Con el paso de los meses, Javier Milei se encuentra desafiando el statu quo de las estructuras estatales cooptadas por entramados corruptos, por una burocracia asfixiante, por regulaciones y restricciones que han atacado la propiedad privada y las libertades individuales. Un “Estado” que ha sumido a nuestro país en una profunda decadencia, erosionando las bases establecidas por Juan Bautista Alberdi para nuestro desarrollo.

En la contienda electoral entre Sergio Massa y Javier Milei, un significativo 56% de la población optó sin dudar por el nuevo presidente. Su estilo de liderazgo confrontativo ha captado el descontento de una sociedad que cada vez siente más desconfianza hacia la clase política tradicional, marcada por la corrupción y el reciclaje constante de figuras que, a lo largo de los años, han defraudado el mandato del bienestar general para mantener el poder, sus privilegios y el aumento de sus fortunas.

La ilusión despertada por un outsider que promete refundar la Argentina, dar la batalla cultural y sacar al país de la pobreza, abrazando el respeto a la propiedad privada y fomentando la libertad económica y la competencia en los mercados, es palpable. La esperanza de que la economía se reordene y que nuestras fuerzas productivas, retraídas por años de populismo de izquierda, puedan recuperarse es un anhelo compartido por muchos. Su palabra en materia económica y de achicamiento del Estado es creíble y se condice con las mayoría de sus acciones.

Sin embargo, es imprescindible llamar la atención sobre la subestimación de cuestiones jurídico-institucionales relacionadas con la ética y la vigencia del Estado de Derecho. Estos factores son vitales para garantizar la estabilidad, la gobernabilidad y la confianza en el sistema en el largo plazo. Incluso también, para asegurar las libertades, pues donde prosperan las reglas de la corrupción, se afecta la propiedad privada, la libertad económica y la libre competencia.

No voy a referirme aquí a los discursos de odio, ataques a la libertad de prensa o posibles acuerdos políticos cerrados con el kirchnerismo y el massismo. Sin embargo, es necesario destacar que para verdaderamente refundar la Argentina se debe dar valor a la “ética institucional” para, entre otros fines, asegurar el cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones. Esto implica que la ley se aplique efectivamente para todos, aun los funcionarios, empresarios y sindicalistas poderosos y que existan jueces dispuestos a actuar con determinación ante cualquier violación o transgresión de la ley.

La corrupción representa un riesgo político con un potencial significativo para desestabilizar nuestra macroeconomía y socavar la confianza necesaria para construir un futuro sólido. La “lucha contra la corrupción” no es un mero eslogan; debe ser un compromiso genuino. La impunidad de los corruptos ha llevado al desprestigio del sistema democrático, convirtiendo a nuestro país en un escenario de decadencia y crisis recurrentes. No solo enfrentamos una crisis económica, sino también una falta de ética y honorabilidad en el liderazgo político, judicial y empresario que ha fracturado los diálogos y consensos necesarios para salir del ciclo de frustraciones.

Las aspiraciones refundacionales del Presidente deberían considerar las enseñanzas de economistas galardonados con el Premio Nobel, quienes afirman sin ambigüedades que el fracaso de las naciones se origina en fallas institucionales, entre ellas, el abuso del poder, que violenta la división de poderes, y la corrupción.

El riesgo político de la corrupción, que ha asediado a nuestras instituciones durante años, es un desafío diario que enfrenta este presidente. Sin embargo, ciertas decisiones, como la nominación del doctor Ariel Lijo para ocupar la Corte Suprema, de Andrés Edgardo Vázquez en la DGI, de Sergio Neiffert en la SIDE y las remociones de personas honorables de la UIF por desobedecer los intentos de intromisión en el cumplimiento de sus funciones, nos muestran un inquietante camino opuesto. Además, los ocultamientos de información patrimonial relevante del Presidente por parte de la OA, o la existencia de poderosos hombres de Estado que organizan que actúan en las sombras, disponiendo de una artillería de contratados para hostigar desde redes sociales a voces críticas, suscitan preocupaciones. Al elegir a personas con cuestionamientos sobre su idoneidad, mérito y honorabilidad, se pone en tela de juicio toda la integridad del sistema y, a la larga, la sostenibilidad de los logros.

Este tipo de decisiones socava la “integridad”, un pilar fundamental para generar confianza y estabilidad macroeconómica, afectando también el funcionamiento de las reglas de Estado de Derecho y de nuestras instituciones. Sin dudas, se pone en riesgo el futuro de prosperidad que se nos ha prometido.

Como en muchas etapas de nuestra historia, los silencios, las complicidades, la obsecuencia y los temores no ayudan a corregir desvíos críticos. Por eso es fundamental que seamos proactivos en abordar estos problemas y contribuir a mejorar el rumbo de este nuevo gobierno.ß

Exvicepresidente de la UIF; miembro de la ONG Será Justicia