La “segunda etapa” del programa económico del Gobierno, que consiste en avanzar en el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA), podría tener un efecto colateral directo en los ingresos de las provincias. Sobre todo, podría afectar fuertemente a la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que en 2020 decidió gravar con ingresos brutos (IIBB) a los ingresos de los bancos por los pasivos remunerados del BCRA, que hasta entonces estaban exentos, para compensar la quita de los recursos provenientes de la coparticipación federal, que hizo la gestión anterior de Alberto Fernández.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, anunciaron su plan de eliminar los pases pasivos remunerados, que es la deuda de cortísimo plazo que emite todos los días el Banco Central para retirar pesos de circulación. Con ese plan, dijeron, buscan reemplazar ese instrumento con la letra de reprogramación monetaria (Leremo), que emitirá el Tesoro, para darle autonomía al Banco Central.

Esta decisión afectará directamente a los gobiernos provinciales que gravan con IIBB los pases, que dejarán de existir si el gobierno avanza con su plan. Entre las jurisdicciones que estarían afectadas de manera directa se encuentran, además de CABA, Catamarca, Mendoza, Misiones, San Luis y Tucumán.

Pero también a todo el resto de las provincias que, por lo general, tiene exenciones establecidas sobre los bonos nacionales, provinciales y municipales, pero dejaron abierta la posibilidad de aplicar impuestos sobre los intereses generados por los instrumentos del BCRA.

“Los bonos del Tesoro son títulos de deuda emitidos por el Estado nacional, provincial y municipal y se encuentran exentos de Ingresos Brutos. Los pases constituyen préstamos a corto plazo entre los bancos comerciales y el BCRA; se trata de operaciones financieras entre particulares que resultan susceptibles de ser gravadas. Ahora, los pases serán asumidos por el Tesoro, lo que implica su conversión a bonos y la imposibilidad de tributar por ello”, explicó Gabriela Russo, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta fue una de las preguntas que realizaron los banqueros en la reunión que mantuvieron ayer en el BCRA, ya que si las provincias no pueden gravar este instrumento, en la práctica significa una suba efectiva de la tasa de interés.

En el BCRA, mientras tanto, insistieron en la inconstitucionalidad de gravar rentas derivadas de instrumentos de regulación monetaria, más allá de que efectivamente se cobraron esos impuestos. “Hay juicios en trámite en la Corte contra la CABA y Mendoza”, dijeron en reserva.

“La mayoría de los códigos fiscales de las provincias tienen exenciones específicas para títulos públicos y las letras del Tesoro se han asimilado a este tratamiento impositivo. Por eso, por lo general, no hay ingresos brutos aplicables. No es que hay una regla en general que dice que no se pueden gravar las letras, sino que tienen este tratamiento asimilable a bonos públicos”, explicó Florencia Fernández Sabella, socia fundadora del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt (LFS)

“Esto igual no es la regla. Hay muchas provincias que gravan los títulos públicos, como Tucumán, que no tiene ninguna exención, o San Luis, que solo exime títulos públicos emitidos por su gobierno provincial. A los nacionales los grava”, agregó.

De igual modo se refirió el tributarista Martín R. Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asoc.: “Así visto, puede existir un efecto colateral para las provincias que tengan exentos los ingresos de las letras. Como se trata de una ley, no puede eliminarse la exención por decreto, sino que debe surgir de una ley aprobada por la legislatura de cada provincia. Solo están gravadas las letras, sin exención aplicable, en CABA, Catamarca, Mendoza, Misiones, San Luis y Tucumán. En el resto de las provincias, los ingresos de las letras están exentos de Ingresos Brutos”.

Los bancos, en tanto, anticipan que el conflicto continuará. “Que actualmente estén exentos de IIBB los títulos públicos no quita que alguna provincia trate de modificar su ley y decir que las letras provinciales y municipales están exentos, pero no los nacionales. Será una discusión con la Nación, pero acá es hecha la ley, hecha la trampa o la modificación de la ley”, dispararon en una entidad bancaria.

Pese a la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri no logró llegar a un acuerdo para que el Estado nacional cumpla con la orden de la Corte Suprema de devolver la quita de coparticipación. El último encuentro entre ambos exmiembros del Pro sucedió en abril pasado, en el cual Macri ratificó que seguirá cobrando IIBB para compensar los menores ingresos que llegan por coparticipación.

En este tiempo, la gestión de Milei no actualizó los fondos de la coparticipación, ni saldó la deuda acumulada de $522.114 millones. Actualizada por intereses, el reclamo asciende a $1,2 billones, según el gobierno porteño, que equivale a un 21% del presupuesto de la Ciudad.

“Es mucha plata. A diferencia del gobierno anterior, esta gestión sí reconoce que son fondos que hay que pagarle a CABA, más allá de que ‘No hay plata’. Venimos dialogando sobre el tema, y le dije al ministro que es hora de que encontremos un mecanismo para que se restituyan esos fondos”, dijo Macri días atrás.

Mientras tanto, su gestión mantuvo la política de su antecesor de compensar esta pérdida aplicando impuestos sobre los instrumentos del BCRA. Pero esto podría cambiar si Caputo y Bausili avanzan con el plan de eliminar los pases, al menos que el gobierno porteño quite la exención que le impide gravar IIBB a los títulos del Tesoro. Para eso, debería mandar un proyecto de ley a la legislatura porteña.

Mientras tanto, diferentes actores que participaron en la reunión entre banqueros y el equipo económico dijeron a LA NACION que los funcionarios “vendieron” la operatoria como un beneficio, ya que van a “tener mejor rentabilidad sobre estos títulos”, al estar exentos de IIBB.

Con Mauricio Macri como presidente, el gobierno porteño estableció explícitamente que las letras del BCRA quedaban exentas, para no generar “ruido” durante la licitación de las Lebac que implementaba el entonces presidente de la entidad, Federico Sturzenegger. En 2020, cuando comenzó el conflicto de coparticipación con la administración anterior, esa exención se quitó.