Con la promulgación de tantas leyes en los diferentes estados de EE.UU., algunas de ellas pasan desapercibidas a pesar de su impacto significativo. Tal es el caso de la Ley de Procesamiento de Conductores de Texas, firmada por el gobernador Greg Abbott, que entró en vigor el 6 de febrero de 2024. Aunque menos conocida que otras normativas, esta legislación tiene consecuencias relevantes para conductores y migrantes.

Todo se enmarca dentro de la Operation Lone Star (Operación Estrella Solitaria, en español), que fue lanzada en marzo de 2021 para abordar la inmigración ilegal utilizando recursos estatales para arrestar, detener y deportar personas. Con un financiamiento de casi 10.000 millones de dólares, ha criminalizado a muchos extranjeros que buscan seguridad o reunificación familiar en Estados Unidos. Asimismo, promueve en cierto sentido el perfil racial al tiempo que ha incrementado la encarcelación de personas de color.

El Proyecto de Ley del Senado de Texas 4 ( SB 4 88S3 ), conocido como Ley de Procesamiento de Conductores de Texas, amplía las medidas de Operación Estrella Solitaria al aumentar las penas para delitos relacionados con el “tráfico de personas” y establecer sentencias mínimas obligatorias severas. Según el texto oficial, no es necesario probar la intención criminal de traficar personas, sino que basta con la intención de ocultarlas, lo cual es interpretado de manera amplia por las fuerzas de seguridad. Esto significa que cualquier conductor con un pasajero sin estatus legal puede ser acusado de tráfico.

Las sentencias mínimas obligatorias impuestas por la nueva ley son severas y desproporcionadas en comparación con delitos similares a nivel federal. Mientras que la sentencia promedio por “tráfico de extranjeros” a nivel federal es de 15 meses, la ley texana impone mínimas de diez a 15 años, profundizando las disparidades raciales en el sistema legal criminal. Estas sentencias afectan desproporcionadamente a las comunidades extranjeras en Texas.

La ley ha creado un clima de temor entre los texanos de diversas comunidades. Dado que uno de cada seis residentes de Texas es inmigrante y casi 1,4 millones de ciudadanos estadounidenses viven en ese estado con un familiar cuyo estatus es irregular, miles de personas podrían ser procesadas por simplemente transportar amigos, vecinos o miembros de la familia, según remarca Human Rights Watch. La ampliación del enfoque amenazaría con desestabilizar la vida cotidiana de muchos, destaca la organización.

Bajo la OLS, la Policía ha llevado a cabo persecuciones semanales que resultan en heridos y muertos, tanto migrantes como texanos. Ese observatorio social indicó que entre marzo de 2021 y julio de 2023, al menos 74 personas murieron y otras 189 resultaron heridas en 49 persecuciones relacionadas con este programa. Las nuevas disposiciones legales aumentan la base para estos operativos, poniendo en riesgo a más personas.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, la mayoría de los procesados por tráfico en Texas son jóvenes estadounidenses. Datos de Human Rights Watch indican que el perfil típico de un “traficante” es un ciudadano estadounidense en sus 20 años, reclutado a través de redes sociales para transportar personas a cambio de dinero. De los aproximadamente 3500 arrestados bajo la ley anterior, unos 3000 cumplían con estas características, con una edad media de 26 años.