Stavros Papantoniadis, dueño de la cadena de pizzerías Stash’s Pizza en distintos lugares de Massachusetts, fue condenado a ocho años y medio de prisión por cargos de trabajo forzado en sus locales.

Papantoniadis, de 49 años, fue hallado culpable de forzar a seis empleados indocumentados, cinco hombres y una mujer, a trabajar en condiciones abusivas y mediante coacción, aprovechándose de su estatus migratorio. A través de amenazas de deportación, violencia y represalias, el empresario mantenía el control sobre sus trabajadores, quienes debían cumplir extenuantes horarios y recibir malos tratos constantes.

La sentencia fue dictada por el juez federal F. Dennis Saylor IV, quien además ordenó a Papantoniadis pagar una multa de US$35.000 y cumplir un año de libertad supervisada al finalizar su pena. El caso, publicado en el sitio oficial del Departamento de Justicia, llamó la atención por las prácticas coercitivas utilizadas por el empresario, quien a través del miedo y la intimidación, buscaba maximizar su beneficio económico a costa de la vulnerabilidad de sus empleados.

Papantoniadis operaba varias sucursales de Stash’s Pizza en Boston, Roslindale, Dorchester y en otros puntos de Massachusetts. Según las investigaciones, contrataba intencionalmente a inmigrantes indocumentados para luego explotar su falta de estatus legal como una herramienta de control. Los trabajadores eran obligados a cumplir turnos de hasta 14 horas diarias, en jornadas de hasta siete días por semana. Las condiciones laborales incluían vigilancia constante mediante cámaras, abuso verbal y amenazas continuas de denunciarlos ante las autoridades migratorias en caso de que intentaran abandonar el empleo.

La situación se tornó especialmente violenta en algunos casos, como cuando Papantoniadis estranguló a uno de sus empleados al enterarse de que planeaba renunciar. La víctima, aterrorizada, huyó de la pizzería buscando refugio en el estacionamiento. En otro incidente, cuando un trabajador intentó escapar en su vehículo, el empresario lo persiguió por la carretera, generando una situación de peligro en la que incluso llegó a alertar a la policía para obligarlo a regresar a trabajar.

Las acciones de Papantoniadis fueron descritas por el fiscal federal interino Joshua Levy como un ejemplo de explotación laboral impulsada por la codicia. Levy enfatizó que este caso demuestra la gravedad de utilizar el miedo y la amenaza como herramientas de control en un ambiente laboral. El fiscal explicó a AP News que “el tráfico laboral explota a los vulnerables a través del miedo y la intimidación, todo en pos del dinero todopoderoso”.

El caso sirvió para enviar un mensaje contundente a aquellos empleadores que consideran el tráfico laboral como un método de lucro. Michael J. Krol, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, declaró que este tipo de explotación busca aprovecharse de los sectores más marginados de la sociedad. Además, aseguró que tanto su agencia como otras entidades federales trabajan activamente para defender los derechos laborales y asegurar que los empleadores que infringen la ley respondan ante la justicia.

Papantoniadis enfrenta la posibilidad de un nuevo juicio y una apelación, según indicó su abogado, quien sostuvo que la sentencia aplicada es excesiva y más adecuada para casos de trata de personas o servidumbre sexual. Sin embargo, las autoridades federales respaldaron la decisión judicial, argumentando que se trata de un castigo proporcional a la gravedad de los hechos y que la sentencia debe servir como advertencia a quienes pretendan actuar en la misma línea.

En Estados Unidos, la explotación laboral de inmigrantes indocumentados se convirtió en un problema creciente que afecta a diversos sectores. Este caso se suma a otros que buscan frenar el abuso contra quienes, debido a su situación migratoria, se ven obligados a aceptar condiciones laborales injustas y abusivas.

La condena de Papantoniadis también pone de relieve el papel de los empleados inmigrantes en la industria de alimentos y servicios, así como las condiciones de vulnerabilidad en las que muchos se encuentran. Las autoridades instaron a las personas que crean haber sido víctimas de abuso laboral a contactar con las agencias correspondientes, resaltando que los derechos laborales aplican a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.