La mayoría de las legislaturas provinciales impiden acceder a datos públicos, en la mitad no hay registro de asistencia del personal, hay diputados que cobran doble salario o que reciben 130 pasajes aéreos por mes. También hay funcionarios que usan autos de lujo incautados por la Justicia o dejan millones de gastos protocolares sin rendir. Estos son algunos de los hallazgos de una investigación periodística que analizó las 24 legislaturas del país.

“Casi 9 de cada 10 legislaturas provinciales en la Argentina ocultan datos sobre contrataciones de personal o manejo de fondos, entre otros indicadores claves para la transparencia sobre el funcionamiento de este poder del Estado”, así se desprende de una nueva investigación de Ruido y de Poder Ciudadano realizada en bases a pedidos de Acceso a la Información, búsquedas en Boletines Oficiales, declaraciones periodísticas, análisis y recolección de datos en cada provincia durante más de cuatro meses.

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La consecuencia del ocultamiento de información salta a la vista por la falta de control. Además de las irregularidades mencionadas, surgen incorporaciones masivas o denuncias por gente que cobra sin haber pisado nunca una legislatura. De los 24 pedidos de Acceso a la Información presentados en simultáneo en todo el país, solo 3 provincias respondieron: Córdoba, San Luis y Santa Cruz. Solo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar el dato de asesores por legislador en tanto que tampoco fue posible determinar si existe presupuesto por bloque en 19 casos.

Puestos en comparación, en la mitad de los recintos no hay registro de asistencia de personal o bien faltan datos suficientes para establecerlo, en tanto que en 5 de los 24 existen gastos reservados, pero en 13 no se entregó ninguna información sobre su continuidad o no. “Los resultados obtenidos permiten trazar un panorama sobre el nivel de transparencia que impera en las provincias argentinas, que plantea la necesidad de reforzar aspectos de un poder clave del Estado para la calidad ciudadana y democrática”, detalla el informe que contó con el apoyo la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad.

Principales hallazgos

Salarios: Si bien se solicitó la información sobre los sueldos a noviembre 2023 (ya que la idea era analizar la constitución de las legislaturas 2019-2023), los datos obtenidos varían entre lo percibido en mayo 2023 y mayo 2024, por lo que resulta muy difícil poder comparar los niveles salariales a una misma fecha.

Hay casos curiosos como el de San Luis, en donde los legisladores reciben cada mes un extra denominado “módulos” equivalente a un salario bruto. Deben ser rendidos, pero no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de salario, otro 1,4 millón por aquel concepto.

Algo similar ocurre en Entre Ríos, donde cada legislador, además de la dieta mensual, recibe un monto indeterminado de módulos para contratos. A lo cual se suman empleados de planta que se les asignan, y también, personal adscripto.

Asesores: sólo en 11 de los 24 distritos se pudo relevar ese dato (que va de 2 hasta 10 asesores por legislador, como en Tierra del Fuego o Formosa). En las otras 13 provincias no se puede determinar este dato. En casi todos los casos investigados pueden existir otras contrataciones -en infinitas modalidades- a cuyos registros no se puede acceder. En Tierra del Fuego, por ejemplo, la presidenta del Cuerpo puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la planta permanente.

Registro de Asistencia del personal: en la mitad de las provincias (12) no existe o no hay datos suficientes para chequearlo. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que los mismos se utilicen o bien en todos los espacios, o bien para toda la planta de personal.

Gastos reservados: en 10 provincias ya no existen, pero en el resto o bien aún se mantienen (en 5 casos) o bien no existen datos para saberlo y/o determinar esos montos (8 provincias). En Santa Cruz hay $32 millones en gastos protocolares, antes Gastos Reservados, sin rendir en 2023, de los cuales $8 millones fueron retirados en julio, cuando la Legislatura estaba en receso por vacaciones de invierno. La nueva gestión denunció el caso ante la justicia provincial

Problemas comunes

Resistencia para entregar información. Incluso en el caso más reciente de escándalo en una Legislatura (el de Julio “Chocolate” Rigau, en la provincia de Buenos Aires, quien cobraba sueldos de al menos 50 personas registradas como empleados que no iban a trabajar) debió mediar una amenaza de allanamiento a la Cámara de Diputados bonaerense para que esta le entregara a la Justicia un listado de unas 400 personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa. En Tucumán, hasta la Corte Suprema provincial avala ese secretismo al considerar que son “datos sensibles”. Hay casos como el de Misiones, en donde ni siquiera se informa el presupuesto anual de la Legislatura.

