Hasta 2016 casi nadie hablaba de desinformación, pero desde entonces creció la preocupación por el fenómeno, así como las medidas para contrarrestarlo desde las plataformas, el periodismo y los marcos legales. Loreto Corredoira, profesora titular e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, codirectora del Observatorio de la Desinformación de esa entidad, estudia el marco legal del entorno digital, dentro del que se encuadran este y otros desórdenes informativos.

Aunque los políticos de izquierda o derecha suelen calificar de fake news (noticia falsa) a toda información que los ponga en apuros, los estudios muestran que la desinformación nace sobre todo en las usinas políticas. Un objetivo de la propaganda es sembrar dudas y escepticismo. Para eso se sirve de operadores que se hacen pasar por periodistas o medios de prensa. Corredoira los identifica, sin embargo, como pseudomedios.

El periodismo no debe resignar el rol de ser quien da la información veraz, la mejor posible. Esto es clave. No todo es posverdad o relato

Su equipo de investigación estableció seis prácticas profesionales que distinguen a los medios periodísticos de los que se hacen pasar por tales aunque no lo son. Un medio profesional es aquel que distingue información de opinión, identifica la autoría de las noticias, ofrece un pie editorial con datos claros de la empresa, tiene directivos responsables, usa agencias de noticias internacionales y actualiza diariamente las noticias. “Con menos de tres de estas variables se trata de un pseudomedio –señala–. Si le faltan más, estamos ante un panfleto que se genera para difamar y distorsionar”. Así, su equipo identificó setenta pseudomedios en España.

La entrevista se realizó en Santiago de Chile, donde Corredoira se reunió con un equipo de seis investigadores de universidades españolas y cinco de Iberoamérica que está desarrollando el proyecto “Garantías frente a la desinformación en procesos electorales”. El programa, que la experta dirige junto con el jurista Rafael Rubio, es financiado por la Agencia Estatal de Investigación española y la Unión Europea, y tiene como objetivo analizar la desinformación en los procesos electorales así como las acciones de las autoridades para contrarrestarla.

Los datos preliminares de España, Chile, Ecuador y la Argentina señalan que la desinformación es un fenómeno con peculiaridades en cada país, aunque en todos se dirigió, principalmente, a desacreditar los actores políticos que participaban de las elecciones. En España hubo algunas noticias falsas para desacreditar el sistema electoral y sus autoridades. Lo que difiere en cada país son los canales por los que circulan las fake news, que no solo viajan por las redes sociales. “En las elecciones de España hubo muchas incidencias de WhatsApp y TikTok, pero también fueron muy importantes los pseudomedios digitales –dice Corredoira–. En las elecciones de Chile encontraron más relevante el papel de Twitter, y en las de la Argentina, el de la televisión”.

–¿Qué has visto en más de diez años de seguimiento de los desórdenes informativos?

–Aunque la preocupación por la desinformación ha crecido exponencialmente, en la práctica las desinformaciones no son tantas, como venimos comprobando en los grupos de investigación. Al analizar las fake news que se identificaron durante las elecciones vemos que apenas superan el centenar en cada caso, aunque algunas puedan ser muy virales. A la vez, las instituciones públicas responsables de velar por el proceso electoral son más conscientes de él, como vemos en el caso del Servicio Electoral de Chile (Servel), la junta electoral en España o la Argentina, o la Comisión de Venecia en el ámbito europeo. Cada vez más, los países están tomando medidas y aprobando normas contra divulgación de contenidos desinformativos, discursos de odio o de apología de la guerra.

–En la Argentina la interpretación de esas regulaciones generó polémica. Hemos visto presidentes tipificarse como víctimas de discurso de odio, figura pensada para grupos vulnerables.

–También en España ha pasado eso con las manifestaciones frente a la sede del Partido Socialista Español (PSOE) a raíz la ley de la amnistía. Llevaron a juicio por discurso de odio a quienes colgaron un monigote de Pedro Sánchez. La juez ha dictaminado que la mala educación no es ilegal y el auto de sentencia recuerda que el discurso de odio es para proteger a minorías vulnerables, no a líderes políticos. La crítica puede ser muy desagradable o hiriente, pero es lícita. El delito del odio no puede ser un cajón de sastre donde toda disonancia se considera un delito.

Hay muchísimas evidencias de que Russia Today es un pseudomedio. Una es la clara financiación del estado ruso

–¿Cómo distinguir el pluralismo de voces con la propaganda distorsionadora de los pseudomedios?

–Que haya pluralismo desde el punto de vista ideológico es sano, pero eso no quiere decir que no exista un mínimo común denominador para la información periodística. Debemos reconocer el derecho del público a la verdad objetiva y el derecho a la información veraz. El pluralismo que debe existir es en las ideas, no en la versión de los hechos.

–En América Latina se cuestionó la prohibición de emitir en Europa a Russia Today, caso que has estudiado en detalle.

