El Gobierno denunció ante la justicia federal que casi la mitad de los comedores comunitarios para personas de escasos recursos que fueron financiados por el Estado durante la gestión de Alberto Fernández no pudieron ser auditados. No existen o sus direcciones no se corresponden con un centro de asistencia social, a tal punto que uno de ellos tiene declarado que funcionaba donde, en realidad, hay un country.

La denuncia judicial fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a través de la Subsecretaría Legal, y tras el sorteo, el caso recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, juez candidateado por el Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia.

El Gobierno señaló que los hechos denunciados podrían constituir los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude al Estado y abuso de autoridad.

La información puesta en conocimiento de la Justicia surgió de una auditoría del Ministerio de Capital Humano sobre el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, creado el 8 de enero de 2020, informó el Gobierno.

El mecanismo para recibir dinero del Estado implicaba que los comedores debían inscribirse, luego había que validar esa inscripción y por último, se los matriculaba por dos años. Para seguir recibiendo alimentos, debían revalidar esa matrícula, o no podían seguir siendo beneficiarios.

El Gobierno auditó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom) tras comprobar que la gestión anterior “no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería”, según informó oficialmente la cartera de acción social.

Los comedores y los merenderos del Renacom gestionan alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales. “La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, dice el escrito judicial que presentó el ministerio.

La auditoría pudo relevar, de la totalidad de los comedores, solo la mitad (52,3%). El restante 47,7% no pudieron controlarse debido a que 32% no funciona más como tal; en 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores o merenderos) y en casi 16%, de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor o merendero, según señala la información oficial del Ministerio.

“Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto” y “Luz y Esperanza”, son algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados.

Otro ejemplo de la ausencia de control es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”. Cuando se intentó constatar su existencia, en el lugar declarado se encontró un barrio privado. Otro caso informado por el Ministerio es el de “Sol de Barrio”, donde no fue posible localizar la dirección y los vecinos dijeron que allí nunca funcionó un comedor.

En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente y al realizar la inspección ocular, resultó que no existían.