La carga impositiva sobre los habitantes y productores de la provincia de Buenos Aires se ha hecho sentir con fuerza notoria a lo largo de este último año. La incorporación de un adicional no previsto en el impuesto inmobiliario rural generó una muy justificada protesta. Si bien alcanza a partidas con una base imponible superior a 39 millones de pesos, las entidades rurales estiman que este adicional alcanza a un 35% del área agrícola de la provincia. El voraz afán recaudatorio provincial se ha manifestado también al suprimirse en 2024 los descuentos por buen contribuyente y los aplicados en los pagos por débito automático.

Todo esto determina que la carga nominal de gravámenes haya crecido muy por encima de la inflación. Así lo han manifestado con pedido de revisión al gobernador Axel Kicillof diversas entidades representativas del agro de las localidades de San Pedro, Pergamino, Rojas, Colón, Lincoln, Capitán Sarmiento, Areco, Arrecifes y Salto, entre otras. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió una declaración en la que califica de exorbitante el adicional del impuesto y advierte que “dicho incremento no se observa en mejor y mayor infraestructura y, menos aún, está en línea con la eficiencia del gasto necesaria para equilibrar las cuentas públicas”.

El antagonismo que alimenta las aspiraciones políticas de Kicillof tracciona por encima de la protección que debería garantizar a sus gobernados

La dureza fiscal de la provincia no ha tenido ningún rasgo de condescendencia en momentos de un fuerte ajuste macroeconómico impuesto por el gobierno nacional para vencer la inflación. Tampoco se ha considerado que los productores agropecuarios, sean particulares o empresas, están enfrentando las retenciones, además de innumerables impuestos que se suman al incremento por la recuperación de las tarifas de los servicios públicos.

Cuando la política macroeconómica del Gobierno comienza a mostrar resultados positivos, las actitudes rebeldes y los discursos reivindicativos son una mala receta para impulsar una carrera política

Kicillof no firmó el Pacto de Mayo y se ha expresado reiteradamente contra la política económica del gobierno nacional. Este antagonismo que alimenta sus aspiraciones políticas tracciona por encima de la protección que debería garantizar a sus gobernados. En momentos en que la política macroeconómica del gobierno nacional comienza a mostrar resultados positivos concretos, las actitudes rebeldes y los discursos reivindicativos son una mala receta para impulsar una carrera política. Es menos comprensible aún si quien actúa de esa forma es responsable de gobernar una provincia que comprende un tercio de la población y concentra a más del 40% de la economía del país. La memoria colectiva incorpora además la responsabilidad que le cabe al gobernador bonaerense, por gruesos errores cometidos cuando era funcionario nacional traducidos en enormes pasivos que los argentinos deberán solventar. Entre ellos, los 16.000 millones de dólares de la condena internacional por arrasar por una mera bravata las normas comprometidas en la expropiación del control de YPF. Debería Kicillof haber aprendido que el respeto a la seguridad jurídica finalmente rinde. También debe entender que el aumento de los impuestos desalienta la inversión y que, si es excesivo, puede incluso disminuir la recaudación que se propuso aumentar. De ahí que el único camino posible es el de reducir los gastos improductivos del gobierno provincial, que no son pocos.