CORRIENTES.- En Corrientes nadie es ajeno al tembladeral policial, judicial, social y político que provocó la desaparición de Loan Peña, hace ya 36 días. Pero lo que empezó como la búsqueda de un menor perdido en un campo, en el marco de una comida familiar, fue derivando por varios caminos sin que hasta el día de hoy haya una hipótesis firme acerca de su paradero. Esta situación impactó primero en la policía, luego en la Justicia y en paralelo en el gobierno provincial, que se defiende mostrando lo hecho, ejecutando cambios, anunciando acciones futuras, y denunciando la intromisión de intereses oscuros que buscan no solo desestabilizarlo, sino además granjearse favores electorales de cara a lo que viene: el recambio gubernamental previsto para el año próximo.

El mandatario correntino fue directo al referirse ayer al tema, en una conferencia de prensa: “Tratan de desestabilizar al gobierno”, dijo Gustavo Valdés, que un día antes había desplazado a la cúpula policial, a pocos días de aceptar la renuncia del ministro de Seguridad.

“No vamos a permitir que en la provincia de Corrientes desaparezca ni un solo niño, porque cuando desaparece un niño nosotros vamos a poner todo el empeño del Estado porque eso en la provincia es inadmisible. Tampoco es admisible que nosotros tengamos miserias políticas que hoy estamos escuchando y viendo azorados los correntinos tratando de desestabilizar al gobierno”, aseguró el gobernador.

Y agregó: “Sin dudas esto es un aprovechamiento político de los que pretenden lastimar al gobierno en vista de las próximas elecciones. Nosotros sabemos perfectamente quienes son los caranchos, en donde están, de dónde provienen los ataques y vamos a decirlo sin ninguna duda, quédense tranquilos porque pretenden adelantar las elecciones, tratando de mancillar al gobierno de Corrientes”, indicó.

Todo empezó con la desaparición de Loan. De inmediato se activó una búsqueda familiar, luego comunitaria, pero cuando apareció la policía surgieron dudas y denuncias que pusieron la lupa sobre el accionar de la fuerza y de la justicia provincial, encargada de la investigación. Allí reside el primer vínculo del caso con la política, por la propia acción de instituciones que dependen del andamiaje provincial. Pero no sólo eso, porque a los pocos días cobró aliento una especie de señalamiento múltiple: primero contra el comisario Walter Maciel, luego detenido. Contra María Victoria Caillava, funcionaria municipal en Nueve de Julio, exonerada de ese cargo y más tarde detenida. Y contra el accionar del primer fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo.

Tal situación agregó dudas al tiempo que hizo crecer la desconfianza social, azuzada por declaraciones en vaivén de los implicados que, además de desviar la investigación -como dicen muchos de los vecinos e incluso los familiares de Loan-, generaron el descontento de la población que empezó a salir a las calles. Se multiplicaron las marchas pidiendo justicia y una reacción inmediata del gobierno.

El ministro del área durante los primeros doce días de la investigación, Buenaventura Duarte, nunca supo cubrir las demandas sociales y terminó siendo un lastre político, lo cual, sumado a otras cuestiones de gestión interna, desembocaron en su salida.

A Duarte lo echaron del gobierno y el lunes pasado asumió en ese lugar Alfredo Vallejos, un abogado que venía desempeñándose como diputado nacional por el radicalismo. Al asumir dijo evaluar una batería de cambios en la cúpula policial, que se cumplieron en estos días con la designación del comisario general Miguel Ángel Leguizamón como nuevo jefe de la Policía de Corrientes, y del comisario general Walter Darío Aceval como nuevo subjefe de la fuerza provincial.

La ciudadanía parece pedir celeridad en los cambios. El gobierno, en tanto, dice que prefiere hacer bien, antes que rápido, aunque aceleró en las últimas horas.

El tema partió de un lugar complicado, cuando el 29 de junio, al promediar la mañana, el gobernador Gustavo Valdés escribió un mensaje en su cuenta de X, motorizado según dijo por la angustia, en la que de mínima dio por válida la declaración de Laudelina Peña que ante una fiscalía provincial dijo que a Loan lo mataron en un accidente.

