Como aquel 18 de diciembre de 2017, recordado por las 14 toneladas de piedras. el miércoles último la Argentina se deslizó por el túnel del tiempo de la violencia contra las instituciones. Pero esta vez, al final de ese tortuoso y oscuro pasadizo, encontró la luz. Al igual que aquella vez, cuando el gobierno de Mauricio Macri intentaba tratar una reforma jubilatoria en el Congreso, el kirchnerismo buscó valerse de los graves disturbios callejeros promovidos por delincuentes para frenar la sesión en la que se discutía la Ley Bases propiciada por Javier Milei. El recurso con el cual en 2017 logró su cometido, en esta oportunidad, mostró su ineficacia. La sesión legislativa continuó y, tras largas horas de debate, el proyecto de ley terminó siendo aprobado, sin que los senadores kirchneristas y sus violentos aliados tácticos de la izquierda pudiesen invadir el campo de juego antes de que la vicepresidenta Victoria Villarruel ejecutara el tiro penal decisivo que desempató la votación.

Milei puede respirar tranquilo. Muy probablemente tendrá su primera ley antes del 9 de julio, luego de su convalidación final por la Cámara de Diputados. Aunque deberá tomar nota de algunos detalles. La aprobación de la Ley Bases en el Senado dejó al descubierto los errores estratégicos iniciales de la gestión presidencial. Quedó tras la sanción en evidencia que el Presidente pecó originalmente de ambicioso e inflexible, y que la intransigencia es incompatible con la debilidad parlamentaria del oficialismo. Casi seis meses debieron pasar para que el primer mandatario advirtiera su equivocación inicial. Es cierto que el Congreso le debía al Poder Ejecutivo una ley que le permitiera contar con herramientas para llevar a la práctica algunas de las políticas que fueron votadas por la mayoría de los votantes. Pero esto solo fue posible por la buena voluntad de un dialoguista sector de la oposición y por la capacidad negociadora de un puñado de hombres encabezados por el flamante jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La mejor semana de Milei desde que llegó a la Casa Rosada se complementó con el acuerdo con China para la renovación del swap por unos 5000 millones de dólares, con la favorable revisión del programa económico por parte del FMI y por el descenso de la inflación al 4,2% en mayo, que pese a representar la más alta del mundo fue la más baja desde enero de 2022.

Sin embargo, lo más importante desde el punto de vista simbólico, aunque parezca una paradoja, fue lo ocurrido en la calle. Pasó por el rotundo fracaso de una conjura para forzar la caída de una sesión parlamentaria. Impedir que uno de los tres poderes haga su trabajo configura un golpe institucional, al que se añaden la comisión de atentados contra la población civil, como el sufrido por el periodista de Cadena 3, Orlando Morales, y el empleo de bombas molotov, lanzas incendiarias –¿un homenaje al tristemente célebre “gordo del mortero” de 2017?– y hasta granadas. No eran manifestantes, eran terroristas.

La frustrada maniobra del kirchnerismo solo reforzó el miedo al pasado

La frustrada maniobra del kirchnerismo tendiente a obturar el debate de la Ley Bases y de los activistas callejeros para sembrar el caos no hizo más que reforzar el miedo al pasado en la porción más blanda y volátil del 55,6% del electorado que apoyó a Milei en el balotaje de noviembre último, según interpretan distintos analistas de opinión pública. Ayudó también a acrecentar el relieve de la victoria parlamentaria de una fuerza política que apenas cuenta con siete senadores sobre 72. Milei aprobó así su más desafiante test de gobernabilidad.

La Ley Bases se ha demorado bastante más de lo que la economía del país lo demandaba. En el zigzagueante camino hacia su aprobación en el Senado, el Gobierno debió resignarse a aceptar muchas modificaciones al texto original a fin de salvar el proyecto. Entre otras cosas, se dejó de lado del plan de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a la Radio y Televisión Argentina. Del mismo modo, se acordó darle continuidad a aquellas obras públicas que presentasen un avance del 80% o que cuenten con financiamiento internacional asegurado. Finalmente, por la conjunción de distintos sectores de la oposición, el Senado volteó enteras las reformas de los impuestos a las ganancias y a los bienes personales, una cuestión que el oficialismo buscará revertir cuando el proyecto vuelva a ser tratado en la Cámara de Diputados.

