La jueza jujeña Noelia Beatríz Cruz ordenó el levantamiento de la orden de captura que pesaba sobre Lucía González, una arquitecta de 42 años que era buscada por la Policía por haber difundido vía WhatsApp el rumor de una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales.

Cruz sostuvo que ahora Gónzalez debe “comparecer en forma urgente” en la fiscalía de Walter Rondón (el fiscal que había pedido su captura y esta semana solicitó que esa medida fuera levantada) para que la causa siga adelante, pero ella está en Uruguay y no tiene planes de regresar al país, anunció este viernes su defensa. “Volveré cuando sienta seguridad -advirtió González esta semana a LA NACION-. Yo solamente tengo una conversación por WhatsApp y me han armado una causa.”

En paralelo, el fiscal Diego Funes abrió un expediente para investigar los maltratos que Nahuel Morandini y Roque Villegas -que estuvieron presos 53 días por este mismo caso- relataron haber sufrido en prisión. Morandini se presentó hoy en los tribunales y ratificó en el expediente lo que había denunciado públicamente, informaron fuentes judiciales. El fiscal ordenó las primeras medidas de prueba: pidió las cámaras de seguridad y los registros de la cárcel.

Morandini, Villegas y González están acusados de dos delitos que acumulan hasta ocho años de cárcel, si se suman como pretende el fiscal Rondón: lesiones psicológicas leves y alteración de la identidad de un menor. Sus presuntas víctimas son la mujer y la hija de Morales. El exgobernador sostiene que González y Morandini son parte de una “banda”, ligada a Milagro Sala, que organizó y planificó la difusión de una infamia y dañó a Snopek y la hija de ambos, porque los rumores decían que Morales no es su padre.

El abogado de la arquitecta, Javier Vuistaz, adelantó a LA NACION que su defendida únicamente regresará al país cuando se dicte en favor de ella una “exención de prisión”, que le da una suerte de garantías de que, si se presenta en Jujuy, no será arrestada. Por el momento, no le hicieron lugar a ese pedido. Si bien Rondón aseguró que él no volverá a solicitar la detención, la defensa quiere una resolución por escrito.

Vuistaz dijo hoy que, con Morales, su clienta no puede estar tranquila. “Conocemos cómo se movió en otro caso, que es un antecedente personal contra el exmarido de Snopek, a quien la Justicia de Jujuy intentó arrestar en Tucumán por un problema con un auto en el marco del divorcio. No lo detuvieron, pero ahora Morales tiene una denuncia penal por abuso de autoridad”, dijo el abogado.

La orden de detención contra González fue dictada el 26 de enero. La defensa pidió que se levantara y el lunes pasado, el mismo día que fueron liberados Morandini y Villegas, el fiscal Rondón se opuso al reclamo de la arquitecta. Fue en una audiencia celebrada a última hora. No obstante, ese mismo día, el propio fiscal anunció a LA NACION que iba a pedir la suspensión de la orden de detención y, en efecto, la pidió ese lunes. Explicó que lo hacía con el objetivo de que su caso pudiera avanzar (en la Argentina no hay juicio penal en ausencia). Después el fiscal pidió, directamente, que la orden se dejara sin efecto.

Tras ese pedido, el levantamiento de la orden de captura parecía inminente, pero recién hoy el abogado de González se notificó de la novedad, según el documento que exhibió a LA NACION. La decisión de la jueza, no obstante, lleva la fecha del martes pasado. Vuistaz sostiene que ayer chequeó el sistema y la resolución no estaba cargada. “Voy a pedir una auditoría informática para ver cuándo se firmó realmente”, anunció.

El argumento central de la jueza Cruz -jueza “de Violencia de Género”- para levantar la orden de captura fue que el propio fiscal, que es el acusador, había solicitado el levantamiento y que ya no se alegaban riesgos para la causa.

Por separado, el fiscal Funes abrió una causa para investigar los maltratos que relataron haber sufrido en prisión Morandini y Villegas, que estuvieron detenidos en la cárcel jujeña de Gorriti. Pasaron 53 días presos; del segundo al quinto día -según contaron-, en celdas individuales donde recibieron tratos humillantes.

Funes informó a LA NACION que abrió una investigación, este miércoles, a raíz de las notas periodísticas en las que Morandini y Villegas dieron cuenta de esos maltratos. Citó a los dos para que dieran precisiones de lo vivido y pidió las cámaras de los lugares donde ellos estuvieron alojados, los libros de visitas y los registros de sanidad.

“Vamos a averiguar y si hubo algún tipo de hostigamiento, avanzaremos. El plan, obviamente, es buscar más allá del Servicio Penitenciario”, advirtió Funes. El director del Servicio Penitenciario de la provincia, Julio Vaca, negó que fuera cierto lo que contaron Morandini y Villegas. Dijo que, como todos los detenidos, antes de ir a un pabellón general pasaron por “Admisión”, pero dijo que fue para su “propio resguardo” y que “en ningún momento se vieron vulnerados sus derechos”.

En el expediente ya había una advertencia formal relacionada con este tema. El 20 de febrero pasado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hizo una presentación en la fiscalía de Rondón, en la causa de Morandini y Villegas, en la que recomendó “reevaluar la continuidad” de las dos prisiones preventivas e informó que había “llegado a su conocimiento” que los dos acusados habían estado los primeros días “en el pabellón N° 2 -de máxima seguridad- de la Unidad Penitenciaria N°1 sometidos a condiciones de detención que incluyeron atravesar días enteros en completa desnudez, alimentarse con las manos y realizar sus necesidades fisiológicas en botellas y fuentones”.

En un informe de 2022, el Comité ya había advertido sobre supuestas irregularidades en el trato a los detenidos en Jujuy. En ese documento, el Comité, que trabaja realizando visitas a las cárceles, dijo que de las entrevistas realizadas surgía que en los ingresos, tanto de la Unidad N°1 como de la N°2, “suelen realizarse rituales de ‘bienvenida’, que implican agresiones del personal penitenciario de diversos tipos”. También había alusiones, en ese informe, a una práctica que consistiría en dejar a personas detenidas “varias horas desnudas”. Ese documento instó al Gobierno y a los actores de la Justicia (el Poder Judicial y los Ministerios Públicos) a implementar “mecanismos de control a fin de prevenir presuntos casos de tortura y malos tratos”.

Consultado por esto, Gerardo Morales dijo a LA NACION que “es falso” lo denunciado por Morandini y Villegas. Relató que “cuando salió esa versión” él les preguntó al jefe de Policía y al ministro de Seguridad. Según Morales, Morandini y Villegas buscan victimizarse. “Habrá que pedir las cámaras del Servicio Penitenciario. Sería bueno que se indague”, dijo el exgobernador radical.

La causa contra Morandini y Villegas sigue adelante con ellos en libertad. El próximo paso procesal es una audiencia previa al juicio oral, que es inminente. Como la fiscalía considera que ya tiene todas las pruebas para avanzar contra ellos, este viernes los dos recuperaron sus teléfonos celulares, que habían sido secuestrados.