Después de haber colaborado con el gobierno de Javier Milei a debilitar la ofensiva opositora en la Cámara de Diputados que intenta limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y derogar el decreto 846 –que flexibiliza las condiciones para canjear deuda–, la fuerza que lidera Mauricio Macri decidió volver a la carga para que el Presidente revea la reglamentación “restrictiva” de la ley de acceso a la información pública, que fue sancionada durante la gestión de Cambiemos.

En un nuevo intento de reforzar su agenda parlamentaria para preservar la identidad de Pro ante la posibilidad de que Milei termine de absorber su base de sustentación electoral, los diputados nacionales del macrismo presentaron un proyecto de resolución para reclamarle al Poder Ejecutivo que inicie el proceso de remoción de Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), a quien acusan de haber incurrido en la causal de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Después de las frustradas negociaciones para que el Gobierno revise el decreto 780/24, que fijó nuevos límites a los datos que pueden ser solicitados a través de la ley de acceso a la información pública, la bancada de Diputados que conduce Cristian Ritondo optó por redoblar la presión contra la Casa Rosada.

Vialidad | La secuencia de mensajes que revelan el rol de Cristina Kirchner en la defraudación

Los planteos para modificar la norma llegaron a oídos de Guillermo Francos, jefe de Gabinete, durante las reuniones de coordinación parlamentaria de los lunes en Balcarce 50, y de María Ibarzábal Murphy, secretaria de Planeamiento Estratégico, quien trabajó en la redacción del decreto 780 y responde a Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente. Sin embargo, las tratativas para consensuar una modificación se estancaron. Frustrados, los diputados amarillos retomaron la ofensiva por la vía legislativa. “Que alguien se haga cargo”, dijeron en la cúpula de Pro.

Con ese trasfondo, los macristas optaron en las últimas horas por apuntar contra De Anchorena, quien, durante su exposición del 8 de octubre último ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, aseguró que no “redactó ni avaló” el decreto reglamentario que estableció que deben preservarse los datos del ámbito “privado” de los funcionarios.

Con Silvana Giudici a la cabeza, los diputados de Pro se mostraron insatisfechos con las explicaciones que brindó la funcionaria, designada por Alberto Fernández en marzo de 2022 al frente de la AAIP. De Anchorena, una politóloga que supo integrar el Instituto Patria, la usina de Cristina Kirchner, tiene mandato hasta 2027. Para removerla de su cargo se requiere de la intervención del Congreso. Según el artículo 27 de la ley 27.275, el Poder Ejecutivo debe iniciar el procedimiento de apartamiento de la directora de la agencia y darle intervención a una comisión bicameral del parlamento, la cual debe emitir un dictamen vinculante.

A diferencia de Karina Banfi, vicetitular de la bancada de la UCR, quien propone derogar el decreto reglamentario ante la resistencia de Milei a dar marcha atrás y atender los reclamos de la oposición, Giudici sostiene que la agencia que preside De Anchorena tiene la competencia para modificar la ley de Acceso a la Información Pública, que Macri considera como un activo de su gestión nacional, o dictar normas interpretativas. “Lo estudiamos, pero no hay forma de derogar un decreto reglamentario. Sería inmiscuirse en otro poder o abrir la puerta para que el kirchnerismo pueda bajar decretos simples”, argumentan en la bancada de Ritondo.

Durante su exposición ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, que encabeza Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), De Anchorena reconoció que no intervino de manera “formal” en el expediente y que elevó el asunto sin que la Agencia emitiera un dictamen técnico-jurídico o una resolución. Además, sostuvo que la Dirección de Contenido y Normativa de la AAIP “redactó comentarios sobre los puntos críticos del decreto a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible una reunión”.

Giudici, quien protagonizó este miércoles un tenso cruce con Maximiliano Ferraro durante el debate sobre la regulación de las apuestas online, interpreta que la funcionaria no puede desconocer su responsabilidad en la elaboración del decreto de reglamentación. “Aun advirtiendo que la materia del Decreto 780/2024 era de su competencia, y el mismo podría resultar contrario, o excesivo a lo reglado por la Ley 27.275, la misma no dio cumplimiento con su intervención legal para realizar las observaciones pertinentes, ni realizó, posteriormente, ninguna presentación o intervención en el marco de sus funciones donde las expresara formalmente”, fundamentaron los diputados de Pro en el proyecto de resolución.

Por lo tanto, las espadas legislativas de Pro creen que el accionar de De Anchorena configura un “grave incumplimiento de los deberes” de funcionario público. Dado que la jefa de la AAIP admitió que no intervino en el proceso, Giudici, una dirigente cercana a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, subraya que el trámite que derivó en la elaboración del decreto 780/2024 quedó “viciado de nulidad”. En consecuencia, insisten en Pro, ese decreto de Milei debe “adecuarse y sostenerse a lo estrictamente establecido en la norma de origen”. Es decir, reclaman que Milei revise su decisión y la propia AAIP modifique la medida para preservar el espíritu original de la ley 27.275, que Macri considera una de las banderas de su administración nacional.

La nueva norma que dictó Milei establece que quedan fuera de la información que el Estado está obligado a dar los datos que “por su propia naturaleza” hacen “al ámbito privado del funcionario”. También introduce el concepto de “buena fe”, que permite sanciones a quienes la Justicia considere que abusan de los pedidos de acceso a la información. En el macrismo entienden que el decreto 780/2024, que firmaron Francos y Milei, “representa un retroceso en términos de transparencia y control público, elementos esenciales para el buen funcionamiento de nuestra democracia”. La medida también despertó el rechazo de organizaciones de la sociedad civil especializadas, como Fopea y Poder Ciudadano.

Incómodo ante la disyuntiva política que plantea Milei a Pro, Macri decidió reforzar el pedido al Gobierno para que fortalezca la institucionalidad. Después de la cumbre de la mesa ejecutiva del lunes, el bloque de Ritondo elevó junto con La Libertad Avanza y la bancada de la UCR, que conduce Rodrigo de Loredo, un pedido de sesión especial para el miércoles próximo con el objetivo de darle media sanción a los proyectos de Ficha Limpia, el voto de argentinos en el exterior y la reforma del Código Penal en materia de reincidencia y reiteración. Es parte de la lista de iniciativas que Ritondo había llevado a Karina Milei durante la cumbre del 9 de septiembre pasado en la Casa Rosada.

Pese a que representantes de Pro presentaron varios proyectos para modificar la ley que regula el tratamiento de los DNU en el Congreso, los macristas estimaron que podían pagar un costo excesivo ante su electorado si se sumaban a la ofensiva de la UCR, Unión por la Patria y Encuentro Federal para limitar el uso de esa herramienta. Interpretaron que no era el momento para modificar una norma que podría afectar la gobernabilidad de Milei, quien no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso. El lunes también evaluaron que Pro podía perder poder de fuego en la negociación con el Gobierno si la oposición avanzaba con la reforma. “Nuestra fortaleza está en Diputados, en el Senado solo tenemos siete senadores”, admiten en el macrismo.

Un país que respeta a las instituciones siempre tiene futuro.

Entre tanto, la Casa Rosada hizo un gesto para contentar a sus socios de Pro. Los altos mandos del partido están al tanto de una reunión entre el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y Ritondo para conversar sobre los pliegos de 150 jueces, fiscales y defensores que enviará el Poder Ejecutivo al Senado. En el encuentro del lunes también participó –de manera virtual– el exministro de Justicia Germán Garavano, uno de los consejeros judiciales de Macri. En la cúpula de Pro pretendían revisar los nombres de los candidatos para ocupar vacantes en puestos estratégicos de la Justicia.