La ley histórica de autos usados de California, vigente desde hace 30 años y conocida como ley del limón, no fue aplicada al resolver un caso judicial en la Corte Suprema del estado, generando un precedente preocupante para los consumidores. En este caso en particular, supone un costo de unos 10 mil dólares.

El fallo se aplicó en una disputa legal entre un consumidor y el fabricante FCA (antiguamente Chrysler). El comprador había adquirido un automóvil usado con 88.514 kilómetros, que comenzó a presentar fallos casi de inmediato.

Aunque el vehículo contaba con una garantía limitada, el tribunal decidió que no calificaba bajo las leyes del limón, al no haber otorgado la garantía al momento de la venta, según The Sun. Esa ley inlcuye a los automóviles, camionetas, furgonetas, SUV y vehículos utilizados para fines comerciales, como camiones de reparto.

En este aso, el tribunal interpretó que “las leyes del limón” deben aplicarse solo a las garantías otorgadas en el punto de venta, por lo que los conductores deben obtener una garantía escrita de un vendedor al comprar un automóvil, como la garantía de vehículo usado certificado.

La recomendación es que los conductores de California que compren vehículos usados deben prestar especial atención a las garantías que obtienen con los automóviles recién adquiridos.

En cada estado, estas leyes funcionan de forma distinta. Por ejemplo, en Alabama no cubren casas rodantes, mientras que en otras regiones exigen que los conductores intenten hacer reparaciones exhaustivas antes de solicitar un reembolso. Este panorama diverso hace que se torne importante conocer las reglas específicas de cada lugar al momento de comprar.

Según The Sun, la eliminación de estas protecciones ya empezó a dejar una huella y a repercutir en las finanzas de los compradores. Una conductora perdió US$11.000 en un automóvil con una garantía de solo 30 días que falló rápidamente. Otro comprador quedó en bancarrota tras pagar US$20.000 por un vehículo envuelto en un caso de fraude. Estas situaciones evidencian los riesgos de adquirir automóviles sin respaldo legal sólido.