Plantas de personal. Las plantas de empleados van desde pocos cientos hasta 3103, en Catamarca; le siguen Chaco con 2300, provincia de Buenos Aires con1850 y Formosa con1802, pero los diputados solo registran 300, en tanto que en Tucumán se sospecha que podría haber hasta 30.000 contratados, ante la falta de información oficial para acceder a una cifra específica. En Santa Cruz, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento al personal para que se presente a trabajar, tras lo cual 19 personas quedaron cesantes porqué nunca se presentaron a trabajar, incluso había quienes vivían en otras localidades y otras provincias.

Pedido de retención de parte del sueldo. Además del caso “Chocolate” en la provincia de Buenos Aires, hubo denuncias y casos en al menos Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Santa Fe y Tucumán. En Entre Ríos, un asesor del exdiputado Ricardo Troncoso denunció en 2018 que debía dejar parte de su sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa “Contratos truchos”, un verdadero escándalo que aún debe juzgarse en la provincia. En Santa Fe, por ejemplo, el asesor de un diputado denunció que éste le pedía parte del sueldo. La fiscal archivó la causa y dijo que el hecho “forma parte del ámbito de la moral”.

Incorporaciones masivas y/o indetectables. En Chaco, en 2023 hubo un ingreso masivo de 300 personas. En San Luis, a meses de dejar el Gobierno, a fines de 2023, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó una reforma que creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura. La nueva gestión dio marcha atrás con todas esas designaciones. En la Legislatura entrerriana se dio un proceso de “depuración” de contrataciones producidas en el último año, antes del cambio de gestión. Puntualmente en el Senado, se modificó la orgánica en los últimos meses de 2023, para incorporar áreas y empleados que se fueron creando a lo largo de los años.

Recorte en Santa Cruz

En noviembre pasado, desde la legislatura santacruceña se pagaron 814 sueldos. En marzo de 2024, de la misma caja se abonaron 561 salarios. Es decir que, en tres meses, se redujo el 32% de los empleados, en su mayoría cargos políticos, según surge de la respuesta del pedido de Acceso a la Información presentado por Ruido para esta investigación

Entre diciembre y febrero se registraron en total 390 cargos, de los cuales 350 correspondían a bajas de cargos políticos, 19 personas fueron dejadas cesantes, 13 renunciaron, a 4 se les finalizó cumplió el contrato y 4 se jubilaron. Aún nombrando los nuevos cargos políticos determinados por organigrama, la actual planta de la legislatura santacruceña redujo 32% el personal que tenía hasta noviembre, bajo la vicepresidencia del kirchnerista Eugenio Quiroga.

Las 19 personas que fueron dejadas cesantes era personal que cobraba sueldos pero que nunca se presentaron a trabajar, algunos vivían en el interior de la provincia o incluso en otras provincias. En la primera semana de diciembre, las nuevas autoridades debieron enviar carta documento a quienes no se presentaron a trabajar. Algunos no concurrieron y otros no sabían a qué oficina debían asistir, ya que nunca habían trabajado allí. Otros no respondieron el reclamo y hasta ahora solo una persona decidió litigar en la justicia para seguir trabajando.

Los pasajes de Chubut

Cada legislador cuenta con la asignación de 72 pasajes anuales terrestres o sus equivalentes, y 50 tramos anuales aéreos. Además, la Presidencia se otorgó 198 tramos anuales terrestres nacionales o sus equivalencias, y 130 tramos anuales aéreos nacionales.

También reciben pasajes el secretario legislativo, el secretario habilitado y el coordinador: para ellos se asignaron 58 tramos anuales terrestres nacionales o sus equivalencias, y 40 tramos anuales aéreos nacionales. La Resolución N° 125/24 del 19 de abril de 2024 actualizó las partidas presupuestarias para diversos gastos de la Legislatura. Para pasajes se destinan $ 360.000.000; para gastos reservados, $ 109.440.000 y para viáticos, $ 33.891.000.

Los asesores en Tierra del Fuego

La vicegobernadora y presidenta de la Legislatura de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza (del Movimiento Popular Fueguino o Mopof), cuenta con la facultad de designar discrecionalmente hasta 68 asesores para cumplir distintas funciones dentro del Parlamento fueguino.

En el caso de Tierra del Fuego, el artículo del presupuesto legislativo que trata el tema y se replica año tras año, sostiene que “es una atribución de la presidenta (…) la designación de una estructura de personal para desempeñarse en carácter de colaboradores de las distintas áreas de esta Cámara”. De esta manera, aunque el presupuesto autoriza 10 asesores por parlamentario (4 categoría 24, 4 categoría 23 y 2 categoría 20) esa cifra se incrementa con las designaciones vía presidencia. Este y otros artilugios explican que la planta de personal temporario de la legislatura de la provincia sea de 228 personas, mayor a la planta permanente que es de 206.