A menos de 24 horas de que su proyecto para incluir a la educación obligatoria como servicio estratégico esencial se trate en la sesión de la Cámara baja, el diputado de Pro Alejandro Finocchiaro fue declarado persona no grata por la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la central obrera argumentaron que la iniciativa “contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho a huelga”. En diálogo con LA NACION, el diputado brindó su respuesta: “Pueden decir lo que quieran de mí cuando tengan la mitad de la tiza que yo tengo en mis manos”.

El proyecto de Finocchiaro busca declarar a la educación en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar como servicio estratégico esencial. El objetivo sería “garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”.

Al declararla un servicio esencial, se la incluiría en la Ley 25.877 de Régimen Laboral como uno de aquellos empleos donde, cuando surja un conflicto de trabajo, se deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Actualmente, los servicios esenciales son los sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas, y el control de tráfico aéreo.

Según el proyecto, para garantizar la apertura de todos los establecimientos educativos en días y horarios establecidos en el ciclo lectivo, se creará un sistema de guardias mínimas educativas. Si las medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente afectan al ciclo lectivo en uno o dos días, tendrá que haber un 30% del personal directivo, docente y no docente. Si dura tres días, será del 50%.

Dicha iniciativa presenta un fuerte gesto contra la CGT que, de sancionarse, debería permitir que las escuelas funcionen aun en contextos de paro nacional. Este año particularmente se vio protagonizado por el conflicto del Gobierno nacional con los gremios docentes y no docentes, que estalló cuando en febrero anunció que no enviaría el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y que las paritarias deberían ser administradas por cada provincia.

Además, el proyecto establece la modificación de la Ley de Educación Nacional y la definiría de la siguiente forma: “La educación es una prioridad nacional, un servicio estratégico esencial y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

El Secretario de Políticas Educativas de la central obrera, Sergio Romero, apuntó contra Finocchiaro en un comunicado: “El diputado debería ocuparse de presentar iniciativas que verdaderamente beneficien al sistema educativo, proyectos que eleven los por demás deprimidos salarios docentes que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mejoren la infraestructura escolar, garanticen la capacitación y formación en servicio, provean de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes o aumenten el presupuesto para educación”.

El comunicado incluyó a los sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente, es decir, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y Unión Docentes Argentinos (UDA). “El diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional y limita el derecho de huelga”.

Finocchiaro preside la comisión de Educación de la Cámara baja y su proyecto es uno de los temas centrales de la sesión para el oficialismo y el Pro. “Que vayan a trabajar para educar a los chicos”, le respondió el legislador a la CGT. Antes de ser diputado, Finocchiaro fue ministro de Educación entre 2017 y 2019 y, antes, fue director general de Cultura y Educación bonaerense y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad de Buenos Aires.

“Los sindicatos que conforman el Frente Gremial Docente de la CGT (AMET, CEA, SADOP Y UDA, cuyos Secretarios Generales son Sara García, Fabián Felman, Marina Jaureguiberry y Sergio Romero respectivamente, este último también Secretario de Políticas Educativas de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina) informaron que se declaró al Diputado Alejandro Finocchiaro como persona no grata en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras docentes. Finocchiaro, quien preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, acaba de pasar a recinto un proyecto de Ley que pretende declarar la educación como Servicio estratégico esencial.

El Secretario de Políticas Educativas de la C.G.T-R.A, Sergio Romero, manifestó que ‘el diputado Finocchiaro debería ocuparse de presentar iniciativas que verdaderamente beneficien el sistema educativo, proyectos que eleven los por demás deprimidos salarios docentes que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mejoren la infraestructura escolar, garanticen la capacitación y formación en servicio, provean de dispositivos tecnológicos a estudiantes y docentes o aumenten el presupuesto para educación...’ y continuó diciendo ‘...el diputado Finocchiaro tiene una mirada muy pequeña, ve el sistema educativo a través del ojo de una aguja. El Frente Gremial Docente de la CGT-RA realizará las medidas de acción necesarias para oponerse a este proyecto, ya que, contraviene la Constitución Nacional, y limita el derecho de huelga’”.