ROSARIO.-El juez federal de Rosario Marcelo Bailaque será imputado este jueves por incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato en tres causas en las que está como protagonista. En una de ellas, por compartir contador con un narco, en otra por depositar en una financiera amiga fondos de una cooperativa intervenida, y en la tercera por sospechas de connivencia con aduaneros en casos de contrabando.

Una de esas causas -la que activó esta serie de investigaciones, fue la revelación que hizo LA NACION el 11 de junio acerca de que el contador del magistrado Gabriel Mizzau, había firmado los balances de las empresas del jefe narco Lindo Esteban Alvarado, encarcelado. Además, Sebastián Mizzau, hijo del profesional, se desempeñaba en el juzgado federal que investigaba al narcotraficante.

La audiencia de imputación, que se realizará este jueves, a las 11, tendrá impacto en el Consejo de la Magistratura, donde se investiga el desempeño de Bailaque en la causa Alvarado.

Se presume que el juez federal tardó casi tres años en iniciar una investigación sobre el narcotraficante, cuando la propia Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le entregó informes sobre las actividades criminales de este narco, que está actualmente preso en el penal de Ezeiza.

Gabriel Mizzau era contador de Bailaque y, a su vez, firmó los balances de las empresas Logística Santino y Sagrado Corazón de María. Esas dos firmas, según comprobó la Justicia, eran de Alvarado, quien había puesto como testaferros a parientes, entre ellos, a su esposa Rosa Capuano.

El propio Bailaque describió, cuando procesó a Alvarado en 2019, que las firmas Toia y Logística Santino “están vinculadas a Alvarado, quien de hecho resulta ser quien las dirige”.

El magistrado federal participó como instructor en el caso por el cual Alvarado fue condenado como organizador de un transporte de 493 kilos de marihuana detectado en General Roca, en la provincia de Río Negro en 2017. En el expediente que él controló aparece Mizzau, su propio contador, que firma los balances contables de las empresas de Alvarado.

La investigación que se abrió contra Bailaque en la justicia federal de Rosario es inédita. Está a cargo de los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra y Juan Argibay Molina. El impacto de la revelación que hizo LA NACION provocó que los funcionarios del Ministerio Público se pusieran a hurgar en casos “llamativos” en los que había intervenido el magistrado, en los que había cierta oscuridad.

Uno de esos casos, es el que tiene como coprotagonista al financista Fernando Whpei, quien es “amigo” del magistrado. Según los registros de Migraciones, viajó con Bailaque al exterior en abril pasado. Al parecer, la relación de este financista va más allá de una simple amistad.

Fernando Whpei y su hermano Guillermo pretendían quedarse con el manejo de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, que estaba intervenida, luego de la causa que se inició contra el histórico cacique que manejaba la estiba de todos los puertos agroexportadores Herme Juárez, conocido como Vino Caliente. Es una caja millonaria.

Los miembros de la cooperativa, por fuera de Vino Caliente, pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 1.000.000 de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una financiera que pertenecía al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Fernando y Guillermo Wphei, ambos financistas de Rosario, dueños de medios periodísticos y del llamado Museo de la Democracia.

En la recusación, los miembros de la cooperativa de estibadores señalaron que tuvieron una conversación con Fernando Whpei en el Museo de la Democracia, en la que les dijo que era amigo del juez Bailaque y que ofrecía tomar el dinero de la cooperativa porque reportaría mejor interés. El dinero había sido transferido al Grupo Unión y al Banco Coinag.

“Fernando Whpei les informó que tenía muy buena relación con el juez Bailaque, jactándose de una estrecha amistad y confianza de muchos años, que habría ofrecido ayudarlos con la normalización de la cooperativa a raíz de su relación con el magistrado y que les iba a facilitar el proceso de regularización de la entidad. Sostuvieron que para lograr ese objetivo Whpei les manifestó que uno de sus abogados sería designado interventor de la cooperativa”, señala la recusación presentada por los estibadores.

Bailaque rechazó la recusación al argumentar que la inversión, es decir el manejo de los fondos por parte de la mutual a cargo de Whpei, decidida por la intervención de la cooperativa, había sido buena y que los fondos estaban protegidos. Pagaban una tasa de interés más alta que los bancos.

La camarista federal Elida Vidal mantuvo el caso en manos de Bailaque, aunque después un fallo de la Cámara Nacional de Casación ordenó -con argumentos lapidarios de Angela Ledesma- revisar el caso. Lo tomó el camarista Fernando Barbará, quien consultó a Bailaque si era como decían los estibadores denunciantes amigo personal de Fernando Whpei. El magistrado respondió: “Nunca negué que somos amigos”.

El fiscal federal Federico Reynares Solari acusará este jueves a Bailaque que no expuso su admitida relación con el financista Fernando Whpei cuando era relevante que lo hiciera: en el momento en que los gremialistas denunciaban que por ese vínculo no podía ser el juez que dispusiera los destinos de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Lo que aparece como trasfondo es que los financistas guionaron la causa para beneficiarse. Y que en esa trama fue clave la relación de “amistad” que tenían con el magistrado.

Hay otra causa que se sumará a esta investigación, que tiene que ver con un expediente que inició Bailaque a partir de un anónimo contra otro financista Claudio Iglesias. Por este caso fueron allanadas la semana pasada las sedes de la exAFIP y la Aduana. Uno de los apuntados es el ex titular de la AFIP Carlos Andrés Vaudagna.

Este funcionario apareció inesperadamente en 2021 ante los investigadores de una causa por estafa en el fuero provincial contra Vicentin para justificar que eran de él unos 200.000 dólares secuestrados en una caja de seguridad bancaria de un hijo del exdirectivo de agroexportadora Omar Scarell. Se comprobó que para el exdirectivo de Vicentin evitara ser investigado por lavado de dinero intentó generar un falso documento que justificara ese dinero.

Vaudagna reconoció que el dinero encontrado en la caja fuerte de Scarell eran suyos. Un fiscal provincial que estuvo suspendido y terminó por renunciar a su cargo hace cinco meses, Mariano Ríos, le concedió a Vaudagna una probation que consistió en dar clases en un colegio y una multa. El delito que le atribuyó fue el de falsedad ideológica de una escritura.

Al enterarse, el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum reclamó la invalidez de esa salida, de la que tomó conocimiento por un medio de prensa el 11 de noviembre de 2021. Se secuestró el teléfono de Vaudagna. Y ese aparato es el que complica a Bailaque.

El fiscal de la Procelac investiga si en el pasado Vaudagna actuó en una red de funcionarios públicos, donde estaba Bailaque, para intervenir en situaciones de favorecimientos a fuertes contribuyentes que se encontraban en problemas penales. Y también en sintonía con funcionarios de la Aduana. La investigación apunta a que abrieron una causa contra el financista Iglesias con el objetivo de perjudicarlo en su carrera dentro de la compañía de seguros San Cristóbal.