Las víctimas de la dictadura, entre 1976 y 1983, han sido registradas por el Estado nacional en tres oportunidades y, a esta altura, no debería haber ninguna polémica sobre cuántas fueron, en especial porque esos números surgieron de las denuncias de parientes, amigos, compañeros y abogados de esas personas.

El último de esos informes es el más actualizado y más confiable. Cuando escribí mi libro Los 70, hace cuatro años, el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado indicaba que en la dictadura hubo 6348 desaparecidos más 952 muertos reconocidos, 7300 personas en total.

Se trata de un programa creado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y puede ser consultado en el sitio de internet de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El número total varía cada año en función de nuevas denuncias y de bajas por irregularidades, pero muy poco, por lo cual es imposible que se llegue a los 30.000 desaparecidos que siguen reclamando los organismos de derechos humanos y diversas fuerzas políticas, como el kirchnerismo y los partidos de izquierda.

En todo caso, esas cifras son similares a las que había registrado en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y luego, en 2006, una versión actualizada de aquel informe original de la misma comisión.

Esta versión de 2006 fue impulsada por el entonces presidente Néstor Kirchner y, entre otras novedades, incorporó un anexo con otras 1.169 personas que figuraban como “desaparecidos” o víctimas de “ejecución sumaria” entre el 1 de enero de 1969 y el 24 de marzo de 1976, es decir, antes de la dictadura que se inició en esta última fecha, en un periodo que incluyó los gobiernos democráticos del peronismo entre 1973 y 1976.

Es que para el kirchnerismo no se trataba ya de honrar e indemnizar a las víctimas de la última dictadura sino también a todos “los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad”, como dice la leyenda del emblemático monumento del Parque de la Memoria en la Costanera porteña.

Claro que ni aun así, y ni siquiera con incorporaciones posteriores que ahora se remontan a 1955, logran llegar a los 30.000 de los carteles que se vieron el domingo en la Plaza de Mayo.

En el mejor de los casos esta cifra ha quedado como un símbolo de los crímenes del último gobierno militar. Pero desde un punto de vista histórico, o meramente periodístico, es falsa.

La pregunta es por qué tantos se resisten a reconocer que las víctimas fueron menos siendo que 6348 o 7300 personas constituyen una matanza repugnante.

En el caso del kirchnerismo o de la izquierda, creo que siguen en este tema a los organismos de derechos humanos, en especial a las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

El miedo es siempre una fuerza muy poderosa. Creo que los organismos de derechos humanos temen que, si reconocen que fueron menos, deban también explicar por qué tardaron tanto tiempo en admitir esa verdad y pierdan la legitimidad que aún conservan.

Además, hay una cuestión política, de poder. Los 30.000 son una bandera deshilachada por las evidencias, pero que todavía tiene su arrastre y sirve para mantener unido a un grupo de fieles bastante numeroso, minoritario, pero movilizado y sonoro. Y para que sus liderazgos puedan hacerse valer dentro del kirchnerismo y de la izquierda en general.

El autor es periodista y escritor; su último libro es Padre Mugica.