Los allanamientos realizados sobre dirigente piqueteros, donde se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes sociales que recibían del Estado, fueron el producto de una investigación donde se detectó una estructura jerárquica de cinco niveles, en la que los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos. El análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp reveló también un sistema extorsivo, con premios y castigos por marchar, vender comida del Estado o realizar otros encargos.

El caso se inició en diciembre del año pasado, antes de la primera gran marcha piquetera contra Javier Milei, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar supuestas extorsiones que realizaran piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a las manifestaciones. Hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2720 y 924 se transformaron en denuncias. Unos 45 casos fueron denunciados en la ciudad de Buenos Aires y sobre ellos se centró la investigación del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

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Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas directas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. El fiscal pidió allanar, detenerlos e indagarlos, pero el juez prefirió primero tomar declaraciones testimoniales. Hasta que la Cámara Federal dispuso los allanamientos realizados hoy.

Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.

La investigación logró precisar al menos tres grupos de personas relacionadas con la gestión del Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, los que se dedicaban sistemáticamente a exigirles dinero a esas personas vulnerables, a quienes les reclamaban “cápitas”, “cuotas” o “alquiler de comedor”, y los cobraban por la entrega de alimentos que recibían gratis del Gobierno.

Según la investigación, también los obligaban a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia, y los forzaban a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas, a repartir volantes de los candidatos, bajo amenaza de que, en caso de no cumplir, se les daría de baja de la prestación social o se les negarían los alimentos y la mercadería.

Fuentes judiciales indicaron que se comprobó la existencia de un sistema de control donde a las personas que no acudían a las manifestaciones se las sancionaba. Se tomaba asistencia en las movilizaciones al comienzo y al final, y se armaba una “lista de castigados” que debían “reparar” su mácula mediante el cumplimiento de nuevas tareas o el pago de una multa de hasta 10.000 pesos por la ausencia a cada marcha.

Se les exigía “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes”. Por ejemplo, de turnos médicos o trámites, y como castigo también se les prohibía retirar comida durante determinado tiempo.

El fiscal Pollicita, al fundar la necesidad de indagar a los sospechosos, dijo que estableció la existencia de estructuras piramidales al interior de cada comedor.

Dijo que los que están en el estrato inferior se ubican en “listas de espera” y son personas que esperan cumplir determinadas movilizaciones para acceder al Plan Potenciar Trabajo; por encima de ellos, en un segundo escalón, están los “beneficiarios comunes”, que perciben la prestación social y, a cambio, se les exige dinero y su asistencia a las movilizaciones.

En un tercer escalón, señaló el fiscal, se encuentran personas a las que se los anota como beneficiarios del doble de la prestación social, a cambio de exigirles, además del dinero y las “movilizaciones”, otras tareas. Se los denomina “cuadrilla”, “esenciales” o “nexo”. Por encima de ellos, en un cuarto estamento, están los “delegados”, que perciben a veces el doble, triple o cuádruple de dinero, y exigen plata al resto, cobran las cuotas y dirigen las sanciones.

Y, finalmente, está el quinto escalón de la pirámide, conformado por los “referentes”, que dirigen la actuación de los delegados, intimidan a las víctimas y controlan la recaudación y la asistencia a las “movilizaciones”.

Entre los investigados hay referentes del Polo Obrero que estarían en el escalafón superior a los referentes de cada comedor, entre los cuales se identificó a Jeremías Cantero, que coordinaba el funcionamiento de varios comedores e intervenía desde en la toma de decisiones acerca de las exigencias de dinero y extorsiones, señaló el fiscal Pollicita. E identificó además a Elizabeth del Carmen Palma, quien se ocupaba de cargar en el sistema informático los datos que permitían que las víctimas cobraran o dejaran de cobrar el plan social.

Cantero y Palma, según la acusación, intervendrían en las decisiones sobre el destino del dinero. Así, en una escucha telefónica del 27 de marzo pasado de 2024, Palma hablaba de la posibilidad de que la investiguen por lavado de dinero y por las “cooperativas que están recibiendo las cápitas”, y Cantero le contestó que debían pensar “un plan de adónde va eso”. Por eso la fiscalía sospecha que se canalizaron fondos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”.

