“Sería bueno que el presidente (Javier) Milei no utilice Twitter hasta después de la sesión. Así no pone en riesgo la aprobación de esta ley”. Más que una humorada, la del diputado cordobés Oscar Agost Carreño, uno de los negociadores de la nueva Ley de Bases, sonó a un consejo. Finalizaba el plenario de las comisiones en la Cámara de Diputados y los libertarios, luego de trabajosas negociaciones con la oposición dialoguista, se alzaban con el dictamen de mayoría del proyecto. Un trofeo que simboliza el triunfo del diálogo sobre la intransigencia de Milei a transar con “la casta”, aunque a un precio mayor de lo que hubiese deseado el Gobierno.

De aquellos 664 artículos y seis anexos del proyecto con que Milei inauguró su mandato y que llevaba el pomposo título de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” quedó, por obra de la motosierra opositora, un texto más modesto con 232 artículos y un solo anexo. La diferencia no es solo cuantitativa; también es cualitativa: esta nueva redacción condensa un consenso mayor que aquel malogrado dictamen que naufragó en enero pasado por una combinación de mala praxis en las negociaciones, jugadas arteras de un sector opositor y una dosis soberbia libertaria.

El horizonte para su aprobación luce ahora más despejado, al menos en la Cámara de Diputados. El Senado será otro cantar.

“La negociación fue difícil, pero al final, casi desesperados para que no se cayera el proyecto, nos concedieron casi todas las modificaciones que demandábamos”, exaltan los dialoguistas opositores. “Es la ley posible”, se consuelan los negociadores oficialistas que, después de cinco meses sin poder exhibir una ley de cuño propio –todo un récord desde la recuperación democrática-, se ven apremiados por dar muestras de gobernabilidad ante los ojos aún escépticos del FMI y del círculo empresario local.

La oposición tampoco tenía margen para retacearle más tiempo las primeras herramientas a un gobierno que, mal que les pese, aún goza de un amplio favor de una sociedad que le exige mostrarse cooperativo. Ambas partes no tuvieron otra alternativa que arremangarse para llegar al mejor acuerdo posible. Milei se encomendó en su hombre de mayor confianza, el jefe de Gabinete Nicolás Posse –ausente en las negociaciones de enero- y confió una vez más en la sempiterna plasticidad del ministro del Interior Guillermo Francos. El clima había cambiado y las tensiones aflojaron.

Como toda negociación en la que están en juego las urgencias del Ejecutivo y las necesidades de las provincias, las transacciones fueron difíciles. La fragmentación en los sectores dialoguistas, cada uno con sus demandas, las complejizaron todavía más. Después de dos meses de idas y venidas finalmente hubo fumata. El Gobierno, no obstante, se equivocaría si canta victoria antes de tiempo: los opositores llevarán más reclamos al debate en el recinto este lunes, cuando arranque la sesión maratónica. Mayorías transversales y circunstanciales podrían dar vuelta algún artículo o incorporar otros indeseados por el Ejecutivo. Los votos se contarán de a uno: serán los momentos de mayor tensión que arrojará el espectáculo legislativo.

De no mediar imprevistos ni arrebatos presidenciales de último momento, la media sanción de la Ley de Bases y del paquete de reformas fiscales se asoma como el primer triunfo libertario en el Congreso. Festejará el ala negociadora de la Casa Rosada. ¿Festejará Milei? Paradójicamente este triunfo lo despojará de su bandera discursiva más entrañable: con la casta política no se negocia, menos aún las ideas de la libertad. Lo que para la política convencional es natural –el diálogo y la negociación- para Milei es una claudicación.

Los puntos aun conflictivos

Más allá de las modificaciones introducidas, el ala negociadora del Gobierno podrá vanagloriarse que el espíritu central de ambas iniciativas se mantiene incólume. Con la Ley de Bases, de aprobarse, tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones, aunque para unos pocos: solo aquellos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.

De yapa, incluyó una módica reforma laboral que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT pero que incopora las demandas de las PyME para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco. Una demanda de la UCR que podría traerle al oficialismo algún dolor de cabeza en el recinto cuando la UCR, con el apoyo transversal de un puñado de diputados, reclame la eliminación de las llamadas “cuotas sindicales” que se descuentan de los salarios de afiliados y no afiliados para financiar las cajas gremiales. Una estocada hacia la “casta sindical” que pondrá incómodo a más de un libertario cuando mire para el costado a la hora de votar.

