MENDOZA.- El gobierno de la ciudad de Mendoza intimó al concejal de la Coalición Cívica-ARI Gustavo Gutiérrez a que devuelva más de 20 millones de pesos por estar percibiendo una “doble remuneración” prohibida por la ley. Lo acusan de cobrar una jubilación y la dieta como edil, y le reclaman que se quede con un solo ingreso. Gutiérrez dijo que se trata de una “apretada” política y adelantó que irá a la Justicia porque considera que la jubilación “no es un sueldo” y que no puede “renunciar a ella”.

Gutiérrez llegó al cargo por La Unión Mendocina (LAUM), la agrupación liderada por Omar de Marchi, y figura como el único integrante del bloque de la Coalición Cívica-ARI en el Concejo Deliberante de Mendoza. En 2003, fue candidato a vicepresidente de Carrió por el ARI y este mes posteó en X una foto con ella, a quien llama su “gran amiga”.

Esta disputa se da en medio de la polémica por las pensiones y jubilaciones de privilegio a nivel nacional.

“Esto es una apretada, una extorsión para bajar el humo de todo lo que expongo y a quienes expongo en el Consejo, donde me rompo trabajando a diferencia de otros que no van”, se defendió el edil, en diálogo con LA NACION. Gutiérrez dijo que no va a dar marcha atrás con su posición y que “lamentablemente” deberá ser la Justicia la que dirima la situación. Anunció que llegará hasta a la Suprema Corte de ser necesario.

Asimismo, en un comunicado que tituló: “Intimación y persecución política: un nuevo capítulo en la Ciudad de Mendoza”, el concejal acusó a las autoridades de la intendencia, en manos del radical Ulpiano Suárez, de querer callarlo por ser -afirmó- “el único concejal que se opone a la expoliación del contribuyente, la adicción al juego online, la declaración de Capital como zona liberada y otros flagelos que la ciudad enfrenta”.

De acuerdo con la información a la que accedió este diario, Gutiérrez percibe un haber jubilatorio que ronda los $800.000 mientras que la dieta de concejal supera $1,9 millones.

El concejal indicó que jamás mintió en su declaración jurada sino que en el formulario oficial no existe el casillero para marcar el haber común que percibe, ya que sólo aparecen las opciones para regímenes especiales, como jubilaciones de privilegio.

“Tiene que quedar en claro que la jubilación no es una remuneración, no es un sueldo, es un derecho: es la devolución de aportes de préstamos que uno hizo al Estado. Además, no renuncio a la jubilación porque no puedo: tengo 42 años de aportes y si dejo de cobrarla, me perjudica en el futuro, por las causas de reajuste, a la espera de los fallos que van saliendo en promedio cada cuatro años”, declaró.

Desde la comuna insisten que se trata de una superposición de ingresos del Estado que debe cesar, al tiempo que cuestionaron al edil por no haber informado, del modo que fuere, que percibía una jubilación cuando asumió la banca. La confirmación de que cobraba la jubilación llegó a la comuna como resultado de una consulta a la Anses.

La municipalidad emplazó a Gutiérrez para que decida qué haber seguirá percibiendo, basándose, principalmente, en la Ley 6.921. “Aquellas personas (...) que gozan de beneficios jubilatorios acordados y se encuentran prestando servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y/o cualquier otra repartición perteneciente a la administración pública, cesarán en sus funciones. Asimismo, en adelante, ninguna persona que goza de beneficios jubilatorios podrá desempeñar actividades/cargos rentados en el ámbito descrito”, señala el artículo 30 de la normativa. Basada en esta norma, una la resolución de Recursos Humanos del 12 de noviembre intima a Gutiérrez a que “suspenda el beneficio previsional que posee y proceda a la devolución de las sumas percibidas en concepto de remuneraciones efectivamente pagadas por la municipalidad desde que asumió en el cargo de concejal”. Gutiérrez tomó posesión del cargo en el Concejo Deliberante en noviembre del año pasado. La comuna busca que devuelva más de 20 millones de pesos.

Con mi gran amiga @elisacarrio

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Gutiérrez se mostró molesto, además, por la forma en que le llegó la intimación y de dónde provenía. Fue a través de un email de un director del departamento ejecutivo de Recursos Humanos y no del propio Consejo Deliberante. “Esto voy a judicializarlo porque además de haber un problema de constitucionalidad, hay conflicto de poderes y de régimen municipal”, remarcó el concejal, y aclaró: “No es un problema ético. De hecho, antes de asumir anulé contratos en el sector privado porque había incompatibilidad ética con mi tarea de concejal”.