También se detectaron los chats de Patricia Iramain, que publicó una lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las “movilizaciones”, o que serán degradadas a la última categoría (“lista de espera”) por esa razón, mientras que a otros les dice que “ingresan a comedor” por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las “movilizaciones”.

En uno de los chats, una de las víctimas pide que se le tenga por justificada la inasistencia a una “marcha” y adjunta una constancia del turno médico y laboratorio que le impidió ir y en otra una víctima pregunta si la falta justificada sirve o no como asistencia. En otro chat, ante una pregunta puntual de una víctima, se le informa que está “sancionada” por no pagar el “alquiler del comedor” y que por eso no podrá retirar mercadería en todo el mes.

Asimismo, en otros chats se describe el sistema de “castigos” por no cumplir con las exigencias de los referentes, que no solo incluía la publicación de “listas de castigados” o “sancionados”, sino que también se les daba la posibilidad de “reparar” ese “castigo” a través de hacer diversas tareas.

Otro de los acusados, Gustavo Vásquez, escribió en un chat que “son muy pocos los que movilizan por conciencia” y, por eso, hizo que la “marcha” (que antes era una invitación) pasase a ser “obligatoria” y contara como “movilización”. Y avisaba: “De ahora en más yo dejo de ser permisivo” y que si tenía que “recategorizar” a alguien lo iba a hacer, para pasarlo a “lista de espera”.

Algunos párrafos de lo que declaran los testigos son significativos. “En las reuniones Gianni y Tango les gritaban y amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo”, es uno de los testimonios. “Los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo teníamos que pagar 2500 pesos mensuales a los delegados, y a medida que ibas subiendo de nivel tenías que pagar más plata, dependiendo de la plata que recibías. Cuando no vas a las marchas y no pagás los 2500 pesos te bajan de categoría, por ejemplo, de ‘cuadrilla’ a ‘beneficiario común’”, relata otro.

Otra persona declaró: “Las amenazas las dicen verbalmente, a mí personalmente me amenazaron varias veces, gritándome”. Señaló que la gente que “trabaja en el comedor sale a vender por el barrio los alimentos que da el Gobierno”. Ese testigo mencionó que las referentes de su comedor eran “Gloria y Rossmery”, a quienes les temían. “Iba a manifestaciones y repartía volantes de los candidatos cuando había elecciones, por ejemplo, en las elecciones presidenciales repartí volantes de Massa por el barrio. Además, a veces cocinaba pan casero, chipa, bizcochuelo, que después vendían en el barrio y esa plata se la quedaba Gloria Paraguay, que es la coordinara del comedor. Todo esto lo hacía porqué si no Gloria me decía que me cortaban el plan”, mencionó.

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Otro testigo habló de que retiraban la mercadería del Gobierno en el comedor más o menos una vez por mes, pero cada vez tenían que pagar 1500 pesos, a cambio de una bolsita con aceite, harina, leche o arroz. “Tuve que por lo menos ir un año al comedor y asistir a las movilizaciones para poder acceder al Plan Potenciar Trabajo”, dijo otro, y mencionó que “a todos los integrantes del comedor nos cobran un 2% del dinero que obtenemos del Plan Potenciar Trabajo y cada 15 días tenemos que pagar 1000 pesos para que nos den las dos raciones de comida que recibo los días que cocino”. Si se ausentaban en más de tres marchas le daban de baja al plan, completa el relato.

Las intervenciones telefónicas probaron estas prácticas. En una de ellas, Cinthya Delgado habla con el referente de un comedor, Gustavo Vásquez, y se queja porque los beneficiarios quieren acceder a la comida que reparte el comedor: “Que paren un poco, porque se están llevando un plan, se están llevando comida, van al comedor ¿y encima les tenemos que dar más cosas? (...) Si quieren venir, que vengan y si no, que se vayan todos a cagar, punto. Porqué vos sabés cómo está la cosa, que está re difícil”, dice Delgado. Vasquez le pregunta: “¿Yo puedo retirar algo? ¿Hay algo para mí?”. Delgado le contesta que sí y le dice: “Así te llevás tu pollo, tu carne, todo, ravioles, lo que es fresco”.