El Senado de la Nación advirtió que el programa Jóvenes y Memoria, aplicado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en las escuelas de la provincia, puede constituir una herramienta de “adoctrinamiento” a los estudiantes secundarios, por brindar “información incompleta, sesgada o negada, como ocurre en regímenes autoritarios, en los que se pretende anular o reducir el pensamiento crítico”.

Las severas críticas fueron formuladas por el Observatorio de Derechos Humanos de la Cámara alta, creado en 2013 y dirigido por Claudia Rucci, a través de una serie de recomendaciones enviadas al gobernador. El organismo transmitió su preocupación por “la clara ausencia del período 1973-1976 y el accionar de las organizaciones armadas que atacaron la democracia” en los contenidos ofrecidos en las escuelas.

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La hija del líder metalúrgico José Ignacio Rucci, asesinado en septiembre de 1973, dos días después del triunfo electoral de Juan Domingo Perón, fue designada al frente del organismo por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El Observatorio cuestiona la implementación de la 23ª. edición del Programa Jóvenes y Memoria, dirigido al millón y medio de estudiantes secundarios de la provincia, por considerar que la información brindada no es “completa, verdadera y verificable, con lo cual se afecta la capacidad de discernimiento y el pensamiento crítico de los alumnos”.

Cuestiona con énfasis “el ejercicio de la memoria de los jóvenes estudiantes respecto a una etapa dolorosa de nuestro pasado reciente, excluyendo una parte en la que hubo muchos argentinos que vieron violados derechos fundamentales a su vida, su libertad y su seguridad”.

“Especialmente cuando los victimarios fueron, en su gran mayoría, jóvenes a los que se había convencido de que -aún en plena democracia- era válido robar, asesinar, secuestrar o poner bombas si el motivo que lo impulsaba era una “causa justa”, añade el documento, en sintonía con preocupaciones expresadas por la vicepresidenta Villarruel en distintos debates sobre la violencia de los años 70.

El Programa Jóvenes y Memoria, cuya directora es la funcionaria María Elena Saravi, es coordinado desde 2002 por la Comisión Provincial por la Memoria, que propone a los equipos de trabajo de escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia elaborar un proyecto de investigación sobre “las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia”.

El Observatorio considera que el contenido de esta propuesta incumple la Convención sobre los Derechos de niños, niñas y adolescentes adoptado por Naciones Unidas, y recalca que “la información brindada a los adolescentes en el nivel secundario debería ser completa, verdadera, verificable, simple y relevante”.

“De otro modo –insiste el organismo del Senado-, se correría el riesgo de que dicha información se encuentre más emparentada con el adoctrinamiento, con la idea de inculcar de forma acrítica en el educando determinadas ideas o creencias por intermedio de información incompleta, sesgada y/o negada, como ocurre en regímenes autoritarios en los que se pretende anular o reducir el pensamiento crítico”.

“Aprendizajes dolorosos”

También cuestiona que en la convocatoria a los estudiantes se afirma que “los años 90 fueron los tiempos en que se aprendió dolorosamente que también es posible votar gobiernos que atenten contra los intereses de las grandes mayorías”.

El programa impulsado por el gobierno de Kicillof caracteriza la gestión presidencial de de Carlos Menem como “el momento del neoliberalismo, cuando se privatizó el Estado, el mercado se impuso como el ordenador del mundo y la única forma de salvarse parecía ser solo y contra los demás”.

A la mirada sesgada del pasado, el programa bonaerense suma “claras definiciones políticas” sobre la situación actual, describe el Observatorio. Señala, por ejemplo, los siguientes párrafos:

“El presente es complejo y difícil. Hemos atravesado otros tiempos de promesas neoliberales; el país fue endeudado y nuevamente empobrecido mientras esas promesas de felicidad se disolvían en el aire.”“El futuro aparece incierto. Este desasosiego colectivo y la falta de proyectos de garantía de derechos para las grandes mayorías llevan al descontento con la propia democracia.”“Son el caldo de cultivo de la emergencia de expresiones políticas autoritarias y fascistas que pretenden tirar por la borda todas las conquistas de más de un siglo de luchas populares.”

El Observatorio de Derechos Humanos del Senado expresa su preocupación por la “información parcial” que transmite el programa bonaerense y advierte sobre llamativas ausencias.

Así, el organismo del Senado que responde a la impronta de Villarruel recuerda que “hace poco más de medio siglo hubo jóvenes que decidieron que la lucha armada era una herramienta adecuada en democracia para transformar una realidad que no aceptaban”. Y menciona que “para recuperar derechos e igualdad, constituyeron en algunos casos organizaciones político-militares y en otros verdaderos ejércitos para atacar a instituciones del Estado (Fuerzas Armadas y de seguridad), secuestrando o asesinando policías, militares, empresarios, dirigentes gremiales y políticos, trabajadores e incluso niños de corta edad”.

Recomendaciones

El Observatorio recomienda al gobernador Kicillof no excluir del concepto “pasado reciente” la gestión democrática 1973-1976: gobiernos de Héctor Cámpora, Raúl Lastiri, Juan Domingo Perón e Isabel Martínez de Perón”. Entiende que la incorporación de este período “permitiría incluir información de suma utilidad para los educandos”.

También llama a evitar las interpretaciones sesgadas y/o parciales que surgen en definiciones como las siguientes: “se trata de pensar la democracia como la historia de las luchas de las mayorías contra la desigualdad, por más derechos, y oportunidades para todes (sic)” y “pensar y ejercer la democracia como un territorio de disputas “.

Asimismo, recomienda abstenerse de expresiones como las referidas a los años 90. El Observatorio se pregunta “¿cómo podrían los jóvenes estudiantes acceder a un conocimiento más preciso si se evita mencionar el notable apoyo que muchas de estas medidas tuvieron en las cámaras legislativas?”.

Sugiere incluir en los temas de investigación otras “vulneraciones de derechos humanos básicos”, como la corrupción en el manejo de los recursos estatales, por “las nefastas consecuencias que provoca en los ciudadanos el hecho de que -mediante delitos- se resten recursos que deberían ser utilizados para promover y mejorar el derecho a la salud, la educación, la seguridad y la justicia”.

Del mismo modo, recomienda abordar las problemáticas de la inseguridad y los “modelos antidemocráticos en América Latina”.