El gobierno nacional disolvió este miércoles una unidad especial dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) dedicada a la investigación de la desaparición de niños por el terrorismo de Estado.

Lo hizo a través del decreto 727/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, que derogó un decreto del año 2004 en el que se creaba la “unidad especial de investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, en el ámbito de la mencionada Conadi.

“Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos y afecta la división de poderes”, justificaron.

Según precisaron en los considerandos de la medida firmada por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Poder Ejecutivo creó esta unidad y le otorgó a un órgano de la administración nacional facultades de investigación. “Le otorgó acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.

Aunque en el decreto se considera que estas facultades se crearon por iniciativa para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales, el Gobierno consideró que “violenta” el régimen constitucional.

“No tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal”, insistieron.

No obstante, aclararon que si bien “resulta esencial la investigación judicial de los hechos” para conocer en qué circunstancias ocurrieron y esclarecer la verdad a la familias de las víctimas, así como el castigo de los responsables y la adopción de medidas preventivas para evitar la repetición de dichas violaciones, corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante dicha investigación y orientar al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial.

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, donde funcionaba estaba unidad, fue creada en 1992, es el organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).

Entre sus principales tareas, se encarga de impulsar la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, durante la última dictadura cívico-militar a fin de determinar su paradero y restituir su identidad; e interviene en toda situación en que se vea lesionado el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes.