WASHINGTON.- Donald Trump entró a la elección presidencial como un “criminal convicto” con cuatro causas judiciales encima. Luego de su rotunda victoria, ese prontuario judicial va camino de desaparecer.

El Departamento de Justicia ya ha comenzado a preparar el terreno para dar de baja las dos causas judiciales presentadas por el fiscal Especial, Jack Smith, una por conspirar para intentar revertir el resultado de la elección de 2020, un esfuerzo que terminó en el ataque al Congreso el 6 de enero de 2021, y otra por haberse llevado documentos clasificados a Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach. Un juez de Nueva York podría desestimar su condena en el juicio por el pago a la actriz porno Stormy Daniels. Y una última causa en Georgia va camino a una larga hibernación que recién podría terminar cuando Trump deje el Salón Oval.

Los juicios iniciados por las investigaciones federales que llevó adelante Smith, una por el ataque al Congreso y los intentos de Trump de permanecer en el poder, y otra por el desmanejo de información clasificada cuando dejó la Casa Blanca, pronto serán historia. Ambas causas ya habían quedado heridas de muerte cuando la Corte Suprema emitió un fallo que expandió los límites de la inmunidad presidencial en Estados Unidos. El triunfo de Trump asestó el golpe final.

Las dos causas federales van camino al archivo debido a una política de larga data del Departamento de Justicia de Estados Unidos: evitar procesar a los presidentes en ejercicio. Si las causas siguen abiertas cuando Trump asuma la presidencia, la persona que designe como Fiscal General puede ordenar a sus fiscales que cierren ambos juicios, o el propio Smith y el actual Fiscal General, Merrick Garland, pueden poner punto final a las causas antes del cambio de gobierno, y emitir un informe final público para revelar las evidencias que recabaron para presentar las denuncias contra Trump.

Smith ya dio una señal concreta de que sus investigaciones se acercan a su final. La jueza de la causa por la elección de 2020, Tanya Chutkan, le había dado hasta el 2 de diciembre para que presentara un escrito indicando cómo pensaba continuar con la causa. Luego de la elección, Smith presentó un escrito solicitando que se suspendieran las fechas de las próximas presentaciones.

El juicio por los documentos clasificados ya había sido anulado por la jueza Aileen M. Cannon, designada por Trump, quien consideró que el nombramiento de Smith como Fiscal Especial fue ilegal. Smith había apelado esa decisión de la jueza.

El anticipado final de ambas causas, que nunca llegaron a juicio, abrió un frente de críticas contra Garland, a quien se ha acusado de arrastrar sus pies y demorar demasiado tiempo en el procesamiento de Trump, un letargo que, a juicio de los críticos, abrió la puerta para la superposición de los juicios con la campaña presidencial. Si Trump nunca hubiera sido candidato o si alguien más hubiera ganado la candidatura presidencial del Partido Republicano, es muy probable que, al menos, la causa por la ofensiva contra la elección presidencial en Washington hubiera avanzado hasta un juicio.

Fuera del fuero federal, Trump tiene una sentencia pendiente en la justicia de Nueva York en el juicio por las maniobras para esconder el pago a la actriz porno Stormy Daniels en plena campaña presidencial de 2016. Es la única causa que llegó a juicio, en el que Trump fue declarado culpable de los 34 cargos presentados en su contra. El juez Juan M. Merchan, quien debe dictar sentencia, ha dicho que emitirá una opinión escrita mañana martes sobre la solicitud de Trump de anular su condena y ordenar un nuevo juicio o desestimar la acusación por completo.

Los abogados presentaron una moción para solicitar la nulidad de la condena poco después del fallo de la Corte sobre inmunidad presidencial. El equipo de Trump pidió dejar la sentencia en suspenso hasta tanto se determine si los delitos que se le imputaron caen o no en la categoría de “actos oficiales”, los cuales, según el fallo de la Corte, son inmunes o al menos gozan de una “presunción de inmunidad” ante la Justicia.

A fines de mayo, un jurado en Nueva York había declarado a Trump culpable de conspirar para ocultar un pago de 130.000 dólares a Daniels, comprar su silencio y esconder un romance entre ambos para evitar un golpe político en la recta final a las elecciones presidenciales de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca. La decisión del jurado convirtió a Trump en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado por un delito.

La última causa que enfrenta Trump es en Georgia, también por la elección presidencial de 2020. Esa causa era la más peligrosa para Trump porque, al estar en el fuero estatal, la causa estaba fuera del alcance del Departamento de Justicia. Como prueba de los méritos de la causa, cuatro de los 18 acusados junto con Trump ya se declararon culpables. Pero la causa ha estado frenada por una ofensiva de los abogados de Trump contra la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fani Willis, a cargo del caso. Los abogados defensores pidieron descalificar a Willis al argumentar que gastó dinero oficial de manera inapropiada al contratar un abogado para trabajar el caso con el que mantenía una relación amorosa. El asunto aún debe resolverse. No obstante, expertos creen que esa causa tampoco avanzará por los lineamientos federales en contra del procesamiento de un presidente en ejercicio, una anomalía que puede llegar a desatar una crisis institucional.