Joelton Gusmão de Oliveira, un hombre de origen brasileño sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue detenido este miércoles en la estación de trenes de La Plata por un pedido de extradición del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. La justicia brasileña lo buscaba por su presunta participación en actividades relacionadas con los intentos de golpe de estado ocurridos el 8 de enero de 2023 en la capital del vecino país.

La detención la llevó adelante personal de la comisaría 2° de la ciudad bonaerense, que estaban haciendo una recorrida por las calles y observaron una “actitud sospechosa” en el ahora arrestado. Según consigna el portal 0221, el hombre estaba prófugo y fue capturado mientras intentaba renovar su documento migratorio.

“Al cursar los datos por el sistema de informática, la operadora de turno informa que sobre el ciudadano Gusmao recae un pedido de captura y detención y una solicitud de extradición por parte Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal”, dice el parte policial al que accedió LA NACION.

Frente a este escenario, lo detuvieron y lo trasladaron a la dependencia policial. En tanto, el Juzgado Nacional en lo criminal y correccional Federal avaló el accionar policial y pidió las actuaciones necesarias del caso.

En febrero de este año, el STF condenó a Oliveira y a su esposa, Alessandra Faria Rondon, a 17 años de prisión “por su participación en los actos antidemocráticos del 8 de enero del año pasado”, precisó el portal Mato Grosso. La pareja integra un grupo de 86 acusados - seguidores del expresidente Jair Bolsonaro- que ya fueron condenados.

De acuerdo al Diario do centro do mundo, el bolsonarista había huido a la Argentina tras ser condenado “por intento de golpe de Estado, daños calificados, deterioro de bienes, asociación criminal armada y abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”.

Hasta el momento, Brasil emitió 63 solicitudes de extradición a la Argentina, a fin de lograr el retorno de ciudadanos brasileños que, como Oliveira, enfrentan acusaciones por delitos graves, entre los que destacan actividades terroristas y violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo a las modificaciones implementadas por el gobierno de Javier Milei, las personas acusadas o condenadas por delitos graves, incluidos actos terroristas o violaciones de derechos humanos, ya no son elegibles para el estatus de refugiados en el país.

El cambio implica un obstáculo significativo para aquellos, como Oliveira, buscaron refugio en el país bajo el argumento de que “las acusaciones en su contra son de índole política y no criminal”. En tanto, familiares de Oliveira reclamaron que su captura “vulnera los principios del derecho de asilo, ya que consideran que él y otros prófugos son perseguidos por motivos políticos”.