El juez federal Sebastián Casanello tomó una medida urgente en la causa contra el Gobierno por la parálisis en la entrega de alimentos a comedores sociales: intimó al Ministerio de Capital Humano a que le presente dentro de las próximas 72 horas “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

Casanello le ordenó además al ministerio, dirigido por Sandra Pettovello, que informe el detalle del stock de comida que tiene en depósitos del Gran Buenos Aires y Tucumán. El Gobierno reconoció el jueves pasado que tenía guardadas cerca de 5000 toneladas de alimentos adquiridos durante la gestión de Alberto Fernández.

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó hoy en conferencia de prensa que apelarán la decisión de Casanello. “Consideramos que no es algo de índole judicial, sino una cuestión de política pública. Estos alimentos son reservados de manera preventiva para emergencias o catástrofes”, dijo.

La denuncia que dio origen a este expediente la presentó Juan Grabois contra Pettovello el 5 de febrero pasado. Sostuvo que con la parálisis en la entrega de alimentos se estaban violando las obligaciones contraídas por el Estado en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre y que estaban siendo afectadas muchas personas en situación de extrema pobreza.

La fiscal Paloma Ochoa le pidió al juez, en esta causa, que dictara una “medida innovativa” para ordenarle al Ministerio de Capital Humano que, en un máximo de cinco días, entregara los alimentos retenidos que están demandando Grabois y todos los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores. La fiscal fundó su pedido en la necesidad de “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos” y en que existe un temor fundado en que podría producirse un perjuicio de difícil o imposible reparación posterior vinculado con la “impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población”.

El juez no accedió a ordenarle al Gobierno la inmediata entrega, pero sí le dijo que dentro de los tres días tendrá que presentar al juzgado el plan “preciso” de cómo va a distribuir los alimentos.

Casanello recordó en su resolución que el vocero presidencial había reconocido la existencia de comida almacenada y que el Ministerio de Capital Humano había informado que debía mejorarse el mecanismo de entrega de los alimentos, que tenía irregularidades. El Gobierno sostiene que se le hizo imposible auditar casi la mitad de los comedores comunitarios porque se habían mudado, tenían mal registradas sus direcciones, ya no funcionaban más o nunca existieron.

El juez destacó en su resolución que las presuntas víctimas de los hechos que se investigan no son los que gestionan los comedores, sino las personas que “integran los grupos socialmente vulnerables y los segmentos particularmente empobrecidos de la población, que requieren, sin demora, cuidados especiales”. Y dijo que “los comedores, en todo caso, son parte de una red de contención, son un medio, no un fin en sí mismo”.

En otro pasaje de su fallo, el juez citó los consejos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); entre ellos, las ventajas del “aprovechamiento de las capacidades existentes, como son las redes de seguridad, sin dejar a un lado el deber de vigilancia para evitar malos usos”, y recordó que “los comedores comunitarios han sido hasta hoy, luego de décadas de emergencia alimentaria, un componente esencial de esa red”.

“Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente -dijo el juez-. Una referencia de esta realidad se encuentra en los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria -el 14% de forma severa-.”

Casanello afirmó: “En este estado de cosas, de cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva en cumplimiento del deber legal de evitar que los efectos de las conductas bajo reproche alcancen consecuencias ulteriores”.

Pero el juez sostuvo que no le correspondía “sustituir a la administración” y, por eso, en lugar de ordenar la entrega, dispuso, por un lado, que el Gobierno le informe “el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, lo que deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.

Por otro lado, que acompañe “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha”. Y, por último, le encomendó al Ministerio de Capital Humano que, “en el marco de sus competencias y de las obligaciones antes descriptas, elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.

Cuando el Gobierno apele, la decisión final sobre esta medida dispuesta por Casanello la tendrán los jueces de la Cámara Federal.