Algunos observadores, como Alejandro Catterberg, creen que la aprobación parlamentaria no fue tan importante por lo que logró como por el desastre político que evitó. Los vaivenes del mercado financiero y del riesgo país, que volvió a descender tras la sanción del Senado, parecen dar cuenta de que al mundo inversor no le preocupa tanto hacia dónde nos conduce Milei como hacia dónde se dirigirá el país si Milei fracasa.

Pero aun con los cambios sufridos, la ley puede ser el punto de partida para una serie de reformas estructurales de peso. En tal sentido, las privatizaciones proyectadas implicarían menor gasto público y menor déficit fiscal; el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) podría atraer capitales en las actividades petrolera y minera, y la reforma laboral aportaría algo de seguridad jurídica y un aligeramiento de los costos para generar empleo formal en el sector privado.

Guillermo Francos ha venido a representar lo que el Gobierno puede hacer. Consciente de que la política es el arte de lo posible, refleja aquello de lo que el Presidente adolece: la flexibilidad indispensable para la gestión política de la acción gubernamental. Es probable, sin embargo, que quien mejor represente lo que Milei quiere hacer sea Federico Sturzenegger.

Al exponer en el seminario internacional “El renacer de la libertad en la Argentina y el mundo”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso y el Instituto Cato, Sturzenegger planteó la necesidad de desarmar la maraña de intereses que denominó “el triángulo de las Bermudas”, formado por “la corporación empresaria, la corporación sindical y el partido peronista, con sus distintos nombres y pieles”. Los caracterizó como “agentes bloqueantes del cambio” y enfatizó que “el peronismo es el gestor de las castas, el verdadero partido conservador de la Argentina”. Con ese discurso, el inspirador del megadecreto 70/2023 se prepara para aterrizar en el gabinete y liderar la etapa de instrumentación de las reformas estructurales que surgen de la Ley Bases y las desregulaciones impuestas en el citado decreto.

La llegada de Sturzenegger al Gobierno, en un puesto ministerial aún no definido oficialmente, supone otro desafío por los viejos rencores que lo separan del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien en los últimos días dejó atrás su perfil identificado absolutamente con lo técnico para incursionar en el terreno político.

En sintonía con el lenguaje del Presidente, quien tiene claro que la moderación ha pasado de moda porque la confrontación da más votos, Caputo denunció que “la oposición tiene un único objetivo, que es tratar de voltear a este gobierno” y enfatizó que “ellos están acá para que nos vaya mal”.

Otra declaración del ministro de Economía dio que hablar. Sostuvo que “siempre la economía estuvo supeditada a la política y esta es la primera vez que la economía manda sobre la política”. Su frase llamó la atención de muchos. Como si lo hubiera escuchado, tres días después de esa opinión de Caputo, desde Bari, donde expuso ante el G-7, el papa Francisco dijo que “ciertamente, para muchos la política es una mala palabra” y que “a esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología”, antes de preguntarse si puede funcionar el mundo sin política y afirmar: “Nuestra respuesta es ¡no! ¡La política sirve!”. Pareció otro tiro por elevación del Sumo Pontífice dirigido a Milei, que se sumó al encuentro, con foto incluida, que días antes mantuvo Francisco con sindicalistas del sector aeronáutico, en un gesto que fue leído como un apoyo a la continuidad de Aerolíneas Argentinas bajo la esfera del Estado, en momentos en que se debatía su posible privatización.

Los gestos papales pueden admitir distintas interpretaciones y tal vez generen menos inquietud que el hecho de que el cántico “La patria no se vende” se haya escuchado recientemente en iglesias. Es cierto que un Presidente debe velar por evitar la espiral del odio y que el rencor sea el combustible de la vida política. Pero nadie puede pedirle que invite a tomar el té a los más genuinos representantes de la corrupción y los espurios privilegios corporativos y del Estado.