Aunque Javier Milei delega la gestión de los servicios de inteligencia en gente de su confianza porque no son su materia de interés, los alrededores del tema comienzan a tornarse dilemáticos para el Presidente: el asesor todoterreno Santiago Caputo, uno de los hombres más influyentes del Gobierno, mantiene bajo su órbita todos los “fierros” del Estado para hacer inteligencia y diagrama con su gente una reforma del Sistema Nacional de Inteligencia. A su vez, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, elogiada por Milei por los operativos del miércoles pasado en las inmediaciones del Congreso durante la votación de la Ley Bases quiere ganar terreno más allá de su área. No hay emisores entre ella y Caputo, según supo este medio. Ambos hablan con el Presidente. Y los dos quieren manejar el joystick de la inteligencia.

Varias fuentes independientes entre sí dieron cuenta de que en las últimas semanas Bullrich dejó en claro a sus interlocutores que para combatir el crimen organizado requiere de más herramientas para que las fuerzas puedan fortalecer sus aparatos de inteligencia. Eso significa recibir más presupuesto para su cartera y más facultades para hacer desplegar actividades y operaciones de inteligencia. “Bullrich quiere llevarse todo para el Ministerio de Seguridad”, dijo a este diario un experto en la materia que conoce desde adentro las estructuras de inteligencia de las fuerzas de seguridad. “Es como un pac-man”, ironizó un experimentado funcionario que sigue con atención la disputa.

Más allá de que no es su rol primordial, en la actualidad las oficinas de inteligencia de las fuerzas de seguridad, que deberían cumplir un rol preventivo, trabajan de hecho como auxiliares judiciales en investigaciones penales. “Hoy en día todas las oficinas de inteligencia trabajan como auxiliares judiciales en investigaciones penales. La inteligencia tiene un rol preventivo, lo que pasa es que como no están claras sus funciones y genera mucha desconfianza, hace tiempo ya que se transformaron en auxiliares de la justicia”, dijo un investigador experto en temas de inteligencia, en alusión a las oficinas de la inteligencia de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Caputo busca evitar que las fuerzas de seguridad mantengan y ganen autonomía para hacer inteligencia en materia de seguridad interior. Quiere que todo quede nítidamente bajo la órbita de la Presidencia.

Mientras tanto, como informó LA NACION hace dos semanas, la venidera reforma de inteligencia implicará no solo un cambio de nombre y de estructura sino que la actual AFI sea subdividida en tres agencias abocadas a la seguridad interior, a los asuntos exteriores y a la ciberseguridad. El mundo del espionaje está pendiente de los cambios y de los casilleros por llenar. En los últimos días crecieron las versiones de que se restituirá la figura de subdirector, que fue eliminada durante la intervención por decisión de Cristina Caamaño. Y para ese lugar sonó el nombre de una abogada penalista que defendió a exagentes de inteligencia en una de las causas por espionaje ilegal de la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En paralelo, el nuevo interventor de la AFI Sergio Neiffert, que no es experto en la materia para la cual fue nombrado, se encuentra a cargo de una estructura que contiene capas geológicas de agentes nombrados a lo largo de las distintas administraciones y sin la estructura jerárquica completa. Más bien todo lo contrario; en los últimos días la cúpula que hasta ahora cumplía funciones al frente de las disintas direcciones quedó vacante.

Pero la puja no es solo por la inteligencia para la seguridad interior. Cerca de Bullrich también empujan para quedarse con los contactos internacionales. La ministra puso el ojo en el área de Defensa, que tiene bajo su órbita la Dirección Nacional de Inteligencia y Estrategia Militar (Diniem) y se interesó en colocar agentes en el exterior.

Como informó LA NACION, en los pasillos de la Cancillería, que conduce Diana Mondino, se notó revuelo por una descoordinación entre la Direccion de Inteligencia Criminal (Dinic) que depende del Ministerio de Seguridad y la AFI: ambas enviaron propuestas para cubrir cargos de inteligencia y seguridad con rango diplomático en el exterior. Algo que fue interpretado en esos pasillos como una suerte de competencia por los casilleros.

Esa superposición de propuestas para enviar espías al exterior comenzó a darse antes de la salida de Silvestre Sívori y Nicolás Posse del Gobierno. Por ese entonces, Bullrich y Posse ya se disputaban el manejo de la inteligencia de las fuerzas de seguridad. “Patricia quiere manejar los enlaces y la información desde acá”, dijo a este medio una fuente al tanto de las internas. En medio de este revuelo, trascendió que un miembro retirado de las Fuerzas Armadas que había llegado a la AFI por decisión de Posse y dejó el organismo en los últimos días quiso designar a familiares suyos como delegados en otros países. Desprolijidades que irritan a los castrenses.

Mientras la plasticidad del sistema nacional de inteligencia promete nuevos cambios, la semana pasada la Argentina recibió la orden de normativizar y regular el ingreso de información de inteligencia a los expedientes judiciales. El llamado de atención vino nada menos que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró responsable al Estado argentino por la no prevención y la impunidad del atentado a la AMIA, un caso en el que el espionaje se metió de lleno.