El Gobierno jugará todas sus fichas para completar la Corte Suprema antes de que termine el año. La nueva estrategia ahora incluye una advertencia a toda la política: Javier Milei no dejará que el máximo tribunal funcione con tres miembros a partir del 29 de diciembre, cuando Carlos Maqueda cumpla 75 años y deje su sitial en el cuerpo. “En enero la Corte va a tener cinco jueces”, aseguró a la nacion una altísima fuente gubernamental.

El plan oficial consta de dos pasos. Primero habrá una ventana de negociación intensiva para intentar sumar los dos tercios de los votos del Senado para aprobar los pliegos del juez federal Ariel Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, los dos candidatos de la Casa Rosada a la Corte. Si eso no funciona, se irá a una solución extrema, que consiste en nombramientos por decreto, en comisión y durante un año, período en el que deberían obtener el acuerdo del Congreso.

Hay quienes dudan de que Milei avance con ambos candidatos con este esquema, que fue cuestionado cuando lo quiso utilizar Mauricio Macri en 2015. Apuntan que García-Mansilla podría no admitirlo.

Pero ahora el Gobierno está en otra etapa y abrió un período de negociación con múltiples interlocutores para “intercambiar fichas”. El Poder Ejecutivo anunció que tiene listos 150 pliegos de jueces que enviará al Senado la semana próxima. Es, en rigor, una nómina en borrador, sujeta a discusión. Gobernadores, jefes políticos y titulares de bloque tienen la ventanilla abierta para pedir por determinados nombres para completar vacantes en juzgados de todo el país.

Los teléfonos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y su “tutor” de la Casa Rosada, Santiago Caputo, estuvieron muy activos en las últimas horas por este tema. Están pasándose mensajes con todo el espectro, incluido el kirchnerismo.

El Gobierno cree que, pese a la incomodidad que genera su nombre, Lijo tiene un consenso multipartidario para conseguir los dos tercios. Las negociaciones actuales son, en rigor, a cambio de votos para García-Mansilla, el candidato más afín al ideario libertario. En el Gobierno están haciendo un poroteo fino para el catedrático: en un despacho oficial hay una pizarra magnética con las caras de los senadores ubicadas en un “semáforo”.

La diferencia entre ambos candidatos se puede ver en las firmas que ya habría sumado cada uno en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta: mientras que Lijo tendría ocho firmas (y podría llegar a nueve si se convence al radical Martín Lousteau), el dictamen de García-Mansilla tiene solo cuatro rúbricas estampadas.

La nueva estrategia oficial pasó la página de la idea inicial, que era buscar un acuerdo tácito con Cristina Kirchner por los dos pliegos a la Corte. Resulta mucho más sencillo alcanzar los dos tercios del Senado con los dos bloques de Unión por la Patria, que suman 33 senadores. Durante meses hubo mensajes cruzados entre ambas terminales. La expresidenta pretendía cambiar a García-Mansilla por una candidata mujer elegida por el PJ. O ampliar la Corte a siete o nueve miembros y hacer ingresar a los postulantes de una y otra parte, todos al mismo tiempo.

En la Casa Rosada no admitieron ninguna de las opciones del menú y dieron por caídas las negociaciones. La matemática para conseguir los votos ahora cambió por una nueva: sumar voluntades para García-Mansilla con los votos del radicalismo y de senadores que responden a los gobernadores de sus provincias. Eso incluye también a legisladores de Unión por la Patria, lo que provocaría una fisura en el peronismo, aislando a los kirchneristas puros. “Se pueden alcanzar los dos tercios con todos los votos menos los K”, aseguró un colaborador de Milei.

¿Está clausurada la posibilidad de un entendimiento? No necesariamente. En la Casa Rosada creen que la semana próxima, cuando Cristina escuche el fallo de la Cámara de Casación Penal que podría confirmar su condena a prisión en la causa Vialidad, las conversaciones podrían reactivarse porque, a partir de allí, la situación judicial de la expresidente dependerá enteramente de la Corte.

De todas formas, si el Gobierno está dispuesto a sumar jueces por deceto, la expresidenta ya tiene la garantía de que no habrá una Corte de tres, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ellos ya han rechazado planteos de Cristina en Vialidad.

En el frente judicial, Cristina está en una posición muy peculiar. Pese a su extrema polarización con Milei, en el Instituto Patria observan que los libertarios dieron suficientes muestras de que no pretenden armar un mapa judicial adverso para el kirchnerismo, como hizo Cambiemos.

“Estamos en una posición de privilegio para hacer cosas en la Justicia. Y es cierto que este Gobierno no persigue judicialmente. Con los 150 pliegos de jueces el Gobierno ahora movió el avispero. Nadie sabe cómo termina”, dijo un colaborador del kirchnerismo que conoce el escenario judicial.

Para comprender la negociación que pretende encarar el Gobierno alcanza con ver las vacantes en manos del Poder Ejecutivo. La Casa Rosada apela a que -por caso- el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se interese por los juzgados federales vacantes de Bariloche y Viedma o por la Cámara Federal de General Roca. O que su par chaqueño Leandro Zdero (que se referencia en el mandatario correntino Gustavo Valdés) se tiente con el juzgado federal de Sáenz Peña o el tribunal oral en lo criminal de Resistencia. También Alfredo Cornejo (Mendoza) podría tener interés en los tres lugares vacantes que hay en la Cámara Federal de su provincia. La pretensión es que esos gobernadores luego instruyan a los senadores que les responden para que voten a García-Mansilla.

¿Es una ecuación suficiente? Un colaborador del kirchnerismo apuntó: “Con arreglar los juzgados con los gobernadores no llegás a los dos tercios”.

El plan del Gobierno no atiende un frente sensible: la alianza con Macri. El expresidente espera, de mínima, que sus referentes judiciales (como el exministro de Justicia, Germán Garavano) puedan dar su opinión sobre la nómina, que incluye juzgados sensibles.

En la Casa Rosada no muestran intenciones de validar la lista con el expresidente. En el plano judicial, los ojos del Gobierno están puestos mucho más en el Instituto Patria que en su aliado natural.