Hace escasos días, presenciamos en el Senado de la Nación la audiencia pública del juez federal Ariel Lijo, propuesto por el presidente Javier Milei para ocupar una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La audiencia fue un verdadero show montado para cuidar a Lijo, quien no contestó las más de cien preguntas seleccionadas de cuatrocientas que habían hecho las personas y entidades que lo impugnaron, ni padeció un exhaustivo escrutinio por parte de los senadores, salvo excepciones, que eran los únicos habilitados para hablar.

Lijo es uno de los jueces más denunciados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y de acuerdo con las estadísticas que se realizaron sobre el fuero, uno de los más ineficientes. También ha sido denunciado penalmente, a partir del rol de su hermano como “operador judicial”, por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En ese caso penal, Mariano Cúneo Libarona fue abogado de los Lijo, pero el juez lo negó como su letrado ante el mismísimo Senado de la Nación. Ese caso fue cerrado sin profundizar las medidas necesarias porque ante el blanqueo de dinero que hizo su hermano por 1,7 millones de dólares, solo se revisaron los años 2016 y 2017 y se cercenó la pesquisa.

Nada se le cuestionó sobre el auto Mercedes-Benz cuyo uso se le asigna, ni sobre cómo afronta el pago de un costosísimo departamento en el que viviría en la avenida Alvear, propiedad de un íntimo amigo de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Bettini (exembajador en España).

Si bien sostuvo haber sorteado todas las denuncias en el Consejo de la Magistratura, se pronunció con falsedad cuando dijo que en una de ellas fue exhaustivamente investigado y que el dictamen del consejero Pablo Tonelli fue concluyente sobre su patrimonio; también olvidó destacar que al menos tres procesos allí en trámite, a propuestas de Héctor Recalde se pusieron recientemente a dormir ante su nominación para ser juez de la Corte. Lógica perversa en “el reino del revés”.

Lijo contestó con medias verdades (algunas en la audiencia y otras en su escrito de descargo) sobre las graves falencias en los trámites de investigación de casos de corrupción que tuvo a su cargo.

Veamos ejemplos: en Fonfipro (caso Boudou-Gildo Insfrán) señaló las normas que le impusieron declinar la competencia hacia la provincia de Formosa, pero no dijo que mientras Mauricio Macri era presidente retuvo el caso en su juzgado, hasta indagó a Gildo Insfrán y recién luego de 3 años declaró la incompetencia. Alberto Fernández ya había asumido la presidencia.

Con relación a otros casos de Boudou, por ejemplo “Ciccone”, señaló que este fue condenado, como si hubiera sido él quien lo hizo, cuando en verdad, solo elevó el caso a juicio, y lo hizo porque no tenía más remedio ante los dichos irrefutables de Laura Muñoz y el arrepentido Vandenbroele, el testaferro que develó toda la maniobra. Este asunto, además, no fue en el que vimos detenido a Boudou, esa causa era otra, por su enriquecimiento ilícito, y en ese caso, colmada de pruebas, no tuvimos más novedades.

En el caso Siemens tampoco se pronunció con verdad absoluta. Como juez avanzó contra los empresarios confesos por el pago de coimas, y nunca lo hizo contra los funcionarios que aparecían mencionados, Carlos Corach y Carlos Menem. Respecto del primero, Lijo tenia un vínculo muy cercano que le imponía ante todo, excusarse, pero nunca lo hizo.

En la audiencia Lijo señaló que el archivo de la investigación sobre los funcionarios fue confirmado en la Corte, pero lo que no cuenta es que con posterioridad a ello, en 2019, la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado) informó fondos por 16 millones de dólares posiblemente vinculados con el pago de aquellos sobornos, y se negó a investigar. Como nota de color, resulta que el abogado de Corach era Cúneo Libarona.

Con relación a YPF, no dio ninguna explicación que justifique 18 años a la deriva, en una denuncia que se inició en 2006 contra Repsol, que se amplió en 2008 por la compra de YPF por parte de los Eskenazi en posible connivencia con los Kirchner y nuevamente en el año 2012 por la expropiación realizada en condiciones estatutarias irregulares para generar los derechos litigiosos que hoy condujeron a una condena a nuestro país por 16 mil millones de dólares.

Dejando los casos concretos, aunque tenía muchos más para comentar, destacamos que Lijo se presentó como el representante del Poder Judicial en la Corte, siendo que la Corte no es una órgano representativo de un sector, sino que un ministro solo debe ser garante de la aplicación de la ley en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Luego señaló algunas iniciativas relacionadas con el funcionamiento del Poder Judicial invadiendo tareas propias que incumben al Consejo de la Magistratura, y cuando fue cuestionado por violar la Convención Internacional de No Discriminación Contra la Mujer por aceptar la propuesta, manifestó que si era nombrado revertiría esa situación, aunque la Corte no tiene ningún rol en el proceso de nombramiento de jueces.

En su exposición se explayó sobre la posibilidad de habilitar un recurso extraordinario si hay gravedad institucional aunque no se cumpla con la existencia de cuestión federal, a la par que confundió los sistema de control de constitucionalidad e hizo una verdadera ensalada al referirse a cuestiones políticas no justiciables.

Lijo desconocía que la Corte estableció sin disidencias que la ley de coparticipación federal debe resolverse por unanimidad, al tratarse de una ley convenio, y dijo que ante las divergencias invitaría a las provincias a buscar los consensos por “unanimidad o mayoría”.

Fue igualmente errático con relación a la plena autonomía de la ciudad de Buenos Aires y la transferencia de competencias, aunque quizás fue su naturaleza acomodaticia (quedaría mal con jueces que no quieren pasar a la Justicia local) la que no le permitió definir la necesidad del traspaso de la justicia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resultó grave cuando pareció convalidar las reelecciones indefinidas (para quedar bien con algunos senadores y ciertos gobernadores) sosteniendo que es un tema de la autonomía provincial, desconociendo las posturas claramente restrictivas fijadas tanto por la Corte Suprema como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo misma incomodidad tuvo cuando fue preguntado sobre si la dolarización es constitucional o no; sin saber con quién debía quedar bien o mal, fue ambiguo.

Sucede que al ser un juez con poco apego a la ley y con mucho apego al poder suelen producirse esas faltas de determinación que solo contribuyen a generar incertidumbre y sacrifican el valor fundamental para atraer inversiones: la seguridad jurídica. Ni que hablar de la deriva de todos los derechos, libertades y garantías del ciudadano de a pie.

Señores senadores de la Nación, lo antes dicho demuestra que nos encontramos ante un candidato para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 25 años o más, que no presenta pergaminos “opinables”. Este señor es inviable y deben revisar y estudiar los señalamientos que se han formulado sin perder de vista que en la audiencia les mintió en sus propias caras y que lo que ustedes decidan puede comprometer severamente la ya maltrecha reputación y la independencia del Poder Judicial de la Nación.ß