La restitución del impuesto a las Ganancias y de la reforma al gravamen sobre Bienes Personales, ambas rechazadas por el Senado, se convirtieron en un objetivo prioritario del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en sus negociaciones con la Cámara de Diputados. Las dos iniciativas están contenidas dentro del paquete de reformas fiscales y, de no ser aprobadas, se vería seriamente afectada la recaudación potencial que el ministro de Economía, Luis Caputo, espera obtener este mismo año para sostener el equilibrio fiscal.

En efecto, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la restitución de Ganancias –que alcanzaría a los sueldos mayores a $1,8 millones de trabajadores solteros y $2,2 millones de casados con dos hijos- redundaría en un aumento de la recaudación en 0,5 del PIB (de los cuales 0,19 va al Tesoro). Por el contrario, en el caso de Bienes Personales el Gobierno propone una reducción en los alcances del tributo –con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas- con un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete de reformas fiscales.

“Si no se aprueba el nuevo régimen de Bienes Personales el blanqueo que quiere instrumentar el Gobierno este mismo año queda rengo. Se le caería una fuente de recaudación clave para llegar bien a fin de año”, deslizan fuentes legislativas.

En el oficialismo son optimistas y confían en que la Cámara de Diputados replicará la mayoría que obtuvo en la media sanción de ambas iniciativas. En el impuesto a los Bienes Personales la diferencia entre quienes se pronunciaron a favor y en contra del impuesto son 36 votos, una cuesta arriba demasiado empinada para sus detractores.

En Ganancias, en tanto, la diferencia fue más ajustada: 19 votos. Fue la votación más reñida de todo el paquete fiscal. El tablero arrojó 132 a favor, 113 en contra, 4 abstenciones y 7 ausencias. El oficialismo cree que finalmente se impondrá la restitución del impuesto, aunque admiten que la brecha podría ser menor.

Entre los bloques dialoguistas hay quienes, como el diputado Miguel Pichetto, que coinciden con este pronóstico, pero otros, como el jefe del bloque radical Rodrigo De Loredo, que tienen sus dudas. Sabe que en su bancada hay legisladores a los que les resultaría demasiado costoso en términos políticos y electorales votar por segunda vez la restitución de un impuesto que va a impactar de lleno en los bolsillos de la clase media asalariada.

“Los diputados que responden a sus gobernadores no tienen ese dilema, porque al final la provincia se vería beneficiada con un aumento en la coparticipación si se aprueba. Pero hay diputados que no solo no tienen compromisos con su gobernador sino que, en muchos casos, éste es su adversario político en la provincia. Son los que se preguntan por qué deberían beneficiarlo con su voto a favor y ser ellos los que paguen el costo político ante su electorado”, explican en la bancada radical.

Las encuestas de opinión alimentan las dudas de estos legisladores. La consultora Opina Argentina, de Facundo Nejamkis, dio a conocer esta semana los resultados de un sondeo realizado en todo el país sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal. Si bien la mayoría de los encuestados indicaron que el Congreso debería darle al presidente Javier Milei las herramientas para gestionar, la restitución del impuesto a las Ganancias cosechó un 57% de rechazo, incluso entre votantes libertarios.

A varios diputados dialoguistas les genera cierto fastidio tener que poner la cara para aprobar un impuesto como Ganancias mientras los gobernadores y el propio presidente Javier Milei, los principales interesados, se hacen los desentendidos.

“Sería importante que los mandatarios provinciales expresen a viva voz que necesitan el impuesto a las Ganancias; hay que generar masa crítica porque, de lo contrario, todo el peso va a recaer sobre la Cámara de Diputados –alecciona Pichetto, jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal-. Los gobernadores tienen que admitir, al igual que el presidente Milei, que fue poco razonable haberle seguido el juego a Sergio Massa (excandidato presidencial de Unión por la Patria) al eliminar el impuesto en plena campaña.”

Margarita Stolbizer, diputada del bloque que preside Pichetto, coincide. Ella votó a favor de restituir el impuesto a las Ganancias y volverá a hacerlo en la sesión del próximo jueves 27, cuando la Cámara de Diputados defina qué modificaciones que incorporó el Senado en el paquete fiscal finalmente aceptará y cuáles no. La mayoría de la Coalición Cívica también votaría a favor.

“Vamos a ayudar al Gobierno y al presidente Milei a enmendar el mal camino que tomó en la campaña electoral, cuando derogó el impuesto a las Ganancias –acicatea Stolbizer-. Lo haremos porque creemos que es uno de los impuestos más progresivos que tiene el sistema pero, además, porque la recaudación bien podría destinarse a financiar la nueva movilidad jubilatoria que aprobamos en la Cámara de Diputados y que seguramente el Senado hará ley”.

Respecto de Bienes Personales, si la Cámara de Diputados no insiste en la versión que aprobó en abril pasado –que va en línea con el proyecto del Gobierno-, más contribuyentes quedarán alcanzados por el impuesto. En efecto, la propuesta oficial disponía un aumento del mínimo no imponible actual de $27 millones a $100 millones, al tiempo que establece una reducción de alícuotas a un rango que va del 0,5% a 1,5% (hoy es del 1,75%).

El Gobierno, sin embargo, no pensó este esquema solo con fines altruistas sino, fundamentalmente, para hacer más atractiva su propuesta de blanqueo de capitales. En efecto, la propuesta oficialista incluye un régimen especial que permite a los contribuyentes la posibilidad de pagar por anticipado el tributo de cinco ejercicios fiscales a tasa preferencial (0,45%) y congelando su patrimonio. Además, promete estabilidad fiscal hasta 2038.

No solo eso: este régimen permite ingresar a quienes blanqueen sus bienes no declarados, ofreciéndoles una tasa un 20% superior a la que se aplicaría al resto de los contribuyentes. En palabras del senador Martín Lousteau, toda una estratagema fiscal y tributaria pensada por el Gobierno al servicio de “los más ricos de los ricos” de nuestro país.