–Hay muchísimas evidencias de que Russia Today es un pseudomedio. Una es la clara financiación del estado ruso. Eso de por sí no es malo, porque Radio y Televisión Española está pagada por el estado español y eso solo no significa que sea un pseudomedio. Pero Russia-Today forma parte de la acción diplomática exterior. Es un medio de comunicación al servicio de una propaganda especialmente hostil a las democracias occidentales. Y luego hay un tema que fue muy importante en la decisión de Europa. Todos los países hemos firmado el Pacto internacional de derechos políticos y civiles de Naciones Unidas en 1966, que prohíbe la apología de la guerra. Ese fue un argumento bastante importante. Ahí es donde es donde se cerró el grifo.

–Al analizar desde afuera el proceso catalán, parece que la desinformación se impone en tanto que ganan fuerza los actores que fueron señalados como parte de campañas irregulares.

–Sostengo con otro colega, Juanjo Olivas de la UNED, que debe investigarse la influencia rusa en el proceso catalán, porque ha habido una injerencia clara desde hace más de siete años con una inversión económica y con promesas de apoyo en criptomonedas. Eso está probado. El tema es delicado porque tiene muchas aristas y porque Carlos Puigdemont es un experto en manejar la propaganda y las amenazas. Pero si los periódicos se mantienen en su compromiso con la información y los partidos de un lado y del otro no utilizan las campañas de desprestigio como arma arrojadiza, podremos pasar esta crisis como hemos pasado otras.

–Cómo se regula ese equilibrio entre mejorar la circulación del discurso público sin coartar la libertad que deben tener los procesos electorales.

–La limitación de contenidos tiene que ser ex post, posterior. Nunca puede ser a priori como a veces hacen las plataformas, cuando en España han cerrado cuentas de Vox o de Unidas Podemos en las últimas elecciones. O el caso de la cuenta de Donald Trump. La pregunta es por qué plataformas privadas pueden cerrar, y en cambio una autoridad pública no. Debería ser un juez la autoridad legitimada para determinar qué puedes publicar durante la campaña electoral.

–En Estados Unidos se discutió judicialmente si Donald Trump podía bloquear a ciudadanos en la cuenta que usaba como presidente. ¿Cómo aplica aquí el derecho a acceso a la información?

–Entiendo que un político, como cualquier particular, pueden decidir que no quiere que entren a su perfil determinados lectores o que retuiteen sus fotos. En cualquier caso, podrás leerlo a través de otros. Es discutible desde el punto de vista democrático, pero creo que es lícito. Otra cosa es que un partido niegue el acceso a medios de comunicación a sus mítines o a sus ruedas de prensa, cosa que está pasando. Por ejemplo, en España ha habido decisiones de la Junta Electoral central porque Vox negaba el acceso a El País y a la Cadena SER. La noche electoral tuvieron que mandar una orden ejecutiva para que dejasen entrar a esos periodistas. Aquí estás negando una información que es pública para todos los medios por igual, a algunos en particular.

–Esa restricción de acceso a ruedas de prensa se ha naturalizado en América Latina. ¿Puede considerarse dentro de la desinformación?

–Podría entrar cuando un responsable público no permite el acceso de aquel que, desde el pluralismo, tiene un punto de vista diferente. Está construyendo una cámara de eco al decir que solo se dirige al público de este periódico, esta radio o esta televisión. Pero parece difícil que un político se defienda de esa manera porque tenemos medios por todas partes.

En las elecciones españolas de 2023, el rumor de fraude electoral y de que fallaban el sistema de voto por correo y el de los residentes en el extranjero horadó la confianza en la institución electoral

–¿Qué condiciones debería cumplir un proceso de transparencia electoral?

–La mayoría de los países tenemos normas sobre cómo elaborar las listas electorales y los plazos de publicación. Obvio, no debe negarse el acceso a concurrir a una candidata, como ocurrió hace poco en Venezuela. En Europa se está planteando el derecho a conocer quiénes invierten en las campañas publicitarias en plataformas como Facebook, Twitter o Google Ads. En España, la Junta Electoral central, un organismo autónomo formado por jueces y catedráticos con sede en el congreso de los diputados, publica a diario las decisiones que toma. En las últimas elecciones españolas ha habido cerca de 300 decisiones de la junta. Sería bueno que las juntas electorales publiquen más material y cuenten con más medios tecnológicos para poder averiguar de dónde vienen los mensajes electorales, porque no siempre se sabe.

–La investigación académica se ha concentrado en identificar los tipos de desinformación. Pero, ¿qué se sabe sobre los efectos que la desinformación tiene en la gente?

–Es cierto que no se puede hacer una conclusión de causa-efecto directa y decir que una determinada campaña ha generado que un grupo de gente vote de modo desinformado. Pero sí observamos que, en las elecciones españolas de 2023, el rumor de fraude electoral y de que fallaban el sistema de voto por correo y el de los residentes en el extranjero horadó la confianza en la institución electoral. Votar debería ser un ejercicio sano y periódico, como pasa en las democracias donde tenemos sistema de partido libre, por lo que es malo que se ataque la institución electoral. No se trata de que haya gente que deje de votar por desinformación, o que cambie la papeleta de un partido por otro, pero la desinformación incrementa la polarización en la que cada uno su versión sesgada de los hechos.

