Mientras intenta un contraataque en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez, expresidente Alberto Fernández recibió hoy un nuevo revés judicial: la jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó su pretensión de dictar una medida cautelar e impedir que los medios de comunicación publiquen imágenes de su teléfono, como los videos conocidos con la periodista Tamara Petinatto.

La magistrada dijo que implicaría una violación de la libertad de expresión. Asimismo, rechazó investigar una denuncia de Alberto Fernández contra su exmujer por violación de secretos, al difundir el contenido de su celular, y determinó que el caso debe ser investigado por la justicia nacional ordinaria y no la federal.

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Capuchetti rechazó por impreciso el pedido de Fernández para que los medios no reproduzcan las imágenes del celular que le entregó a Yañez para que juegue su hijo Francisco. Fue en esa circunstancia que –dijo Yañez–, advirtió que en ese teléfono había videos de su entonces pareja con otras mujeres.

“El peticionante no ha logrado demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan solo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres”, sostuvo la jueza.

Dijo la jueza que de prohibir la difusión de las imágenes “se estarían cercenando diversos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que representaría una censura previa”.

“Vale la pena mencionar que tanto el honor, como la intimidad y otros derechos inherentes a la persona no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios. De admitirse la medida cautelar solicitada, se estaría llevando a cabo una censura previa, afectándose, de esa manera, el derecho constitucional de libertad de expresión, el cual constituye uno de los principios básicos de toda sociedad democrática”, sostuvo.

Asimismo, la jueza envió el caso a la justicia nacional de instrucción, al entender que no se trata de un delito federal, sino un conflicto entre particulares donde no están afectados los intereses del Estado nacional ni las telecomunicaciones.

Alberto Fernández presentó esta denuncia cuando se hizo público un video de Tamara Petinatto en el despacho presidencial, tomando cerveza con el expresidente y escribiéndole una carta de amor en papel membretado de la presidencia de la Nación.