De perfil bajísimo, pero con una centralidad indiscutida en el círculo de mayor confianza del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunió este mediodía en la Casa Rosada con un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA). El encuentro fue en la previa a la apertura del año legislativo que encabezará el jefe del Estado, a las 21.

La reunión de Posse fue para encarar la agenda parlamentaria y “hablar de lo que viene y articular el trabajo Ejecutivo-Legislativo”. El encuentro se sumó al que encabezó el propio presidente, en la mañana del miércoles con la casi totalidad de sus representantes en la Cámara Baja.

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En el encuentro de hoy estuvieron presentes más de 40 legisladores, entre diputados y senadores, el Presidente de la Cámara baja, Martín Menem; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Relaciones Parlamentarias y con la Sociedad Civil, Omar De Marchi, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Entre los legisladores estuvieron Marcela Pagano, Bertie Benegas Lynch, César Treffinger, Lisandro Almirón y Gabriel Bornoroni, entre otros.

Todo se da en medio de las versiones que indican que el Poder Ejecutivo podría insistir en las próximas horas con el envío de la ley de Bases u ómnibus, al Congreso de la Nación, tras haberla retirado del recinto a comienzos de febrero.

Es más, en el Gobierno hay confianza en ese sentido, no solo de que se puede volver a mandar, sobre lo que hay distintas versiones sobre las formas en que podría llegar a ir, y también un optimismo de que podría aprobarse “a libro cerrado”. Algo que no se logró en la primera oportunidad, sino todo lo contrario.

Ni bien arranque el período de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de leyes que tendrán como base la frustrada Ley de Bases que naufragó en el Congreso. No serán una réplica de los capítulos que quedaron truncos con la caída del proyecto; según trascendió, las nuevas iniciativas vendrán remozadas con modificaciones a partir de lo ya negociado con la oposición dialoguista.

“Van a venir una cantidad de leyes del Poder Ejecutivo, pero con cambios respecto de la redacción original”, deslizó un legislador de La Libertad Avanza que participó este mediodía de la reunión que compartieron diputados y senadores con el jefe de Gabinete Nicolás Posse.

En ese conjunto de nuevos proyectos que enviará el Gobierno estará incluido el paquete fiscal que fuera retirado de la ley ómnibus por el Poder Ejecutivo para facilitar el tratamiento, que finalmente terminó trunco. Ese paquete fiscal incluía una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales; según trascendió, el oficialismo confía en que estas dos iniciativas se aprueben sin mayores dificultades ya que la recaudación sería coparticipada entre las provincias, por lo que los gobernadores y la oposición dialoguista darían luz verde.

Posse, cuya voz aún no se conoce públicamente, ocupa un rol central en el entramado de la administración libertaria y concentró todavía más poder esta semana que el que ya tenía. El lunes, a través de unos de los decretos firmados por el presidente, se supo que presidirá la tutela de los derechos de las acciones de organismos estatales como Corredores Viales SA, Agua y Saneamientos SA (AySA) y la Administración General de Puertos (AGP). También acumuló bajo su área un tema tan sensible como estratégico: las competencias relacionadas a telecomunicaciones, servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y servicios postales.

A comienzos de enero ya había quedado oficializado que Posse tendría bajo su órbita la privatización de las empresas estatales, una responsabilidad que incluirá, según informó el Gobierno: “La designación de directores o interventores de sociedades estatales, sociedades con participación estatal o cualquier otra forma empresaria donde el Estado, en usos de sus derechos de participación o representación, deba designar autoridades debe contar con la previa y expresa intervención de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.