Federico Sturzenegger está realizando un trabajo en muchos sentidos ciclópeo como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El hecho de que se reconozca el valor de una tarea destinada a desmontar la maraña de regulaciones, trabas y privilegios inadmisibles que el Estado urdió a lo largo del tiempo no quiere decir, sin embargo, que acierte en todo lo que propone.

No señalarlo sería como mantenerse callado, acordando con aspectos centrales de la política económica y financiera del Gobierno, frente a las desorbitadas manifestaciones con las que el presidente Javier Milei asombra a la opinión pública de forma tan reiterada como inadmisible. Sturzenegger habló en el Coloquio de IDEA como un ministro de otro planeta cuando instó a los dirigentes que representan fielmente los intereses del campo argentino a que no pidan bajar impuestos, porque eso sería como decir “subile a otro”, sino a exigir que se reduzca aún más el gasto público. Los portavoces principales del campo se vieron en la situación de contestarle.

El Gobierno avanza, pero no siempre por una línea recta y transparente. Si fuera de ese modo no se explicarían las maniobras legislativas que hubo entre las filas oficialistas y otras aliadas a fin de evitar que en su momento se tocaran situaciones de extrema gravedad fiscal en la industria del trabajo o que no se toque nada, absolutamente nada, en las escandalosas prebendas para un grupo de empresas que operan en Tierra del Fuego con costos inadmisibles para el fisco y la salud institucional del país. Aparentemente hay situaciones tan inasibles como excepcionales para “la revolución moral” que pregona Milei.

Como bien dijo Elbio Laucirica, de Coninagro, la central cooperativista, el Gobierno debe hacer las dos cosas: bajar impuestos cuando su peso se haga insostenible para un sector determinado y bajar gastos del Estado que ni sus ingresos ni la productividad del país pueden sostener. El peso impositivo sobre el campo es del 61,5% y en el último trimestre aumentó el 1,6 porcentual. ¿Cómo pretende Sturzenegger descalificar el reclamo agropecuario cuando de cada 100 pesos que se produce en ese ámbito el Estado se queda con 61,5 pesos? ¿De qué está hablando, con qué lo compara?

Los ministros más sobresalientes deberían calmar las aguas de un sector que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor

El estudio recientemente difundido por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) demuestra que los impuestos nacionales no coparticipables se llevan, con el 64,5%, la parte del león. Después viene el 30% de impuestos nacionales participables, el 4,9% de impuestos provinciales y el 0,6% de gravámenes municipales. Respecto de estos últimos, el impuesto a los ingresos brutos, uno de los más cuestionados desde la teoría impositiva, el gobernador peronista de La Pampa, provincia de fortísimo peso agropecuario, entró últimamente en una disputa con el Banco Nación por su pretensión de elevar considerablemente la alícuota sobre pymes y familias.

Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina, dijo que se requiere un Estado presente, virtuoso y cercano a los productores. “Hemos aportado siempre, los primeros en la fila. ¿Quién, acaso, carga con el 33% de retenciones a la exportación de soja, por dar solo el ejemplo más elocuente de una esquilmación que sigue a renglón seguido con la aplicación del 35% sobre las ganancias, cuando las hay, más las restantes gabelas de orden general?”

El sesgo “antiinversión” que Juan José Llach analizó tiempo atrás en un documento para la Fundación Producir Conservando ha sido actualizado por Néstor Roulet, exsecretario de Estado en el gobierno de Mauricio Macri. El Estado, dijo, se llevó 14.166 millones de dólares en la última campaña por los 17,3 millones de hectáreas sembradas con soja. O sea que se llevó el 5,5% del valor de la tierra y, entre 2002 y 2022, se quedó con el total del valor de un campo.

Sería conveniente que al menos los ministros más sobresalientes del gabinete no empañaran su propia gestión, desluciéndola con declaraciones imprudentes. En lugar de eso deberían calmar las aguas de un sector sobre el que pesan algunos de los mayores vicios y prejuicios de las viejas tradiciones y que es, por añadidura, uno de los más dispuestos a acompañar lo mejor de las políticas en vigor.