El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó al “grupo Elías” de conformar una asociación ilícita fiscal que creció de manera exponencial durante los últimos años gracias a la evasión tributaria y el lavado de activos. La acusación comenzó a gestarse hace casi nueve años, aunque está paralizada. ¿Por qué? Porque resta dirimir qué juzgado, del fuero federal o penal económico, se quedará con el expediente, confirmaron tres fuentes tribunalicias a LA NACION durante las últimas semanas.

Elías administró en el puerto de Buenos Aires un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, constituyó Ivetra SA (Instituto Verificador del Transporte) junto a Hugo Llermanos, abogado de máxima confianza de la familia Moyano, y es el dueño de un holding que incluye medios de comunicación como La Nueva, de Bahía Blanca.

El fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación Gabriel González Da Silva consideró probado que el grupo liderado por Gustavo Fabián Elías desarrolló un emporio junto a Gustavo Manuel Damiani y Maximiliano Di Federico que se basó en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasma, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio.

La trama completa, según reconstruyó desde Bahía Blanca el fiscal González Da Silva con el apoyo de expertos de tres organismos públicos, habría abarcado a cerca de 40 personas, muchas de las cuales son parientes entre sí o mantienen vínculos societarios cruzados a través de 80 empresas y firmas distintas. Y todo eso bajo una sospecha latente: ¿el grupo actúa como testaferro de otros?

Apoyado en evidencias recolectadas desde 2015, el fiscal solicitó una larga lista de declaraciones indagatorias, allanamientos y otras medidas de prueba, aunque estimó que la pesquisa debería desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, donde el grupo Elías concentraría sus operaciones.

La acusación fiscal recayó en manos del juez federal con asiento en Bahía Blanca, Walter López da Silva, quien decidió remitir las actuaciones a sus pares de la Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Por sorteo, recaló en el juzgado en lo Penal Económico de Rafael Caputo Tártara, quien giró las actuaciones al fiscal Jorge Dahl Rocha para que dictamine si corresponde quedarse con la pesquisa.

Para el juez López da Silva, no obstante, el cuadro es inquietante. “Entre las maniobras destacadas que se realizarían en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compañías de las que son parte las mismas personas , depósitos millonarios no declarados y/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas apócrifas por varias de las sociedades imputadas, celebración de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles económicos de los involucrados y de otros cuya retribución no está ajustada a la prestación de un servicio específico, sino que actúan simplemente como justificación de transferencias de activos entre sociedades, adquisición de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores”.

“A ello se adiciona –abundó el juez López da Silva– que, conforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias como no tener servicios activos de telecomunicaciones, lo que sugiere que serían creaciones ficticias al efecto de justificar ingresos y facilitar el lavado de activos”.

Consultados por LA NACION, en el “grupo Elías” desestimaron la investigación por “inconsistente”, tras remarcar también que debería ser declarada “nula” desde el inicio. “Todo esto comenzó con una denuncia anónima, lo cual ya es un disparate que no puede tener andamiaje alguno”, afirmó el abogado Daniel Llermanos.

El letrado lamentó que, “a pesar del carácter anónimo de la denuncia, se le dio intervención a la AFIP, que realizó una inspección integral que duró muchos meses, pero que finalizó sin que el juzgado encontrara ningún motivo para imputar o indagar a Gustavo Elías ni a ninguna otra persona. La causa está más para el archivo que para una declaración de incompetencia”.

Crecimiento patrimonial y sospechas

Según reconstruyó LA NACION, la investigación se inició a fines de 2015, cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) remitió a la fiscalía federal de Bahía Blanca una denuncia anónima. En ese texto se acusaba al grupo Elías de cometer varios delitos, lo que derivó en una pesquisa que impulsó el fiscal Antonio Castaño, quien renunció en 2020, y luego por el fiscal González Da Silva.

Ya en julio de 2022 y mayo de 2023, la fiscalía presentó dos dictámenes acusatorios, basada en su propia labor investigativa y los aportes de la Procelac, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) del Ministerio Público. En ambos dictámenes, apuntó a Gustavo Elías como el supuesto jefe de una asociación ilícita fiscal.

¿Qué afirmó el fiscal González Da Silva? Que entre 2011 y 2018, Elías apeló a la constitución de firmas comerciales, la compra y venta de inmuebles y acciones, y supuestas ganancias de sociedades que en realidad no tenían actividad u operaban en rojo para poner en circulación dinero que no podía justificar, movimientos “que permiten presumir su origen ilícito”, con el apoyo de presuntos testaferros y personas jurídicas montadas en el país y en el exterior.

