El gobernador Ron DeSantis vetó una ley aprobada por la Legislatura de Florida que impedía a los gobiernos locales de ese estado frenar la construcción de viviendas para trabajadores agrícolas cuando no cumplieran con las regulaciones específicas de cada jurisdicción. En una carta oficial, el mandatario explicó las razones de su decisión.

La “Ley sobre Vivienda para Trabajadores Agrícolas Legalmente Verificados, CS/SB 1082″, buscaba eliminar las restricciones locales que obstaculizaban el desarrollo de viviendas en terrenos agrícolas. Sin embargo, entre las causas que lo llevaron a optar por el veto, DeSantis señaló la posibilidad de que la nueva regulación pudiera llegar a incentivar la contratación de trabajadores indocumentados en las granjas del estado.

“Los términos del proyecto de ley se aplican a los trabajadores agrícolas inmigrantes legales, pero el proyecto de ley no incluye los medios para hacer cumplir esta limitación y podría allanar el camino para la vivienda de los trabajadores extranjeros ilegales”, planteó DeSantis en el comunicado de su web oficial, donde además destacó que “los gobiernos locales actualmente tienen la capacidad de establecer pautas y estándares uniformes a través de sus ordenanzas de zonificación que mejor se adapten a cada comunidad agrícola”.

Aunque la iniciativa había cosechado apoyos de distintas corporaciones rurales, como la Asociación de Industrias de Florida (AIF, por sus siglas en inglés), la Coalición Agrícola de Florida (FAC, por sus siglas en inglés) y el Comisionado estatal de Agricultura, Wilton Simpson, el gobernador DeSantis decidió frenar su implementación en el marco de su agenda anti-inmigratoria y su consecuente intensificación de la verificación migratoria de este tipo de trabajadores.

El proyecto que había sido aprobado de forma unánime en ambas cámaras de la Legislatura floridense prohibía a los gobiernos locales inhibir la construcción e instalación de viviendas en granjas para trabajadores agrícolas si las viviendas cumplían ciertos criterios relacionados con la ubicación y la construcción.

Así, la normativa que ahora quedó trunca establecía que las ordenanzas locales debían cumplir con las normas estatales y federales para las viviendas de los trabajadores agrícolas migrantes, incluidas las normas adoptadas por el Departamento de Salud y las normas federales en virtud de la Ley de Protección de los Trabajadores Agrícolas Migrantes y Temporales o el programa de visas H-2A. Por consiguiente, a las autoridades locales se les permitía únicamente adoptar normas de uso de la tierra menos restrictivas.

De esta manera, la nueva regulación promovía la contratación de este tipo de trabajadores esenciales para las temporadas de siembra y cosecha y buscaba eliminar procesos burocráticos innecesarios en el desarrollo de sus viviendas con el objetivo de aliviar la escasez de mano de obra en el sector.

Por otra parte, el proyecto de ley previa las circunstancias que exigían la eliminación o el desuso de dichas viviendas y los requisitos de mantenimiento de registros para los propietarios de los terrenos destinados a ellas. Además, establecía que la construcción o instalación de viviendas para empleados agrícolas de temporada en las áreas de preocupación estatal crítica de los Cayos de Florida y la ciudad de Key West está sujeta al sistema de asignación de permisos vigente para esas áreas.