El Gobierno dejó bien claro que el paquete fiscal es lo que más le interesa de la próxima decisión que deberá tomar la Cámara de Diputados: aceptar los cambios introducidos en el Senado o ratificar la versión del proyecto que ella misma aprobó. “Hay que insistir en Ganancias y Bienes Personales”, declaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Paradójicamente, pese a esa decisión del “ministro político”, fuentes oficiales indicaron que lo importante para el Ejecutivo es que el equilibro de las cuentas públicas no depende de lo que decida el Congreso. Entonces, esta historia solo puede ser comprendida como una discusión por plata con ribetes políticos.

La Cámara Alta rechazó el regreso del Impuesto a las Ganancias y votó para dejar sin efecto un alivio en Bienes Personales que impulsaba el oficialismo. Independientemente del impacto en los contribuyentes, el próximo debate en Diputados involucra fondos que podrían nutrir o desfinanciar a la recaudación nacional y, en consecuencia, sumar o restar recursos coparticipables a las provincias.

Pero no todo es tan visceral. Resulta imposible resumir esta vicisitud en tan sólo ganar o perder. Contiene varios matices porque no da igual si regresa Ganancias sin el alivio en Bienes Personales o viceversa; tampoco si se quitaran los beneficios a contribuyentes cumplidores.

Por lo tanto, existen distintos escenarios con diferentes ganadores o perdedores, aunque todos ellos tienen dos conceptos en común: impacto fiscal limitado y efectos políticos desconocidos.

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el regreso del Impuesto a las Ganancias a la cuarta categoría generaría un ingreso extra de 0,43 puntos del PBI en 2024. Esto significa que la recaudación podría sumar unos $2,5 billones, según estimaciones privadas. Un detalle no menor de este dato es que más de la mitad de toda esa plata es coparticipable con las provincias.

Para ponerlo en perspectiva: el desafío del ministro de Economía, Luis Caputo, es reducir el rojo en 5,2 puntos del producto para llegar al déficit cero a fin de año. Es decir, la porción que le quedaría al Estado nacional del 0,43 que traería el regreso de Ganancias, que equivale a menos de la mitad de lo recaudado porque se trata de un impuesto coparticipable, parece un número chico aunque, en épocas del “no hay plata”, nada es desechable. Mucho menos para los gobernadores. Sobre todo en un año en el que el promedio por provincia de la caída de las transferencias de Nación es de 9,8% en términos reales hasta mayo. Es decir, perdieron uno de cada diez pesos que recibían, según consignó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

A propósito de la relevancia del Impuesto a las Ganancias y su vínculo con las provincias, el IARAF señaló que mayo tuvo un récord de dinero coparticipado. Según explicó, “las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más Impuesto a las Ganancias”.

Tal como consigna la OPC, de los 0,43 puntos del PBI que podrían ingresar por el regreso de Ganancias, unos 0,24 puntos del PBI, es decir, más de la mitad, tendrían como destino las arcas provinciales. Para ponerlo en plata, esto equivaldría a $1,3 billones.

En paralelo, el alivio en Bienes Personales sin ningún tipo de beneficio para contribuyentes cumplidores implicaría que las arcas públicas dejen de percibir 0,33 puntos del PBI. Entonces, el balance entre el regreso de Ganancias (0,43 puntos del PBI) y este tipo de reducciones en Bienes Personales arrojaría un saldo positivo para la recaudación del 0,1% del PBI.

La ecuación cambiaría en caso de que el beneficio a cumplidores en Bienes Personales fuera otorgado al 100% de los contribuyentes. El fisco perdería 0,48 puntos del PBI. Esta cifra excede a lo que, según proyecciones de la OPC, ganaría por el regreso de Ganancias (0,43% del PBI).

Por lo tanto, este escenario contempla una pérdida de 0,05 puntos del PBI. En función de la cantidad de cumplidores, el cálculo puede variar porque a menor cantidad de personas premiadas, menor sería el beneficio otorgado y, en consecuencia, se achicaría la pérdida proyectada o incluso podría revertirse.

Con respecto a Bienes Personales, el alivio en este impuesto provocaría, según OPC, una pérdida de 0,18% del PBI para las provincias siempre y cuando no se diera ningún beneficio para los cumplidores. En caso de que este último se otorgara al 100% de los contribuyentes, el rojo ascendería a 0,26 puntos del PBI, número que supera al 0,24 coparticipable de Ganancias. Esa pequeña brecha podría cortarse en función de la cantidad de cumplidores premiados.

Un detalle importante en este análisis, que ayuda a comprender la tranquilidad del Ministerio de Economía en relación a la discusión por el paquete fiscal en Diputados, es el que incluye a regímenes excepcionales que traerían recursos “extra” como el blanqueo y el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP). Este último propone adelantar el pago del tributo a fin de que el Estado garantice la estabilidad de las alícuotas a nivel nacional.

El equipo de Orlando Ferreres y Asociados (OJF) calculó que los recursos que el Estado absorbería por única vez en concepto del REIBP podrían ascender hasta 0,09% del PBI, al considerar un flujo normal de la dinámica del impuesto de Bienes Personales. A su vez, estimó que por el “blanqueo” aprobado, llamado Régimen de Regularización de Activos, la recaudación aumentaría 0,1% del producto. Por lo tanto, estos “extras”, que sumados equivalen a 0,19% del PBI, no sólo oxigenarán a la recaudación sino también revierten el peor escenario posible de pérdida (0,05% del PBI) que podría derivar de la votación en Diputados.

Por este motivo, fuentes oficiales señalaron a LA NACION que para el Gobierno lo importante es que el equilibrio fiscal financiero no depende del paquete que sancione el Congreso. De esta manera, se observa un cambio en los intereses detrás del resultado parlamentario que debe definir Diputados, tras la aprobación en general del proyecto de Ley Bases y las modificaciones que introdujo el Senado. Sin un impacto cuantioso en las arcas nacionales, son las provincias quienes se juegan mucho más que una ley, y los gobernadores, unos cientos de millones de pesos extra.