En medio de la investigación a grupos piqueteros por extorsionar a beneficiarios de planes sociales, el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta aseguró que durante el gobierno de Alberto Fernández ya habían recibido denuncias por el tema. También le envió un mensaje al presidente Javier Milei por las auditorías: “Que esta no sea una excusa para dejar de asistir”.

“Tomamos decisiones de gestión, a nosotros nos pasaban estas cosas. Asumimos el 19 de agosto de 2021 y el 21 tuvimos la primera marcha. Y ahí empezamos a ver estas cosas con un movimiento social. Nos contaba la gente que les pedían plata todos los meses del Potenciar Trabajo, que los obligaban a subir al colectivo”, reveló el también exintendente de Hurlingham en diálogo con Radio Continental.

En ese sentido, Zabaleta dijo que se realizó una auditoría y apuntó contra los extorsionadores. “El que le vende mercadería al pobre o el que le saca plata es un hijo de puta, no es gente normal. Eso llevó un día a que digamos, bueno, hay 1.200.000 titulares de Potenciar Trabajo, bien se sabe que tenían que complementar cuatro horas de trabajo por día en cooperativas o en unidades de gestión o fábricas. Nosotros decidimos abrir la opción de que cada uno eligiera dónde quería trabajar. Tuvimos casi 200.000 pedidos de traslado de titulares a otros lugares”, contó luego.

En ese sentido, agregó: “Empezamos a ordenar y cuidar a quien recibía la ayuda del Estado, que se sentía estafado y apretado. La mayoría elegía sus municipios, cambiaba de organización social, y estos hijos de puta hoy salen a la luz pero deben haber denuncias por doquier”.

En otro tramo de la entrevista, Zabaleta admitió que sus decisiones generaron tensiones dentro de la cartera de Desarrollo Social, ya que en aquel entonces había una facción de piqueteros oficialistas, dominados por el Movimiento Evita que conduce Emilio Pérsico. “Empezamos a hacer una auditoría y eso generó tensión. Cuando vos gobernás tenés responsabilidades y tomás decisiones a pesar de que genere tensiones. Era ir tomando medidas para cuidar a la persona que cobraba porque lo necesitaba, no se puede cobrar la mercadería. Lo que apareció ahora son las denuncias que estaban hace muchos años de gestión, hay que generar políticas de asistencia del Estado sin intermediarios, que no aparezca nadie más en el medio. En todos lados hay hijos de puta, sacalos, limpiá la organización. Milei me parece que también vio el problema: si hay un tipo que mete la mano, cortásela, que vaya en cana”, enunció el exministro.

Luego, le envió una advertencia a la administración libertaria con respecto a la asistencia a comedores y a beneficiarios de planes sociales. “Está la Justicia actuando, sin tanto show”, pidió. “Hay que auditar y contarle a la gente a dónde van los recursos, pero que esta no sea una excusa para dejar de asistir. Hay millones que son pobres, no dejemos de asistir. No utilicemos excusas. Asistan y generen políticas que acompañen a aquellos que la están pasando mal”, sostuvo.

“Mientras esto siga su curso, hay que aprovechar para generar acompañamiento y abordaje integral en políticas sociales que vinculen el Estado directamente al beneficiario. Hay una banda de ladrones que no merece análisis. Cuando llegamos al Ministerio y nos pedían alimentos secos les pedíamos la rendición. Si no hay rendición, no hay alimentos”, cerró Zabaleta.

La justicia federal investiga a dirigentes que gestionaron dinero público destinado a planes sociales y comedores comunitarios y están acusados de haber extorsionado a quienes cobraban los planes y asistían a los comedores que ellos manejaban. Se trata de un caso de altísimo impacto político porque la sospecha de los investigadores -que el Gobierno da por hecho- es que era una práctica generalizada y sistemática, aunque hasta ahora, en concreto, están imputados tres grupos de personas (28 acusados en total) que administraban cinco comedores, todos en la ciudad de Buenos Aires: tres del Polo Obrero, uno de Barrios de Pie y uno del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

Se giraron además decenas de denuncias a otros 44 departamentos judiciales de distintos puntos del país. El origen de la investigación, que instruyen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, son llamadas anónimas recibidas en la línea 134, que el Ministerio de Seguridad habilitó en diciembre pasado para recibir denuncias de quienes hubieran sido amenazados para marchar contra el Gobierno.

La prueba central son cinco testimonios de beneficiarios de planes sociales que declararon en la Justicia y dijeron que los dirigentes de las agrupaciones y los comedores a los que cada uno pertenecía les exigían, si querían mantener el Plan Potencial Trabajo, el aporte de una determinada suma de dinero y asistir a las movilizaciones que hacía la organización. También relataron que había que cumplir con determinados requisitos para acceder al comedor y a los bolsones de alimentos, que consistían en marchar o pagar sumas de dinero. Los cinco aportaron, además, el historial de los chats de WhatsApp de las agrupaciones a las que cada uno estaba vinculado donde se hacía expresa mención a la obligación de concurrir a las movilizaciones, a las sanciones por no asistir y a la necesidad de justificar las inasistencias con certificados. Otra prueba central, además de los testimonios y los chats, fueron las escuchas telefónicas a los acusados que ordenó el juzgado.