La dictatorial pareja presidencial integrada por Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa estrechando el cerco de su oprobiosa persecución contra las libertades de los ciudadanos en Nicaragua. Una de ellas es el derecho fundamental a profesar la fe, practicar creencias religiosas o celebrar actos de culto, como misas y procesiones.

El despótico gobierno acusa al clero de “terrorista y golpista” por apoyar disturbios civiles que, según interpreta, equivalen a fogonear un golpe de Estado en su contra. Los observadores entienden que el gobierno busca sofocar a la Iglesia, una voz crítica sumamente respetada, porque se atreve a oponerse a la violencia de Estado en Nicaragua.

Hace pocos días el régimen nicaragüense inició una nueva ola de detenciones contra sacerdotes de la Iglesia Católica, particularmente contra religiosos de Matagalpa, diócesis de la que, hasta hace dos años, era obispo el ex preso político y desterrado monseñor Rolando Álvarez.

La detención de estos sacerdotes no es un hecho aislado; es parte de una serie de medidas represivas que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Murillo, han implementado contra la Iglesia desde las protestas de 2018. La represión no se ha limitado a los arrestos. A principios de julio, el gobierno revocó el estatus legal de Radio María, una emisora católica, en un esfuerzo por silenciar una de las pocas voces críticas que quedan en el país.

No menos importante ha sido la derogación de un artículo de la ley de concertación tributaria que eximía a las iglesias y entidades religiosas a pagar el impuesto a la renta. A partir de ahora, las iglesias deberán pagar impuestos de hasta el 30% de sus magros ingresos anuales, dependiendo del monto reportado a fin de año.

El tirano y su esposa han calificado a la Iglesia como la “dictadura perfecta” y a sus sacerdotes, “hijos del demonio” e “hijos del diablo”. En un enfrentamiento cada vez más crítico, impiden ordenaciones sacerdotales y acusan a los obispos de llamar al derramamiento de sangre convocando a un golpe.

En su informe 2023, titulado “Nicaragua: una iglesia perseguida”, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina denunciaba ya que la mayoría de los curas detenidos fueron llevados con violencia y sus casas religiosas, desvalijadas. Además, calificó como secuestros a las detenciones porque se produjeron sin orden judicial y sin que hasta ahora se inicie proceso contra los sacerdotes apresados o sustraídos de su domicilio, con algunos clérigos también bajo arresto domiciliario de facto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que entre el 1° y el 10 de agosto pasado, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), recibieron información sobre el despliegue de operativos y allanamientos realizados por la Policía Nacional en distintas casas curiales y propiedades de la Iglesia católica nicaragüense. El informe señaló que desde octubre de 2023, más de 200 personas religiosas han sido desterradas, expulsadas o les fue negado el ingreso al país y que, desde 2018, 46 sacerdotes y obispos han sido excarcelados y expulsados al Estado Vaticano o a los Estados Unidos.

Expresó la CIDH su preocupación por la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la persecución religiosa, la continuación de detenciones arbitrarias y las graves condiciones carcelarias.

Ortega ha consolidado un régimen de terror en Nicaragua que lo equipara con los peores autócratas del mundo. Ha secuestrado por completo el país, reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, amordazando a la prensa libre y lanzando una salvaje persecución contra la Iglesia. El antiguo guerrillero sandinista se ha convertido en un personaje igual o peor que el dictador Anastasio Somoza, al que ayudó a derrocar.