Impulsado por comerciantes y referentes de Villa Devoto, el Distrito del Vino se lanzó como una oportunidad para que el sector vitivinícola de todo el país tuviese un vínculo directo con la ciudad de Buenos Aires. Facilidades impositivas y otros beneficios eran un atractivo potente para que las empresas de las diferentes provincias productoras tuviesen su espacio en un barrio que ya contaba con un fuerte impulso de la actividad.

El distrito, el último de este formato que se lanzó en la ciudad, tiene ahora un impedimento que quizá podría frenar su desarrollo y crecimiento. En los últimos días un fallo de la Justicia porteña declaró la nulidad de la ley mediante la cual se creó el marco regulatorio para generar acciones que incentiven la instalación de vinotecas, cavas, centros de enseñanza, formación y capacitación, centros de distribución, museos del vino y espacios gastronómicos.

El titular del Juzgado N°13 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Guillermo Scheibler hizo lugar al planteo de agrupaciones vecinales que presentaron un recurso de amparo cuestionando el procedimiento. Según el reclamo, la Ley 6447 que autorizó la creación del Distrito del Vino debía ser de doble lectura y convocarse a audiencia pública porque implicaba legislar sobre “excepciones a regímenes generales” cuestiones ambientales. El magistrado así lo entendió y por tal razón declaró la nulidad.

La acción de amparo fue impulsada de forma colectiva por la asamblea de Residentes del Distrito del Vino y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, junto al equipo jurídico del Observatorio del Derecho a la Ciudad. “La ley persigue fomentar la localización de determinado tipo de actividades en el polígono por ella delimitado, lo que potencialmente impacta en la fisonomía e identidad de los barrios afectados e implica por lo tanto materia ambiental”, explica el fallo del magistrado.

El del Vino fue el quinto distrito destinada a un desarrollo comercial específico antes del Tecnológico (en Parque Patricios y Nueva Pompeya), el Audiovisual y De las Artes (en La Boca, San Telmo y Barracas), el de Diseño (Barracas) y el de Deportes (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo).

En su proyecto original comprendía los barrios de Villa Devoto, Paternal y Villa del Parque y el área entre las calles 12 de octubre, Espinosa, Biarritz, avenida San Martín, Carlos Antonio López, General Paz, Cervantes, Tinogasta, Emilio Lamarca, Ricardo Gutiérrez, Alfredo Bufano y Terrero. Sin embargo, por los cuestionamientos de grupos de vecinos, especialmente de Villa Devoto, la Ley 6447 que creó el Distrito del Vino fue modificada por la Ley por la 6692 (promulgada este) que redujo el polígono y dejó afuera a gran parte de Villa Devoto.

Una de las polémicas fue por el destino del emblemático Palacio Ceci donde funcionaba desde 1938 la sede de la escuela Bartolomé Ayrolo, donde asistía niños, niñas, adolescentes y adultos sordos, hipoacúsicos y con discapacidad auditiva. En diciembre de 2021, la escuela cerró y comenzó a crecer el rumor de que el Palacio Ceci sería parte de las propuestas del distrito como casa de referencia o museo.

La administración porteña desmintió esa posibilidad, pero en 2022 lanzó un llamado a licitación para la “puesta en valor y adecuación tecnológica del Palacio Ceci “restaurar la envolvente exterior, fachadas y cubiertas, de sus recintos interiores y la adecuación tecnológica del conjunto”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad, que gestiona el desarrollo de estos espacios, explicaron que el fallo judicial aún no quedó firme y no detiene el progreso del Distrito del Vino, pero que se está preparando una apelación. “La sanción de la Ley respetó el principio republicano de división de poderes.

Al tratarse de una Ley de fomento no requiere otros procedimientos distintos a los que efectivamente se llevaron a cabo”, argumentaron desde la cartera que conduce Roberto García Moritán, y que cuando se creó el distrito estaba al mando de José Luis Giusti.

“Consideramos que no existen violaciones en materia ambiental, ni se produjeron cambios en el tejido urbano, como aduce la actora en la causa judicial, por lo que no se encuentra afectado un derecho colectivo”, agregaron.

Hasta el momento hay 12 proyectos ya inscriptos o que presentaron documentación y tienen el trámite en curso. Algunos son Universo Vigil (El Enemigo), Cava Sáenz, La Panera y Fogón by Lagarde que se sumaron a los emprendimientos de la actividad que ya funcionaban allí. Entre todas las empresas nuevas radicadas ocupan una superficie de 3756 m² y realizaron una inversión de $5.480 millones, según los cálculos del Gobierno.

La iniciativa promovía el desarrollo económico mediante el otorgamiento de beneficios impositivos a quienes realicen inversiones destinadas al desarrollo de espacios para llevar adelante actividades relacionadas a la industria vitivinícola. Los interesados e inscriptos en el registro pueden computar como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos un porcentaje del monto invertido en un proyecto de desarrollo de espacios dentro del área por un 50% del total de la inversión base y un 20% adicional (en los primeros 15 proyectos que se presenten). Este régimen vence el 31 de enero de 2035.

En la Argentina la industria comercializa unas 9000 etiquetas, el vino nacional llega a 127 destinos y produce 800 millones de dólares al año. La vitivinicultura genera más de 106.000 puestos de trabajo directos y 280.000 indirectos.