El pasado 1° de noviembre entró en vigor una orden ejecutiva firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que obliga a los hospitales del estado a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Esta política ha generado controversia y preocupación, ya que recuerda una normativa similar implementada tiempo atrás en Florida.

Según los defensores de los derechos de los inmigrantes, estas iniciativas pueden desalentar a muchas personas a buscar atención médica, incluso en casos de emergencia. La implementación de esta medida ha sido compleja y ha involucrado tanto a las instituciones de salud como a organizaciones que trabajan para cuidar a la comunidad de extranjeros que viven en el país norteamericano.

¿Qué establece la nueva medida de Abbott?

La orden de Abbott establece que todos los hospitales de Texas deben preguntar a los pacientes si son ciudadanos estadounidenses y si están presentes de manera legal en ese territorio. Sin embargo, las personas no están obligadas a responder estas preguntas.

Según la normativa federal, el acceso a la atención médica no debe verse afectado por el estatus migratorio o la disposición del interrogado a proporcionar esta información. Así, los profesionales tienen la obligación de aclarar que las respuestas no influirán en el servicio.

El objetivo declarado por el gobernador republicano es que el estado de Texas pueda tener un registro claro de los costos asociados a la atención médica de personas que se encuentren sin papeles. El mandatario expresó que los contribuyentes texanos no deberían cargar con estos gastos. Por este motivo, a partir de marzo de 2025, los hospitales deberán comenzar a enviar informes al estado con datos específicos, aunque estos no incluirán nombres ni información personal de los pacientes.

Preparativos y desafíos para los hospitales

Los establecimientos han pasado meses preparándose para implementar este cambio. La Asociación de Hospitales de Texas (THA, por sus siglas en inglés) ha trabajado en conjunto con los centros de salud para aclarar las dudas y establecer protocolos que garanticen que la nueva normativa no afecte el nivel de atención que se ofrece a los pacientes. En diálogo con The Associated Press, Carrie Williams, portavoz de la THA, aseguró que estos centros no dejarán de ser lugares seguros para recibir atención.

Algunos grupos defensores de la salud y los derechos de los inmigrantes han lanzado campañas informativas para tranquilizar a la comunidad y explicar que la atención médica seguirá disponible para todos.

Impacto de la medida en Florida: un precedente preocupante

La implementación de una política similar durante el año pasado en Florida ha servido de modelo para Texas. En 2023, el gobernador floridense Ron DeSantis aprobó una ley que obliga a los hospitales a preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio. Desde su implementación, organizaciones de derechos humanos y salud han reportado un descenso en el número de inmigrantes que buscan atención médica, según informó la mencionada agencia de noticias. Esta baja se ha atribuido al miedo y la desconfianza generados por la medida, incluso cuando el acceso a los servicios de salud no se ve restringido legalmente por la negativa a responder.