Todo eso, según la fiscalía, explicaría cómo el patrimonio de Elías creció el 278% en 2011, otro 83% en 2012, que en 2013 aparecieran casi $11,4 millones en su haber, que en 2014 aumentara otro 78,6% y que en 2016, con el blanqueo que impulsó el entonces presidente Mauricio Macri, declarara activos en las Islas Vírgenes Británicas por $19 millones y en Panamá por $21 millones. Todo, “sin que pudiera determinarse cómo es que consiguió tamaña prosperidad económica; máxima conociéndose sus ingresos en los años previos”, hasta conformar un volumen que en mayo de 2023 superó los $1000 millones, “sin perjuicio de la actualización monetaria u otros datos que permitan arrojar el monto definitivo”.

Ante la consulta de LA NACION, Llermanos trazó dos posibles motivaciones que, sostuvo, podrían estar detrás de la pesquisa. “Bahía Blanca es una ciudad muy especial y hay muchos allí que no perdonan el triunfo de alguien de origen humilde -adujo el abogado- y a eso se suma que es dueño de La Nueva Provincia y de La Brújula, una radio muy crítica que ha venido pegándole duro a la justicia federal por encubrir a narcotraficantes, por lo que esto podría ser la respuesta judicial”.

Del puerto al clan Moyano

Jugador todoterreno en el puerto de Buenos Aires, donde administró un negocio millonario de seguros y estacionamientos para containers, Elías es dueño hoy de un holding que incluye medios de comunicación. En 2007, constituyó Ivetra SA junto a Llermanos. Como socios también figuraron Norberto Domingo Torres, Gustavo Damani y Sergio Fabián Espeleta, dueño de la empresa de logística Chenyi SA, donde una hijastra de Hugo Moyano trabajó entre 2003 y 2020.

Ivetra SA cosechó enormes ganancias en el puerto de Buenos Aires cuando, a partir de mediados de 2011, obtuvo sin licitación previa el “Transporte Argentino Protegido” (TAP), un seguro que costaba US$67 más IVA por contenedor que se moviera fuera de la terminal portuaria, más la emisión de un “certificado de estacionamiento y verificación” por otros US$14. Elisa Carrió denunció ese negocio en los tribunales.

En la Argentina, la composición de Ivetra SA cambió entre 2012 y 2013, cuando Elías y todos los demás renunciaron al directorio y Carlos González asumió como nuevo presidente. Según trascendió entonces en la prensa, los nuevos dueños querían limpiar la imagen de la empresa.

En Panamá, sin embargo, Elías siguió muy atado al nombre Ivetra, según reveló LA NACION en octubre de 2021, apoyado en los “Pandora Papers” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), en los que consta que las firmas argentinas Ivetra SA y Transporte y Logística SA, otro baluarte del grupo Elías, tuvieron firmas “mellizas” en América Central bautizadas Ivetra Panamá y Transporte y Logística Overseas de la mano del hijo del empresario, Juan Ignacio Elías.

Consultado entonces por el equipo argentino de ICIJ, Juan Ignacio Elías indicó a través de un vocero que no respondería preguntas, ni aportaría documentación respaldatoria de sus operaciones en Panamá. “No hubo nada ilícito en esas operaciones y esas sociedades panameñas nunca tuvieron actividad comercial, ni bancaria”, sostuvo el vocero, que explicó que los Elías declinaron dar mayores precisiones para no quedar “envueltos en algo que podría politizarse con fines electoralistas”, como ya les ocurrió en el pasado.

Ahora, tanto Ivetra SA como Transporte y Logística SA integran la investigación que desarrolló el fiscal González Da Silva, al igual que decenas de sociedades más. Entre ellas, Chenyi SA y LCT Group, C&M Desarrollos Inmobiliarios SA, Establecimiento Juanito SA, Damsa SA, Forch SA y Gusfabi SA, que comparten algunas características. ¿Cuáles? Figuran como que generan fortunas, pero “presentan inconsistencias”.

La mayoría de las operaciones bajo sospecha, sin embargo, se concentró en la ciudad de Buenos Aires. Y por ese y otros motivos, el juez federal Walter López da Silva concluyó que la investigación debía remitirse a los tribunales de la porteña Avenida de los Inmigrantes. Allí, el magistrado en lo Penal Económico Rafael Caputo definirá, nueve años después de iniciada la investigación, los pasos a seguir.