Exactamente cinco meses después de la llegada al poder de Javier Milei, chocaron dos trenes de la línea San Martín en la estación Palermo. Las formaciones destrozadas aquel 10 de mayo trajeron a la memoria los peores recuerdos de la Tragedia de Once. A diferencia de aquella vez, no hubo muertos, pero 90 personas terminaron heridas. El Gobierno argumentó que la colisión se debió a la decadencia heredada por la gestión massista al frente de transporte y decretó la emergencia ferroviaria. A través de ella quebró el “no hay plata” y asignó casi $1,3 billones extras para obras que mejoren la seguridad del servicio. Todavía ninguna comenzó.

Medio año después solamente se publicaron doce licitaciones sin avances significativos. La mayor parte de ellas apunta a obras de mejoramiento de andenes y de algunas estaciones puntuales. Es decir, no aborda las fallas de locomotoras, y del equipo eléctrico, los desperfectos en el sistema de cambios y en el estado de las vías que explican el 71,6% de las demoras y cancelaciones del servicio de transporte de pasajeros en el AMBA, de acuerdo con el informe de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) que alertó un mes antes del choque sobre problemas técnicos que comprometían la seguridad del servicio.

LA NACION consultó a la Secretaría de Transporte sobre la puesta en marcha de las obras pero no se han expresado al respecto. Representantes del sector privado, que aguardan la reactivación de los trabajos de infraestructura pública, describieron: “Sigue todo parado”.

“El 10 de diciembre nos encontramos con trenes con una deuda de algo más de US$100 millones y además donde se ponía mayor énfasis en pintar algún mural en alguna estación que en efectivamente aportar al mantenimiento y al buen funcionamiento del sistema”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. En esa misma conferencia del 13 de mayo, tres días después del choque, el vocero confirmó la emergencia ferroviaria que el Gobierno finalmente decretó el 13 de junio.

De este modo, el Gobierno agregó $1.293.780 millones al presupuesto “a los efectos de poder solventar, inicialmente, las acciones y obras necesarias para permitir la urgente mejora de la seguridad operativa”. Seis meses después del choque, no existe una explicación oficial sobre por qué no es público el listado de proyectos que la gestión libertaria financiará a través de los fondos de la emergencia ferroviaria.

Según pudo recopilar LA NACION, el Gobierno hizo alusión en el Boletín Oficial a una resolución firmada el 27 de agosto sobre las obras de la emergencia ferroviaria. “Que a través de la resolución 27 del 27 de agosto de 2024 de la Secretaría de Transporte, se aprobó el “Plan de Acción - Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes” para cada una de las empresas del sector ferroviario”, indicó la resolución 1000/2024 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo. La resolución 27, sin embargo, nunca se publicó en el Boletín Oficial ni en la web de la Secretaría de Transporte porque, según fuentes de la cartera de Franco Mogetta, se trata de una resolución interna.

Un relevamiento de LA NACION permitió detectar que la Secretaría de Transporte no publicó ninguna licitación aunque sí lo hicieron las empresas públicas ferroviarias. Luego del 27 de agosto, cuando el Gobierno definió qué obras impulsará, Administradora de Infraestructura Ferroviaria (ADIF) lanzó seis licitaciones: cuatro en la Línea Roca, una en la San Martín y la restante en la Sarmiento aunque no en la estación Flores que es donde el informe de la CNRT destacó en particular “su estado de desmejoramiento”.

En paralelo, Operadora Ferroviaria (Sofse), que es la empresa más grande de holding ferroviario del Estado, emitió seis nuevas búsquedas de contrataciones para renovar cables de señalización y ruedas de trenes en la línea Roca, repuestos de material rodante en el Mitre y Sarmiento, silletas de vías para las líneas del AMBA y la reparación de motores diésel del Belgrano Sur.

LA NACION presentó un pedido de acceso a la información pública el 1 de octubre para conocer si hubo gastos que se hayan desprendido de esos casi $1,3 billones para atender la emergencia ferroviaria, a quiénes se les pagó y para qué obra o proyecto. Todavía no se obtuvo respuesta.

Del sitio oficial Presupuesto Abierto se desprende que para transferencias vinculadas a la infraestructura del transporte, el Gobierno destinó $472.878,18 millones a la formulación y ejecución de políticas de movilidad integral de transporte; $14.347,54 millones a la ejecución de planes, programas y proyectos para el mejoramiento del transporte; y $432,89 al fortalecimiento de la infraestructura para el transporte y la movilidad sensible. Estas erogaciones suman $487.658 millones y representan un 37% de los casi $1,3 billones de la emergencia ferroviaria.

A su vez, Sofse recibió transferencias del Gobierno equivalentes a $11.300 millones, en concepto de gastos de capital. Adif absorbió otros $23.753,57 millones. Ambos montos suman $35.053,57 millones, una cifra que también dista mucho del total de fondos de la emergencia ferroviaria.

Al momento de anunciar los fondos extra para la seguridad del sistema, el vocero presidencial había expuesto que las obras necesarias iban a diseñarse a raíz del informe de la CNRT.

De acuerdo al documento al que accedió LA NACION, el 3 de abril se emitió el Informe de Evaluación de Desempeño del Sistema Ferroviario sobre “mantenimiento, seguridad y accidentes” correspondiente al 2023. Lleva la firma del gerente de fiscalización técnica ferroviaria de la CNRT, Horacio Faggiani. El documento relevó una “delicada y preocupante situación” arrastrada desde 2021 en el ramal San Martín, el mismo en el que se produjo el choque. Sobre su funcionamiento señalaron “fallas de magnitud” en los frenos, desgaste en las vías, falencias en la señalización, incumplimientos de reparaciones pesadas en siete de cada diez unidades que deberían realizarse para “evitar comprometer la seguridad” y falta de reparaciones generales en el 92% de las locomotoras. Incluso, el reporte puntualizó irregularidades que hacen referencia a personal de conducción que “no porta” licencia habilitante o cupón psicofísico.

El informe de la CNRT reportó 1822 “falencias de consideración” y “prioritarias” detectadas en el estado de las vías, andenes, locomotoras, coches, estaciones, cambios y señalización en el ramal San Martín, Mitre, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur. La línea Sarmiento fue la que más observaciones de estas características acumuló: 845. Pese a eso y casi premonitoriamente al choque de trenes, los fiscalizadores dedicaron los comentarios más críticos a la San Martín.

Fuentes de la cartera que dirige Mogetta admitieron que conocían el documento de la CNRT, así como también la “deplorable situación ferroviaria heredada”. Definieron: “El informe de la CNRT fue la certeza final de la necesidad que había de declarar la emergencia ferroviaria”.

Con la colaboración de María Julieta Rumi