La justicia federal aceptó la demanda de Río Negro por la quita de fondos educativos de la Nación
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Juzgado Federal de Viedma aceptó la demanda de Río Negro por la quita de fondos educativos y ordenó al Estado Nacional que, en el plazo de 10 días, presente un info...
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El Juzgado Federal de Viedma aceptó la demanda de Río Negro por la quita de fondos educativos y ordenó al Estado Nacional que, en el plazo de 10 días, presente un informe en respuesta a la acción de amparo interpuesta por la provincia. El fallo se conoce el mismo día en que el Gobierno acudió a la Corte para inhibir al juez federal de Rawson que falló en favor de Chubut por la quita de fondos de la coparticipación y de subsidios al transporte.
Según definió este jueves el juzgado de Viedma, el Gobierno deberá, a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Educación de la Nación, presentar un informe en la causa de amparo que el Gobierno de Río Negro inició por incumplimiento de sus deberes de financiamiento educativo desde el 1º de enero pasado. De acuerdo con la acción de amparo, el Estado Nacional viola el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional y diversas leyes.
El 16 de febrero pasado, la ministra de Educación rionegrina, Patricia Campos, mandó por correo una carta documento en la que exigía al gobierno nacional el desembolso de las partidas presupuestarias educativas que le corresponden a la provincia. La intimación estaba dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En la acción legal, Campos solicitó que, en un plazo de 48 horas, se realice la ejecución de la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075), “la cual prevé una asignación específica de recursos coparticipables equivalente al 60% del incremento en la participación del gasto consolidado en educación, ciencia y tecnología en el Producto Interno Bruto”.
Tal como informaron en ese momento desde el gobierno provincial, lo mismo se exigió con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid - Ley N° 25.053), Conectividad y Material Didáctico, que “prevén la remisión de fondos a cada jurisdicción provincial y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados específicamente a la mejora del salario de los docentes”.
La carta documento indicaba que “el desfinanciamiento intempestivo e imprevisto por parte del Estado Nacional pone en peligro el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a ella, y en la Ley de Educación Nacional (Ley N°26.206), así como también el cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica de Educación N°4819 y leyes de financiamiento educativo e incentivo docente”.
Y hace una semana, la Fiscalía de Estado de la provincia de Río Negro interpuso una acción judicial contra el gobierno nacional y solicitó un pronunciamiento que ordene el cumplimiento de la normativa y el restablecimiento de la asistencia financiera. Además, requirió una medida cautelar urgente para restablecer el flujo de fondos mientras se resuelve la causa.
En Río Negro, la falta de transferencia del Fonid afectó los salarios de más de 23.000 docentes. En paralelo, el gobierno de Alberto Weretilneck había indicado el viernes pasado que se haría cargo de los fondos recortados por la Nación a los docentes. Lo hizo durante la reunión paritaria que mantienen las autoridades del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia y la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter).
