Los ministros de Economía lo saben. Hay una variable aún más difícil de controlar que la inflación y es la credibilidad. Lo sabe también el Gobierno que, tras los primeros acercamientos con empresarios en Davos y en el viaje presidencial a Roma, volvió a poner el foco en ellos para que den el primer paso hacia la recuperación económica. “Pónganse optimistas, lárguense, no nos quedemos de brazos cruzados”, arengó el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada en un almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Un día más tarde, los líderes del G-6 recibieron un mensaje parecido de boca del Presidente: dejen de especular con una nueva devaluación brusca, que no habrá, bajen los precios y empiecen a invertir. En otras palabras: “crean”.

Pero la confianza no es algo que se pueda imponer por decreto o resolución. Son los empresarios los que tienen que empezar a mover la rueda de la economía con inversiones en un mercado que por ahora se encoge.

Hay un dicho anglosajón: “Pon el dinero donde está tu boca”. Por ahora, más allá de algunos elogios públicos y de la afinidad que sienten con las ideas de Javier Milei, son pocos los que creen que estén dadas todas las condiciones para hacerlo. No lo expresan abiertamente, porque pese al entusiasmo genuino que les despiertan las reformas que busca el Gobierno, deberían exteriorizar también sus reparos y nadie quiere quedar expuesto a la ira del Presidente en las redes sociales.

La falta de incentivos a la inversión, las asimetrías impositivas, la continuidad del cepo y la ausencia de crédito, todo en medio de un escenario aún incierto, son trabas que enumeran en privado para explicar por qué les cuesta “largarse”, y que se suman a las de índole político como las dificultades del Poder Ejecutivo para pasar sus proyectos por el Congreso, alcanzar consensos con los gobernadores o lidiar con la situación social. Caputo acaba de relativizar esas dudas; sugirió que muchas son en realidad lugares comunes. “La gente es hoy la nueva gobernabilidad”, propuso, como garantía de que el Gobierno avanzará con o sin el respaldo de la política tradicional.

No todos lo ven así. “La gente alcanza para ganar las elecciones, pero no para convencer y ganar la confianza de los inversores”, dice uno de los integrantes del G-6 ante la consulta de LA NACION. A las idas y vueltas de la “ley de Bases” y el aún incierto devenir del DNU desregulador, el Gobierno contrapone los índices de popularidad de Milei. No obstante, un modelo plebiscitario, apoyado sobre pilares tan volubles como la opinión pública, difícilmente atraiga inversiones que requieren años de previsibilidad. Con ventas en caída y capacidad ociosa en las fábricas son muchos los que prefieren esperar.

“Los veo un poco ingenuos”, contesta el CEO de un grupo nacional de primera línea cuando se lo consulta sobre el gobierno libertario. “¿Cómo saben que todo va a ser como ellos piensan si yo no sé qué va a pasar el mes que viene? Los demás también juegan. Empresas serias, grandes, sólidas, con presupuestos enormes le erran bastante”, razona el ejecutivo. “No hay crédito, no hay beneficios fiscales para las empresas como los que dan Brasil, España o Uruguay; no te dan reintegros, no te dan los dólares para importar, ¿dónde está el apoyo a la producción?”, se pregunta otro hombre de negocios. Son, con todo, reclamos que hoy se barren bajo la alfombra; prefieren valorar que -a diferencia del gobierno de Macri- Milei pide acompañamiento luego de haber hecho el ajuste, no antes. “Con un país con 50% de pobreza no podés pedir mucho, simplemente que no nos jodan”, concede.

Los 100 días de gestión encuentran a los libertarios parados en la encrucijada entre los objetivos de largo y corto plazo. Que estos últimos hayan ido avanzando sobre los primeros se explica por la debilidad y el aislamiento político. Obsesionado con las encuestas, el Gobierno tiene la necesidad de mostrar resultados rápidos en la lucha contra la inflación y atemperar la pérdida de poder adquisitivo, las principales preocupaciones de la gente.

La brusca corrección de precios relativos y la caída de ingresos, sin un plan de transición que fuera moderando sus efectos, amenazaba esa estrategia y habilitó nuevos métodos. Fue en ese punto donde el Gobierno abandonó la neutralidad y convocó a las empresas de consumo masivo para que bajen los precios de lista y no a través de promociones que no impactan en el IPC que mide el Indec. No se trata solo de mostrar una inflación en baja; el objetivo también es desinflar expectativas en las paritarias, otro frente que el Gobierno sigue de cerca en silencio.

Un capítulo aparte es la mejora de las condiciones para la importación de alimentos y medicamentos como herramienta para disciplinar a los fabricantes locales. “Les estás dando a los supermercados un poco más de poder de negociación inmediatamente porque con esto pueden no dejarse presionar tanto por los productores. Esperamos que tenga impacto ya en este mes”, se ilusionan en el Ministerio de Economía.

En el sector privado, en cambio, la ven como una medida más simbólica que efectiva y una señal contradictoria. “Nos dicen que todavía no se pueden bajar impuestos, pero nos ponen a competir con países que tienen menos impuestos que el nuestro”, lamenta un empresario.

El cambio de fórmula para las jubilaciones, que aunque no compensa la licuación no la profundiza, y la decisión de demorar algunos ajustes de tarifas de servicios públicos, de transporte y en los combustibles son parte de la adaptación a esas nuevas necesidades políticas y sociales.

La salida de los cepos al mercado cambiario y el comercio exterior ha vuelto a instalarse con fuerza como la tierra prometida para el ansiado repunte de la economía y de la inversión. Tanto el líder libertario como su ministro de Economía afirman que es indispensable para lanzar un régimen de libre competencia de monedas que “aniquile la inflación definitivamente”.

Un informe del Ieral compara los requisitos de esa eventual medida a los que precedieron al plan de convertibilidad, en 1991. “De lo contrario, habría huida del peso y más inflación”, advierte. Para que eso no suceda habla de dos condiciones fundamentales: contar con dólares suficientes para hacer frente a la demanda inicial sin tener que fijar un tipo de cambio extravagante y una estabilidad económica que haga que los ahorristas se queden en pesos sin necesidad de contar una tasa de interés muy alta que mate el crédito y complique al Banco Central. Ahí es donde entran en juego los famosos US$15.000 millones que buscaría el Gobierno mediante préstamos del exterior.

Horacio Tomás Liendo, uno de los padres de la convertibilidad, niega estar asesorando al Gobierno, aunque recomienda una hoja de ruta en la que se declara el curso legal del dólar, se eliminan el cepo y el control de cambios, se deroga el régimen penal cambiario y se modifica la carta orgánica del Banco Central. “También deberían eliminarse el impuesto PAIS y el impuesto al cheque para que el costo transaccional entre monedas sea igual a cero. Si el trabajo en el frente fiscal está bien hecho, el Central solo emite los pesos que la gente demanda; requiere de una gran disciplina y de una mirada de largo plazo”, agrega.

El Gobierno está en pleno desafío de mantener altas las expectativas de salida y, al mismo tiempo, calcular bien la jugada para no equivocarse. “Hay que asegurarse de que cuando flotemos no va a pasar nada, que nadie piense que el dólar se escapa”, reconoció Caputo. ¿Quién se atrevería hoy a afirmarlo?