una situación similar -o incluso peor-, se encuentran el radicalismo y el peronismo, fraccionados en tantas partes como dirigentes.

La jugada del Gobierno pretendía abordar dos frentes en simultáneo. Por un lado, apuntaba a aprovechar la discusión del Presupuesto para colar parte de la reforma electoral que figuraba en la ley Bases y se frustró durante el verano. Todo en el marco de la narrativa anticasta, que tanto promueve el asesor presidencial Santiago Caputo. Por el otro, buscaba profundizar la división en la oposición con la mirada puesta en el próximo año electoral.

“El concepto es ¿quieren más fondos universitarios? No hagamos un gasto innecesario como las PASO que son 52 millones de dólares y no financiemos la política. Es plata que solo le sirve a la política”, dijo una fuente oficial.

Un diputado aliado del Gobierno estimó que los fondos que se ahorrarían con las reformas electorales ascienden a $1,2 billones. Si esa cifra se sumara a los $3,8 billones que ya figuran en el proyecto de Presupuesto que remitió el Poder Ejecutivo al Congreso, se alcanzaría a otorgar $5 billones para las casas de estudio. Es, aproximadamente, la cifra mágica que la Casa Rosada manejaba para lograr un consenso en torno a los fondos universitarios.

Ello, pese a que se trata de un monto sensiblemente menor que los $7,2 billones que pidieron los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para gastos de funcionamiento y salarios docentes.

La conferencia de prensa de Espert en Diputados, sin embargo, no se hizo y el oficialismo optó por replegarse. Con una ambiciosa agenda legislativa que incluye, entre otras iniciativas, el Presupuesto 2025, la privatización de Aerolíneas Argentinas y la Ley Hojarasca, los libertarios reconocen que no están en condiciones de perder la sintonía con sus aliados más leales.

En Balcarce 50 también aducían a que la súbita salida de Diana Mondino de la Cancillería alteró la agenda oficial. La salida de la ministra de Relaciones Exteriores fue definida por Milei en Olivos y tomó por sorpresa a varios funcionarios de la Casa Rosada, que debieron encauzar la comunicación del cambio de gabinete. La salida de Mondino, además, hubiera tapado a cualquier anuncio.

“No llegó a pudrirse. Pero se había dicho que las iniciativas legislativas se trabajaban en conjunto y es para eso que está la mesa legislativa de los lunes en Casa Rosada”, dijo a LA NACION un diputado de Pro. Si bien en el oficialismo hablan de una conferencia que “se pospuso”, es esperable que la medida no llegue a concretarse frente a la advertencia de sus aliados macristas, que exhiben hartazgo con los libertarios y podrían soltarle la mano al Gobierno en el tramo final del año parlamentario.

La semana que viene, el oficialismo retomará en la comisión presidida por Espert el debate del presupuesto 2025, y espera llevarla al recinto antes de fin de mes. “Está muy difícil”, reconoce un diputado libertario sobre la posibilidad de sancionar la ley de leyes, que el Gobierno necesita para enviar certidumbre a los mercados y al Fondo Monetario Internacional (FMI). En la oposición ya comenzaron a aparecer propuestas de textos alternativos y se encienden las alarmas en el Poder Ejecutivo, que ya anticipó que no es negociable el equilibrio fiscal.

En paralelo, el conflicto con las universidades permanece abierto. “Está amesetado, pero no muerto”, dice un experimetado legislador de Pro. Considera que es un error del Poder Ejecutivo no resolver este conflicto, que supone un costo menor para las arcas del Gobierno, pero podría convertirse en un problema mayor si se espiraliza el malestar entre los jóvenes universitarios.