–¿Y cuál sería el rol de los medios de comunicación en este contexto?

–Es fundamental. El periodismo no debe resignar el rol de ser quien da la información veraz. Esto es clave. Si todo es posverdad, si todo es interpretación y relato, olvidaremos que el periodismo es el encargado de dar información verdadera, la mejor posible. También me parece clave que los medios de comunicación sean los genuinos verificadores de la información, ahora que han crecido mucho los fact-checkers. Habría que recuperar eso que pasó no hace tanto de que si quiero saber qué pasó, voy a LA NACION o a la Radio y Televisión Española o a El País o a la CNN. Los medios tienen que ser un referente claro e importante para la información. No me parece mal que haya una prensa de un lado y otra del otro, que sea pro o contra un partido, siempre que haya una rutina de trabajo periodístico que respalde información de calidad.

–Entonces, ¿cuál sería a futuro el rol de los fact-checkers?

–En Europa, cuando se hizo el primer informe de expertos sobre desinformación en 2018 se dijo que una de las herramientas tendría que ser la verificación. La Unión Europea ha dado fondos para eso. Es verdad que el crecimiento que tuvieron es quizás un poco inexplicable, porque sería como si tuvieras que poner muchísimas vendas para quitar la sangre de las heridas de la desinformación. Quizá crecieron porque los medios, después de la crisis financiera de 2008, y luego después de la pandemia, han quedado en una situación bastante precaria. Hay mucha prensa con poca plantilla y periodistas que están trabajando desde casa. Cuando el periodista no está delante del político, rebatiéndolo o haciéndole una repregunta, es fácil colarle los goles. Espero que los medios convencionales puedan asumir de nuevo su papel de verificación de la información, como ya lo hacen muchos.

–¿Qué pasa con la regulación de la Comisión Europea, que se toma su tiempo para estudiar los temas ante cambios que se producen muy rápido?

–En estos últimos cuatro años la Unión Europea se ha espabilado. Han cerrado todo el paquete normativo digital, el Digital Package que está en la DSA (Digital Service Act), que reglamenta los servicios digitales. También está el de mercados digitales y gatekeepers . Hay una ley de Inteligencia Artificial, para exigir que los deep fake videos o audios vengan identificados como “sintéticos”. Han intentado hacer todo a la vez para que, luego, cada estado miembro a través de su autoridad de mercado se encargue de la supervisión de su cumplimiento. En España ya se ha fijado que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la encargada de aplicar esas normativas. Hasta ahora supervisaba que las televisiones cumpliesen las normas y los horarios aptos para niños. Ahora entran ahí todas las plataformas de video on demand (Netflix, Filmin, etc) y también los vloggers e influencers que usan YouTube o Twitch para emitir.

–Entonces, ¿los vloggers que publican contenidos adquieren la entidad de un medio, y ya no se pone la responsabilidad solo en las plataformas?

–Por una directiva de audiovisual de 2018, que se ha incorporado en España por ley general de Comunicación Audiovisual de 2022, se llamaban “usuarios de especial relevancia”. La realidad es que hay algunos que tienen más audiencia que muchísimos programas de televisión y de radio. ¿Por qué ellos no tendrían que cumplir los principios respecto a los de contenidos de menores, del discurso de odio o la desinformación igual que los demás? Se ha sancionado este año un decreto que los define por ingresos iguales o superiores a 300.000 euros derivados de la actividad de la plataforma, y un millón de seguidores en una plataforma, o dos millones entre las diversas cuentas. Es evidente que había muchísimos vacíos legales. YouTube lleva siendo muy relevante como televisión, entre comillas, hace más de diez años. Aunque es verdad que YouTube y Google han hecho una política bastante responsable para evitar discursos de odio. En este sentido, han sido más responsable que otras, como Facebook, que durante la guerra de Ucrania permitió el discurso de odio contra soldados rusos.

CON EL OJO EN LA COMUNICACIÓN Y EN LA PRENSA DIGITAL

PERFIL: Loreto Corredoira

■ Loreto Corredoira y Alfonso nació en La Coruña. Vive y trabaja en Madrid, donde es profesora titular de Derecho de la información en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.

■ Es periodista y doctora en Ciencias de la Información, abogada y doctora en Derecho de la Información por la Universidad de Navarra.

■ Es investigadora principal en el Observatorio de la Desinformación de la Universidad Complutense, donde dirige, con Rafael Rubio, un equipo de diez investigadores nacionales y trece internacionales.

■ Investiga, desde 1997, el marco legal de las tecnologías de la información, medios digitales, periodismo digital y derechos de los usuarios; tiene más de noventa publicaciones académicas.