LA HAYA.- La Corte Internacional de Justicia afirmó el viernes que la ocupación israelí de Cisjordania y Jerusalén Este viola el derecho internacional e instó a ponerle fin “lo más rápidamente posible”, la primera vez que el más alto tribunal del mundo expone su postura sobre una cuestión que fue objeto de debates y resoluciones en las Naciones Unidas durante décadas.

El tribunal emitió una opinión consultiva que, aunque no es vinculante, tiene autoridad y peso jurídico. Es poco probable que no modifique la política israelí, pero podría afectar a la opinión internacional.

La corte “determinó que la continua presencia de Israel en los territorios palestinos es ilegal”, declaró Nawaf Salam, el magistrado que preside el tribunal, tras un caso sin precedentes en el que medio centenar de países brindaron testimonio.

”Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, y el régimen asociado a ellos, se han establecido y se mantienen en violación del derecho internacional”, dijo Salam, al leer las conclusiones de un panel de 15 jueces en el Palacio de la Paz de La Haya.

En un fragmento de la opinión, dijo que el panel había determinado que “la transferencia por parte de Israel de colonos a Cisjordania y Jerusalén, así como el mantenimiento de su presencia por parte de Israel, es contrario al artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra”. El tribunal también observó con “grave preocupación” que la política de asentamientos de Israel se ha ido expandiendo.

La Corte Internacional de Justicia añadió que Israel ha abusado de su condición de potencia ocupante en Cisjordania y Jerusalén oriental al llevar a cabo políticas de anexión de territorio, imposición de control permanente y construcción de asentamientos.

Sostuvo que tales actos hacen que “la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado sea ilegal”, y añadió que la presencia israelí debe terminar lo más “rápidamente posible”.

El tribunal concluyó además que el uso de los recursos naturales por parte de Israel era “inconsistente” con sus obligaciones bajo el derecho internacional como potencia ocupante.

El pronunciamiento del viernes fue objeto de gran atención debido a la guerra de Gaza, que comenzó hace más de nueve meses, y a un caso de genocidio presentado ante el mismo tribunal por Sudáfrica contra Israel en diciembre por su conducta en la guerra.

En enero, el tribunal ordenó a Israel que contuviera sus ataques en Gaza, y en mayo ordenó al país que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza.

El caso tiene su origen en una petición de la Asamblea General de la ONU de 2022, anterior al actual conflicto entre Israel y Hamas. La Asamblea de la ONU pidió al tribunal que evaluara las consecuencias jurídicas de la “prolongada ocupación, colonización y anexión” por Israel de territorios palestinos, incluido Jerusalén Este, y de las políticas gubernamentales israelíes asociadas.

Israel considera que Cisjordania es un territorio en disputa y quiere que su futuro estatus se decida en negociaciones. En las últimas décadas ha permitido que cientos de miles de judíos se establezcan allí. Israel se ha anexionado Jerusalén Este en una medida que no obtuvo un amplio reconocimiento internacional.

El tribunal celebró audiencias en febrero en el Palacio de la Paz. Israel no compareció en esa sesión, pero presentó un escrito en el que rechazaba la validez del proceso por considerarlo sesgado. El ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, declaró ante el tribunal que Israel había sometido a los palestinos a décadas de discriminación, dejándoles la elección entre “el desplazamiento, el sometimiento o la muerte”.

A lo largo de varios días, representantes de más de 50 países, un número inusualmente alto para el tribunal, intervinieron en las audiencias. La mayoría se puso del lado de los representantes palestinos. Sin embargo, algunos oradores del tribunal, como los de Estados Unidos, Gran Bretaña y Hungría, entre los aliados tradicionales de Israel, se pusieron de parte del estado hebreo.

Un funcionario del Departamento de Estado estadounidense argumentó ante el tribunal que las políticas de Israel hacia los palestinos estaban determinadas por sus “necesidades de seguridad muy reales”.

Uno de los puntos centrales del caso del viernes fue la política israelí de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, así como la tolerancia del gobierno ante las violentas apropiaciones de tierras por parte de colonos judíos.

Todos los gobiernos israelíes han permitido algún tipo de construcción israelí en los territorios, pero el gobierno de Netanyahu ha ampliado los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Agencias AP, AFP y diario The New York Times