Otro momento de suspenso ocurrirá cuando un conglomerado de bloques opositores reclame la incorporación del capítulo impositivo al tabaco. El Gobierno insiste en discutirlo en una ley aparte. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal volverán a la carga en eliminar el impuesto mínimo y subir de 70% a 73% la alícuota del impuesto interno, para poner en pie igualdad a toda la industria. El sector que torcerá la balanza en esta disputa será Unión por la Patria. “Todavía no tenemos una postura tomada al respecto”, se limitan a responder.

Las demandas opositoras avanzarán en otras cuestiones. Hacemos Coalición Federal, de Miguel Pichetto, buscará doblegar la intransigencia del Gobierno para que el RIGI no se ciña solo a los grandes inversores; insistirá en que las PyME puedan ingresar al régimen aunque claro, con un piso más bajo. Los soldados de Pichetto tampoco dejarán de achacarle al Ejecutivo su renuencia a revisar los gastos tributarios, que le privan al Estado de recaudar miles de millones de pesos que podrían aminorar la dureza del ajuste y, en cambio, favorecen a determinados grupos empresarios, entre ellos los emplazados en Tierra del Fuego.

A la hora de discutir el paquete fiscal, no serán pocas las voces que plantearán cambios en la reversión del impuesto a las Ganancias (que alcanzará a los sueldos de 1,8 millones para los trabajadores solteros y 2,3 millones para los casados con dos hijos). Varios bloques insistirán en que queden fuera de su alcance las guardias médicas y las horas extra de las fuerzas de seguridad. Los patagónicos, por su parte, clamarán por un parráfo especial que exima a los trabajadores de esa región por enfrentar costos de vida más altos.

Tampoco faltarán las voces que adviertan sobre la fuerte regresividad en el planteo de Bienes Personales. Además de acotar drásticamente el universo de personas alcanzadas (por la suba del mínimo no imponible) y reducirse las alícuotas a pagar, el proyecto sorprende con un régimen que le permite al contribuyente tributar 5 años en forma unificada y adelantada una única tasa, con garantía de estabilidad fiscal en cualquier impuesto sobre el patrimonio hasta el año 2038.

“Esto excede el mandato actual y condiciona mandatos futuros”, clamaron desde la UCR. Llamativamente, en su dictamen de disidencia, acallaron esta crítica.

En la vorágine de un debate maratónico todo puede suceder, aunque previo a convocar a la sesión oficialistas y opositores dialoguistas se tomaron el trabajo de hacer un conteo fino de los votos sobre los puntos más conflictivos. No hay margen para repetir el fracaso de enero. El veredicto fue favorable, aunque admiten que todavía puede haber lugar a sorpresas.

Las concesiones más importantes-Reforma Laboral. El oficialismo acordó introducir una reforma acotada que contempla, entre sus ejes centrales, la eliminación de las multas por trabajo mal registrado; la creación de un fondo de cese laboral para el pago de indemnizaciones (a acordarse entre las partes en convenios colectivos) y la extensión del período de prueba a seis u ocho meses según el tamaño de la empresa, plazo que podría extenderse en algunos casos a un año.-Privatizaciones. De las 41 empresas a ser sujetas de privatización en el proyecto original de Bases, quedó solo una decena. Fue excluida del listado el Banco Nación y sus empresas subsidiarias por presión opositora.-Se eliminó un artículo que le otorgaba al PEN amplias facultades en materia de desregulación económica y disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta, generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado, o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.-A la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases, se accedió incorporar una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.-Se acortó el margen de acción del PEN sobre los fondos fiduciarios. Si dispusiera la eliminación de aquellos que son financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable, esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Además, los patagónicos lograron mantener como programa el Fondo Fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia.-Organismos públicos a ser disueltos. a oposición logró ampliar el listado a varias entidades públicas originalmente no incluidas, entre ellas el Conicet, el Anmat, el Incaa, el Incucai, el CNEA, entre otros.-Hidrocarburos. Por presión también de los patagónicos, se modificó el articulado que pretendía otorgar facultades al Poder Ejecutivo Nacional a la hora de reglamentar la explotación, transporte, almacenaje y comercialización de hidrocarburos. Se eliminó el término “nacional” en el dictamen, por lo que las provincias productoras definirán sobre las concesiones de gas y petróleo.-Impuesto a las Ganancias. El Gobierno aceptó que se instrumente una actualización trimestral este año por IPC del monto mínimo no imponible y de las escalas. Será semestral a partir del primer día de 2025.-Blanqueo y moratoria. Si bien los bloques dialoguistas están de acuerdo, lograron incorporar la figura del contribuyente cumplidor (tanto personas físicas como jurídicas) con beneficios tributarios.