En el condado de Orange, en California, el temor a deportaciones masivas encendió las alarmas entre la comunidad inmigrante y los activistas que buscan proteger sus derechos. La promesa del presidente Donald Trump de intensificar las deportaciones y las recientes medidas de su administración han aumentado la ansiedad entre quienes temen ser separados de sus familias.

La Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange (OCRRN, por sus siglas en inglés), una organización de ayuda mutua, monitorea de cerca las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la región. Sandra De Anda, coordinadora de OCRRN, afirmó a El Excelsior California que las llamadas a su línea directa han aumentado desde que Trump reiteró sus planes de deportaciones masivas. “Esta administración se ve diferente porque muchas cosas están en su lugar, como una Corte Suprema con varios designados por Trump. Todo parece favorecer sus políticas”, dijo De Anda al medio.

Aunque California cuenta con una ley de santuario que limita la cooperación entre las agencias locales y las autoridades migratorias federales, Trump intentó impugnarla durante su anterior mandato. Ahora, ha renovado sus amenazas contra estas políticas, incluyendo la posibilidad de retener fondos federales.

Deportaciones masivas en Orange: qué piden los activistas y consulados

En respuesta, activistas y consulados exhortan a la comunidad inmigrante a conocer sus derechos. Audrey Rivera, cónsul principal del Consulado de México en Santa Ana, recordó que cualquier persona detenida tiene derecho a un abogado e intérprete y que debe permanecer calmada. “Es una prioridad constitucional del gobierno de México proteger a sus ciudadanos. Nuestro consulado ofrece asistencia legal gratuita y programas de orientación”, indicó Rivera al medio.

Mientras tanto, las noticias han generado angustia entre inmigrantes como Antonio, un joven de 21 años que llegó solo a Santa Ana en 2021 para trabajar y apoyar a su familia en Tijuana. “Fue aterrador llegar aquí, pero esta fue mi decisión. Quiero ahorrar dinero para que mi familia pueda tener una vida mejor”, compartió. Antonio trabaja largas horas como conserje y en mercadillos, y teme que las políticas de deportación frustren sus planes de reunificación familiar.

Carlos, quien cruzó la frontera hace más de una década en busca de seguridad, logró naturalizarse ciudadano en 2018 tras vivir en Anaheim, contó al sitio web. Sin embargo, recuerda cómo las noticias de deportaciones durante el primer mandato de Trump lo llenaron de temor. “No quería separarme de mi familia. Conozco a muchas personas indocumentadas que trabajan duro y pagan impuestos. No somos criminales”, subrayó.

Fundada en 2016, OCRRN sigue actuando como un escudo para las comunidades más vulnerables. Según De Anda, la clave está en la organización comunitaria. “Una comunidad organizada es una comunidad preparada. He visto a personas luchar con éxito contra la deportación. Aunque esta administración presenta retos mayores, cuando la gente se une, lo imposible se vuelve posible”, finalizó la experta en la entrevista.