Además de desvanecerse esa cuestión, producto de posteriores declaraciones y del reconocimiento de la mentira por parte de la propia Laudelina, apareció en escena otro asunto que sirvió para apuntar contra el gobierno. Primero la apertura de una fiscalía ajena al caso, porque las actuaciones ya estaban en el fuero federal, pero después, la mención de Laudelina y de Macarena, su hija, de que la declaración del accidente se hizo bajo amenaza de muerte. Bajo una supuesta amenaza del abogado de la mujer, José Fernández Codazzi, a quien acompañó, dicen, el senador provincial Diego Pellegrini.

El legislador tiene una relación política innegable con el primer mandatario. Viene de una larga militancia en la UCR. Pasó por la Juventud Radical, fue diputado y ahora ocupa una banca en la Cámara alta, aunque en el medio tuvo otras fichas partidarias, muy propio de la cantidad de sellos con los que se hace política en Corrientes.

El asunto es que Pellegrini fue llamado a declarar. Puede no hacerlo, dado que tiene fueros, pero la sola mención de su nombre sirvió para que muchos actores sociales, políticos y mediáticos hablaran nuevamente, con más fuerza, de la intromisión de la política en un caso judicial como el de Loan, de una complejidad cada vez mayor.

Senadores peronistas aprovecharon la situación y emitieron un comunicado. Querían hacerlo como proyecto e ingresarlo a la Legislatura, dicen, pero al final se decidieron por una sugerencia pública.

A través de un comunicado firmado por los senadores José Aragón, Celeste Ascua y Martín Barrionuevo, requirieron “al senador provincial Diego Martín Pellegrini que comparezca ante la Justicia Federal, preste testimonio y colaboración activa en la causa”, y a la vez que “todos los integrantes de la Cámara de Senadores del Provincia, contribuyamos, personal e institucionalmente para alcanzar la verdad y la justicia en el caso Loan”.

Mientras tanto, se espera una resolución del Senado o del propio Pellegrini. Su declaración echará luz o deslindará responsabilidades. En el gobierno dicen que el senador debe decir lo que pasó y nada más. Si estuvo o no, si coaccionó o no, o en todo caso, que la justicia determine si incurrió en un delito y le haga caer el peso de la ley.

Este asunto, lejos de encapsularse, escaló en los últimos días, porque además de Pellegrini estaría en la mira, según trascendió, Rafael Miranda, colaborador estrecho del gobernador Valdés, a quien señalarían como facilitador del traslado de Laudelina Peña en la fiscalía de Gustavo Roubineau. Si fuera cierta esa participación -que en principio no figura en las declaraciones de la tía de Loan y de su hija Macarena-, Valdés quedaría en una delicada posición.

Ante la gravedad del trascendido, el gobierno correntino emitió un comunicado donde afirma “que Rafael Miranda, quien oficia de secretario del gobernador Gustavo Valdés, no es la persona que trasladó a Laudelina Peña y tampoco tiene algún tipo de vinculación con la causa del chico Loan”.

“Yo conozco a Miranda. Me consta que quiere declarar lo antes posible y luego, formular las denuncias que correspondan porque no puede ser que cualquiera mencione a cualquiera, que mientan sin consecuencias”, dijo a LA NACION el nuevo ministro de Seguridad, Alfredo Vallejos.

Esta mañana, en conferencia de prensa, Valdés volvió sobre el caso: “No tiene absolutamente nada que ver”, dijo. Y culpó a los caranchos.

“¿Cuál sería el interés por el cual ahora la provincia debe estar bajo sospecha, investigada?”, se pregunta el gobernador. “¿Quién tiene el poder para levantar a la familia de la mesa de imputados y sentar al gobierno provincial?”

La desaparición de Loan ha generado una gran movilización social en Argentina, con múltiples marchas y protestas exigiendo justicia y medidas más efectivas contra la trata de personas. Anoche se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías federales frente al juzgado de Goya.